Dos legisladores porteños de la Coalición Cívica se autodenunciaron ante la justicia para “dilucidar la posible recepción de dinero, dádivas y/o favores” para aprobar la ley local que permite instalar bares en plazas y paseos públicos porteños.
Se trata de los diputados de la Ciudad Paula Oliveto Lago y Maximiliano Ferraro, quienes pidieron que se los investigue ante la eventualidad de que hubieran recibido algún tipo de beneficio espurio “para emitir su voto a favor de la propuesta vinculada al ‘Régimen Regulatorio de las Áreas de Servicios en los espacios verdes de la ciudad’”, más conocido como “ley de bares”.
Los legisladores del PRO celebraron un acuerdo con los de UNEN, coalición que integran los diputados porteños que se autodenunciaron ante el juzgado federal número nueve, a cargo del magistrado Luis Rodríguez.
No obstante, la causa podría cambiar rápidamente de juez, ya que el fiscal federal Federico Delgado consideró que “no se vio afectado ningún interés federal” y además, “los Diputados denunciantes pertenecen al ámbito de la Ciudad de Buenos Aires”. El fiscal consideró que hay razones para impulsar una investigación, pero que debe ser otro juez, de otro fuero, quien la lleve a cabo.
Delgado se pronunció por “declarar la incompetencia en razón de la materia para seguir entendiendo en las presentes actuaciones y en consecuencia remitirlas a la sala de sorteos de la Cámara Nacional en lo Criminal y Correccional de esta ciudad, a efectos de que sortee el Juzgado que deberá iniciar la investigación”.
