Para explicar algunas conductas humanas que se muestran bajo todo punto de vista injustificables sirve como guía una aseveración del padre del psicoanálisis, Sigmund Freud, quien sostenía que “todo acto, hasta el que se vuelve en contra de uno, se sostiene en un beneficio secundario”. El razonamiento sirve para entender por qué una persona puede llevar adelante acciones que a todas luces lo perjudicarán. Siempre el protagonista tiene un argumento que lo convenza de que a pesar de esa mala movida las consecuencias futuras de ella le serán provechosas.
Lo intrincado de este razonamiento podría explicar las responsabilidades de los exfuncionarios macristas del área de Habilitaciones involucrados en la tragedia ocurrida el 10 de septiembre de 2010, cuando el derrumbe de un semipiso del boliche Beara, ubicado en Scalabrini Ortiz al 1600, ocasionó la muerte de dos personas y dejó 14 heridos. Pero la tragedia no venía sola. Las irregularidades que existían en la construcción y posterior habilitación del local de Palermo no eran las únicas. Beara no era la excepción, sino el caso que confirma la regla.
En los últimos tres años, murieron en la Ciudad 10 personas y 42 resultaron heridas a causa de derrumbes. Los últimos tres episodios se produjeron el último año, lo que indica que el área de Habilitaciones del macrismo, a pesar de los cambios de funcionarios, mantiene las mismas irregularidades. La gravedad de que esto ocurra en Habilitaciones consiste en que están en juego las vidas de los vecinos de la Ciudad.
“Habilitaciones históricamente funcionó como una caja de recaudación política, pero en los últimos décadas el descontrol se hizo tan grande que si uno ponía plata podía habilitar hasta un baño como boliche bailable. Eso salió a la luz pública de la peor manera en el incendio de Cromañón, que les costó la vida a 194 personas. El gobierno de Macri tampoco le encontró la vuelta al asunto y los funcionarios a cargo del área a veces actuaban como si defendieran los intereses de los inescrupulosos que para ahorrar dinero construyen sin ningún tipo de reglas de seguridad, en vez de actuar como los encargados de hacer que la ley se cumpla. Luego está el tema de los inspectores, que viene desde la época radical, cuando todos tenían sus kiosquitos y lo único que exigían para una habilitación era el retorno. Pero el macrismo le sumó una pata bastante jodida, que es la relación de ciertos empresarios de la construcción con funcionarios amigos que se hicieron el veranito a caballo del boom de la construcción inmobiliaria en la Capital Federal”, le rebeló a Noticias Urbanas un ingeniero que durante un tiempo se desempeñó como asesor en el área de Habilitaciones.
La crónica de los derrumbes que afectan a la administración de Propuesta Republicana (Pro) arranca el 16 de diciembre de 2009. En el barrio de Villa Crespo, un hombre murió y otro sufrió heridas al derrumbarse la losa de una antigua vivienda que era refaccionada en la avenida Córdoba al 4100.
En Villa Urquiza, en Mendoza al 5000, el 9 de agosto de 2010, se derrumbó un gimnasio cuando una excavadora que trabajaba en una obra lindera afectó los cimientos del edificio, causando su derrumbe. Murieron tres personas y 11 resultaron heridas. La pericia determinó que no se habían tomado las medidas adecuadas en la obra lindera, y que el gobierno de Macri falló en los controles.
Al mes de ese hecho, el 10 de septiembre, se produjo el derrumbe de Beara que causó dos muertes.
Poco más de un año después, el 1 de octubre de 2011, un joven obrero de 23 años, de nacionalidad paraguaya, falleció cuando se derrumbó el techo de una obra en construcción en avenida Directorio 428, en el barrio de Caballito. La obra había sido denunciada por la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (Uocra) por incumplir las normas de seguridad.
Uno de los desastres que más impactaron a la sociedad fue el que se produjo el 4 de noviembre en la calle Bartolomé Mitre al 1200, donde se desplomó un edificio de diez pisos, después de generarse una falla causada por una excavadora que trabajaba en una obra vecina y en donde murió un hombre.
