Los cuadernos les quitan el sueño a todos

Los cuadernos les quitan el sueño a todos

Crece la preocupación entre empresarios y el Gobierno, al que el proceso puede convertírsele en un búmeran.


Varias decenas de miles de personas protagonizaron, esta semana, la manifestación de apoyo a Cambiemos más numerosa de su breve historia. Reunidos en Buenos Aires frente al Congreso de la Nación y en varias plazas de varias ciudades del país, la modesta y homogénea multitud, convocada a través de las redes por algunos cuadros orgánicos y no orgánicos del oficialismo, no daba su apoyo al plan económico ni pedía más acuerdos con el FMI, sino que reclamaba a los senadores que removieran los fueros de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner para que pueda ser juzgada por corrupción. Si hay un punto de unión entre la denuncia que investigan Claudio Bonadio y Carlos Stornelli a partir de las copias de los cuadernos del chofer Oscar Centeno y la causa Lava Jato, que desde hace casi un lustro lleva adelante el juez Sérgio Moro en Brasil, es que en ambos casos tuvieron como efecto casi inmediato una sordina al debate público, acallado por el ruido apabullante de la afiebrada sucesión de noticias, reales o de las otras, que un proceso como este necesita para mantenerse en las pantallas día tras día.

Es que se trata de un tema que, con honrosas excepciones, no se discute. Se enuncia, se sospecha, se denuncia, se horroriza, se ataca, se defiende, se duda, se cree, no se cree, se escandaliza, se naturaliza, se relativiza, se repite, se distorsiona, se celebra o se lamenta, pero rara vez se habilita una discusión de fondo sobre sus causas, sus consecuencias o sus protagonistas que ayude a encauzar un proceso de importancia institucional difícilmente soslayable por una vía que resulte productiva para la sociedad y el sistema político. Debería encontrarse un camino medio entre los pactos de impunidad y las razias parajudiciales, pero nadie parece interesado en recorrer esa distancia. Yegua. Gato. Flan. Ruido de fondo para una puesta en escena basada en hechos reales, una especie de reality show a escala nacional, con cámaras encendidas las veinticuatro horas, nominados, confesionario, ganadores y perdedores.

En los últimos veinte días pusimos en cuestión, como nunca antes quizás, nuestro verosímiles. La trama se desenvolvió sin el menor cuidado por los detalles. Leemos y escuchamos como ciertas versiones parciales, a veces contradictorias entre sí. Sumidos en un poroso secreto de sumario, los títulos validan, sin suspicacia, la versión que el juez o el fiscal filtran a ciertos periodistas y medios de comunicación de la declaración de los imputados. Como en la Cenicienta, vemos ante nuestros ojos calabazas convertidas en carruajes, estanterías en bóvedas, bolsos en fortunas, cuadernos en fotocopias, delaciones en condenas y servicios de inteligencia en inocentes testigos. Las concienzudas investigaciones se olvidan de algunos nombres por días o semanas, hasta que el guión indica que deben entrar en escena: pasó con Ángelo Calcaterra y con Paolo Rocca. Es válido preguntarse si Mauricio Macri espera entre bambalinas.

En el Gobierno nadie duerme tranquilo desde que se conocieron los cuadernos. Si en un comienzo alguien creyó que este era el golpe de gracia para el tercio que acompaña a Cristina Fernández de Kirchner en cualquier emprendimiento electoral, las encuestas desmintieron esa presunción rápidamente. La corrupción, que reemplazó a la economía en el showtime digital, no logra el mismo éxito a la hora de medir las preocupaciones cotidianas del ciudadano común, según los mismos sondeos. La estrategia oficial de combatir con un mensaje moral los cuestionamientos políticos y económicos tiene poco oxígeno: las empresas del Presidente ya están involucradas en la causa a partir del testimonio de Carlos Wagner y, aunque negocie personalmente con Stornelli para que su inevitable salida a escena llegue recién después de las elecciones del año que viene, hay factores que ya escapan a su control.

