En entrevista con Noticias Urbanas, el vicepresidente de la Federación de Comercio e Industria de la Ciudad de Buenos Aires (Fecoba), Vicente Lourenzo, ofrece sus apreciaciones sobre la venta ilegal, a la que liga directamente con la ocupación –también ilegal– del espacio público a través de los que se conocen como manteros, puesteros y meseteros
¿Es verdad la denuncia de que en 2014 se dio un fuerte aumento de la venta ilegal en las calles?
–Nosotros, desde Fecoba y CAME, venimos haciendo relevamientos sobre la ocupación de los espacios públicos a través de la venta ilegal. Esto lo venimos haciendo desde 2010, y desde ese momento hasta la fecha estamos viendo un crecimiento exponencial de lo que para nosotros es una venta ilegal. Para nosotros, venta ilegal es lo que se referencia en la ocupación ilegal del espacio público a través de los que se denominan manteros, puesteros y meseteros. Tienen varios nombres, porque cuando el mantero empieza a tener un crecimiento y ya tiene una ocupación consolidada de un espacio público, la manta se convierte en una mesita, por lo que pasan a ser “meseteros”. Esto ocurre especialmente en el barrio de Once, sobre la avenida Pueyrredón, donde dejan fijo su puesto, su ocupación ilegal, y ponen una mesita o una estructura de hierro. En enero de 2014, junto con la fiscal Verónica Guagnino en un día domingo, se hizo un operativo y se sacaron esas estructuras de madera y metálicas. Ella arrasó con todo eso, junto con el Gobierno de la Ciudad. Fue un operativo que quedó trunco, porque ahora estamos viendo en esa zona un efecto bumerán, porque no solamente no disminuyó la venta ilegal, sino que se duplicó.
–Fue un fracaso, en pocas palabras.
–Lo que no se debe hacer es avanzar para después retroceder. Esto significa que el Estado es débil y, por lo tanto, el mensaje es que en la calle vale todo. La otra forma de venta ilegal es la réplica de La Salada, las llamadas “saladitas”. Se les llama así porque reproducen la forma de venta instalada en Lomas de Zamora. Esto lo hacen en grandes predios, donde se ubican 100 o 150 puestos precarios de un metro por uno o por dos, colocan tablones fácilmente desmontables, sin instalaciones antiincendio, ni salidas de emergencia, ni montaje eléctrico seguro. No tienen nada. En un salón pelado se ponen 60 o 70 puestos.
–¿Qué comercian?
–De todo. El rubro más afectado es indumentaria, pero la variedad ha crecido mucho. Para analizar el impacto hay que ver qué tipo de fiesta está más próxima. Cuando llega el Día del Niño hay más juguetes. Para el Día del Padre habrá más artículos para hombres que para mujeres, y en el Día de la Madre será al revés. Los distintos tipos de fechas potencian determinados tipos de venta. Cada vez que una saladita es visitada por un grupo de inspectores, a estos les es muy difícil el control, porque rotan. En un día levantan un requerimiento y al día siguiente, cuando vuelven, hay un puesto diferente, con gente diferente, que manifiesta no saber de qué les están hablando los funcionarios. Esto es lo que dificulta el control de las saladitas por parte de los organismos de control y de recaudación.
–¿Usted piensa que hay alguna complicidad con empleados del Estado? Se lo digo porque si un inspector regresa y no encuentra al puestero que visitó la vez anterior, lo mismo puede tomar medidas. Por ejemplo, pedir habilitación, que es algo elemental.
–Contestando concretamente a su pregunta, desde CAME pensamos que hay complicidad estatal en el control y en la erradicación de la venta ilegal. No hay forma de que esta funcione si no hay complicidad estatal nacional, provincial y municipal, policíaca y no policíaca. Acá tiene que haber complicidad para que este fenómeno haya crecido como creció.
