En la carambola legislativa a varias bandas que intenta ejecutar el Gobierno nacional este fin de año, con una batería de proyectos y reformas ideados para modificar sustancialmente el statu quo económico del país, la modificación de las fórmulas de coparticipación es la bola blanca, el motor que empuja a todas las otras partes para que cambien de posición y se ubiquen en otro lugar del paño, facilitando la maniobra. Todo se remite a la fórmula mágica que prometen desde la Casa Rosada para lograr, en un solo movimiento, dar un golpe de efecto en el Conurbano de Buenos Aires, virtual talón de Aquiles del proyecto hegemónico oficialista, fortaleciendo a la gobernadora María Eugenia Vidal en los bastiones más caros al peronismo; resetear el vínculo con el resto de las provincias, y anotarse un punto en la columna del Gobierno con la solución de un problema que desde hace quince años todos ven pero nadie sabe cómo resolver.
“Si arreglamos con los gobernadores, lo demás va a salir”, asegura un funcionario del Gobierno nacional, optimista con el horizonte de negociaciones, a pesar de que el diálogo con los mandatarios provinciales es más arduo de lo que imaginaban en Balcarce 50. Es que no todos ellos están convencidos de los beneficios del nuevo esquema, y hay varios puntos que siguen inciertos, al menos hasta el cierre de esta edición. Las novedades se amontonan en cuestión de horas. El miércoles, los gobernadores se reunían para acordar una posición común. El jueves tenían su segundo cara a cara con el Presidente; el primero no había terminado bien. En la Rosada prometían tener listo un borrador del proyecto de reforma tributaria para ingresar en el Congreso este mismo viernes. Quieren tratarlo en sesiones extraordinarias durante diciembre. En Nueva York, Mauricio Macri les prometió a empresarios que la ley estaría antes de fin de año.
Vidal, con otros gobernadores. La mandataria bonaerense viene pulseando para mejorar la coparticipación en su provincia.
Un poco de historia: el Fondo de Reparación Histórica del Conurbano era un viejo anhelo de Antonio Cafiero que se plasmó en 1992, durante la presidencia de Carlos Menem. Había sido una condición impuesta por Eduardo Duhalde para ser candidato a gobernador de Buenos Aires en 1991. Establecía que una cuota de los ingresos federales coparticipables con las provincias debían destinarse a la obra pública del área más densamente poblada del país, que históricamente había recibido a la migración interna y arrastraba, desde hacía décadas, un fuerte déficit de infraestructura, y adjudicaba a este programa un diez por ciento de lo recaudado por Impuesto a las Ganancias. El resto de las provincias se dividiría el excedente de esa parte de la recaudación de acuerdo con la fórmula de coparticipación.
Pero otra ley, la 24.621, sancionada por el Congreso el 27 de diciembre de 1995 y promulgada el 3 de enero de 1996, estableció un tope de 650 millones de pesos (en esa época equivalentes a dólares) por año. Con la devaluación y la inflación de la última década, el monto se fue licuando, así como también el porcentaje que representaba en la torta coparticipable. Santa Fe recibió este año siete veces más que la provincia de Buenos Aires. Tierra del Fuego, una vez y media más. Ese desequilibrio afectó a todos los gobernadores desde 2000 hasta la fecha. En palabras del actual ministro de Economía, Hernán Lacunza, los condenó a “administrar la miseria”.
Junto a Lorenzetti. La semana pasada visitó al presidente de la Corte para reclamar por el Fondo del Conurbano.
El litigio por estos recursos que inició la provincia ante la Corte Suprema de Justicia fue una de las pinzas de una maniobra para obligar a los gobernadores del interior a discutir el tema, el policía malo. La reducción de los subsidios al transporte y a los servicios públicos, que se volcaba mayormente en el Conurbano y servía para paliar el desequilibrio, fue otro argumento, policía bueno. Por una cláusula constitucional, modificar la fórmula en la que se reparten los recursos requiere no solo una aprobación con mayorías especiales en el Congreso de la Nación sino que debe ser ratificada por cada una de las legislaturas provinciales, un trámite sumamente improbable. Para saltear este requisito, el Gobierno propone ceder el veinte por ciento que hoy le corresponde a la Anses y pagar la deuda retroactiva con fondos del Tesoro. Según diversas estimaciones, las provincias del interior acabarían perdiendo alrededor de un cinco por ciento; Buenos Aires aumentaría su recaudación arriba de un treinta. “Todos tienen que ceder un poco”, dijo el Presidente al presentar su plan de reformas.
Detrás de esta maniobra no está solamente el deber moral de compensar una injusticia largamente acallada, sino que hay un fin político: el de hacer pie en el Conurbano bonaerense, particularmente en los sectores en los que hoy se refugia el peronismo, para terminar de transformar políticamente ese territorio, donde hoy, en los ojos de los armadores oficialistas, reside la llave de un proyecto “de dos décadas”. La gobernadora ya anunció que la mayor parte de los ingresos que le lleguen por este acuerdo (en principio, unos 40 mil millones de pesos acordados con Nación tras un teatral regateo) será invertida en un plan de obra pública inédito. Eso, también, pesa en la balanza de algunos gobernadores opositores a la hora de poner el gancho en este acuerdo. Nunca pensaron que esta sería la manera en la que se volvería real el sueño del viejo Cafiero.