Por ejemplo: muchos empresarios involucrados en la investigación están enojados con Macri. Algunos, por viejas cuitas del mundo de los negocios. La mayoría, sin embargo, tiene un motivo más fresco de resquemor. Le recriminan al mandatario no haber garantizado el secreto fiscal respecto a la adhesión al último blanqueo fiscal, promovido por este Gobierno, y del que participaron las principales fortunas del país (incluyendo la presidencial, pero eso es tema para otra nota), según reveló oportunamente el periodista Horacio Verbitsky y nadie desmintió. El problema es que los hombres de negocios, apurados en la carrera de delatores que propuso Bonadio, consultaron su estrategia con abogados penales pero no llegaron a discutirla con los comerciales. Resulta que las confesiones que habilitan la figura de imputado arrepentido pueden tirar por tierra aquella operatoria por la que pasaron miles de millones de dólares, hecha bajo declaración jurada de que el dinero blanqueado no tenía un origen delictivo. En la práctica, podrían perder todo el dinero y verse sometidos a nuevos inconvenientes judiciales. Gracias, Mauricio.

El Presidente, para peor, tiene poco para ofrecer a cambio: se encuentra en su momento de mayor debilidad política. Perdió el control de la economía, tercerizada voluntariamente en el Fondo Monetario Internacional; los resultados no le dieron un respiro. Tampoco tiene el manejo del Congreso y le cuesta conseguir mayorías que poco tiempo atrás le resultaban sencillas. La aprobación del Presupuesto 2019 está en duda. La interna entre Marcos Peña y el tándem Horacio Rodríguez Larreta-María Eugenia Vidal afloja los cimientos de la gobernabilidad. Aunque intenta transmitir calma en sus apariciones públicas, Macri confiesa sus preocupaciones en encuentros a puertas cerradas. Redobla el consumo de encuestas, pero no encuentra ninguna que le muestre lo que él quiere ver. En esta situación, corre un peligro que puede ser fatal: si cae en la tentación de tomar del monopolio de la fuerza legítima el músculo que no le da su gestión, la precariedad del entramado social va a “espiralizarse”. La sociedad argentina no acepta gratuitamente que la violencia institucional invada su vida cotidiana.

Mientras tanto, CFK muestra que, a pesar de todo, conserva su muñeca política: utilizó el pedido de Bonadio al Senado de que apruebe el allanamiento a sus domicilios para marcarle la cancha a Miguel Pichetto, su rival en la pelea por sumar a las facciones peronistas del interior a un armado electoral el año próximo. Al aceptar las pesquisas judiciales evitó una votación costosa para ella y para aquellos senadores y gobernadores que la apoyaron la semana pasada, hoy más propensos a tejer alianzas con ella que con el peronismo disidente, a pesar de todo. El escenario en la Cámara alta ante el pedido de desafuero que tarde o temprano llegará desde Comodoro Py resulta todavía incierto. Pichetto, que nunca votará a favor antes de una condena firme, articula, sin embargo, por debajo del mantel, el esfuerzo de los que sí lo harán. Por ahora no cuenta con los números, pero tiene luz verde de la Casa Rosada para ir por ellos.

Existe un diálogo constante entre la expresidenta y Lula da Silva, condenado en una dudosa causa subsidiaria del Lava Jato, que desde la cárcel encabeza los sondeos de opinión para las elecciones de este año. Una diferencia no menor entre ambos casos: el ex mandatario brasileño tiene fallos adversos en dos instancias, lo que complica su candidatura en el terreno legal a partir de una ley de hoja limpia dictada durante el gobierno de Dilma Rousseff. Su postulación será impugnada y deberá resolverse en el Tribunal Superior de Justicia. Fernández de Kirchner, en tanto, difícilmente reciba una condena que la inhabilite a ocupar cargos públicos antes de los comicios de 2019. El antecedente de Carlos Menem, según la jurisprudencia de la Corte Suprema, le despeja ese camino. Otra diferencia no menor: Lula fue apresado en Brasil recién después de que se resolvió el juicio oral, la apelación y un recurso ante el máximo tribunal de ese país. En la Argentina, podría bastar con la mera voluntad de un juez en primera instancia para que la candidata más popular a la Presidencia tenga que hacer su campaña entre rejas. Total normalidad.

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