–Si bien el fenómeno es complejo, ¿cuáles son las medidas básicas que se piensa en CAME y Fecoba que se deberían tomar? Ante todo, existe un origen de la mercadería…
–Lo que exigimos, ante todo, es voluntad política. Esto se resuelve con decisión política. La decisión política, a través de todos los mecanismos de inteligencia que tiene el Estado, permitiría saber enseguida de dónde viene la mercadería, quién la provee y quién explota a esta gente. Nosotros vemos que, bajo el paraguas de la crisis social, existen personas que son explotadas y esclavizadas. En horas tempranas de la mañana se encuentran en la avenida Pueyrredón y la avenida Avellaneda, por ejemplo, furgonetas de las que bajan 30 o 40 personas argentinas y extranjeras, que se despliegan en determinados puntos. Enseguida viene una persona que les tira la manta y les pone la mercadería. Al final, les toman un inventario de lo que vendieron y se puede ver la transacción de dinero en público. Esas personas que están en la calle son solamente vendedores. Con solo dos o tres cámaras se podría tener el control de todo. De dónde vienen, a quién le venden, a quién coimean y adónde se llevan después la mercadería.
–Existe la teoría de que una crisis económica generó un fuerte desempleo y que este tipo de venta es una salida laboral para mucha gente.
–Sí, existe un seudosindicato que pretende representar a toda esta gente, que dice que existe una crisis social y que necesitan trabajar. La realidad es que nosotros queremos que ellos trabajen, pero no ocupando el espacio público ni generando un delito. Si no, vamos a justificar al motochorro de La Boca, que salió a robar porque ese día era la fiesta de cumpleaños de su hijo. Si hacemos eso vamos hacia una anarquía de Estado y sería muy complicado de resolver después.
–¿Existe preocupación de las autoridades o ustedes sienten que los dejaron solos?
–Yo creo que están equivocando el diagnóstico del problema. No hay un político que firme una resolución que vaya en contra de gente que teóricamente esté trabajando. No hay ningún político que hoy se atreva a pedir el desalojo de la avenida Avellaneda. Hace poco hubo un incidente en esta calle, en la que un comerciante coreano discutió con una mantera de origen extranjero, su mujer embarazada salió a discutir también y se produjo una trifulca en la que la señora perdió el bebé. Si esto sigue, algún día vamos a lamentar un muerto y todo va a empeorar.
–¿Venden los manteros y los saladitos las mismas cosas que venden ustedes en sus negocios?
–Sí, totalmente. Hay algunos sectores de indumentaria que ya no se los puede trabajar. Es el sector medio-bajo. Por ejemplo, yo puedo conseguir un jogging de verano de mediano precio, de mediana calidad, se lo compro a mi proveedor, que me da una factura y yo lo pongo en mi estantería a un buen precio, póngale 150 pesos. El mantero lo compra a 70 pesos y lo vende a 90 pesos. Yo no puedo competir, y lo retiro de la venta porque no quiero que el cliente piense que yo soy un delincuente.
–¿Ellos compiten sin pagar impuestos?
–Claro, yo tengo que pensar bien si el día de mañana no me voy a poner también en la calle a vender. Yo, como comerciante, soy pasible de que me vengan a inspeccionar, de que me vengan a clausurar, de que me vengan a controlar a la gente. En cambio en la calle se trabaja con total impunidad.
–¿Crece el negocio de las saladitas?
–Mire, en 2010 se detectaron 23 de esos negocios en la Ciudad de Buenos Aires. En diciembre de 2014 ya superaban las 120, y nosotros tenemos las direcciones de las 120, no es un cálculo al voleo. Hay comerciantes de primera y comerciantes de segunda, ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda. Si el Estado permite que yo en la avenida Avellaneda deba caminar por la calle porque la vereda está ocupada, yo soy un ciudadano de segunda. ¿Por qué en Puerto Madero no hay un solo mantero ni una sola saladita? ¿Por qué hay ciudadanos de primera que en Puerto Madero no deben soportar tener que caminar por la calle porque le ocuparon la vereda y en Once tengo que convivir con una mafia?