Durante 2012 los derrumbes no se detuvieron, como ejemplo basta recordar el del 29 de mayo, cuando en una obra en construcción ubicada en Emilio Mitre al 600, se produjo un derrumbe que causó la muerte de un obrero y heridas a cinco trabajadores. Con el hecho consumado, se conoció que los vecinos de la obra habían denunciado la falta de controles.
Con todos estos antecedentes, a nadie le sorprendió que el lunes 7 de enero se conociera que la Justicia decidió revocar el sobreseimiento del exdirector de Habilitaciones y Permisos del Gobierno porteño, Martín Farrell, y del exjefe de Habilitaciones Especiales, Pablo Saikauskas, en la causa judicial que busca determinar quienes fueron los responsables de las muertes de Beara, y debido a esa medida volverán a ser llamados a declaración indagatoria. Pero no solo ellos deberán comparecer ante la Justicia. También, serán citados a indagatoria, el jefe del Departamento de Esparcimiento del Gobierno porteño, Norberto Cassano; el inspector que habría otorgado la habilitación, Carlos Mustapich; el arquitecto encargado de verificaciones y habilitaciones, Isaac Rasdolsky; Gustavo Amarú, quien avaló la construcción; la de los gestores de las habilitaciones, Leandro Camani y Matías Luis Pantarotto, y la de la exdirectora general de Fiscalización y Control de la Ciudad, Vanesa Berkowski, quien además es investigada en otro expediente por manejos irregulares en los permisos para los locales nocturnos, lo que provocó su renuncia a la función pública en agosto de 2011.
El dictamen de la Sala Séptima de la Cámara del Crimen se produjo luego de que los camaristas le dieran curso a la apelación del fiscal Andrés Madrea contra la decisión que había tomado en su momento la jueza Alicia Iermini, que había sobreseído a los imputados. En su fallo, los magistrados también ordenaron que se profundice la investigación sobre los empresarios que operaban el local nocturno del barrio porteño de Palermo, por el presunto delito de cohecho (pago de coima) para conseguir la habilitación del lugar. La resolución no pudo ser peor para la administración de Macri, ya que apunta a una cadena de irregularidades que tienen su origen en el seno del área gubernamental encargada de las Habilitaciones, descartando que fuera un error casual producto de una sola persona. “No podría desecharse una línea de falencias de segundo orden referida a que hubieran fallado los controles de fiscalización gubernamental sobre el uso y la explotación nocturna”, aclararon en el fallo los camaristas Mauro Divito, Rodolfo Pociello Argerich y Juan Cicciaro, señalando las responsabilidades que tuvo el gobierno Pro en la tragedia.
Farrell no solo tiene problemas en la Justicia: su salida de la administración macrista no fue por sus logros al frente de su repartición. Antes que los jueces, el exfuncionario fue, sin quererlo, el primero en tirarle tierra al gobierno que él integraba, al contradecir públicamente al propio Macri. Luego del derrumbe del entrepiso de Beara Lounge Club, que ocasionó las muertes de Ariana Beatriz Lizárraga, de 21 años, y Paula Leticia Provedo, de 20, el Jefe de Gobierno porteño se apresuró a culpar a los dueños del boliche por la tragedia al asegurar que el desmoronamiento del entrepiso se produjo por una sobrecarga de público. Lo que no esperaba el ingeniero, que fuera desmentido por hombres de su propia gestión, ya que tanto el por entonces director de Habilitaciones, Farrell, y el titular de la Agencia Gubernamental de Control, Javier Ibánez, sostuvieron que la cantidad de gente era incluso menor a la permitida. El cruce de declaraciones dejaba a las claras el estado de descontrol que reinaba en el sector de Habilitaciones Pro.
Mauricio quedó aún más desairado cuando en octubre de 2010, el fiscal del caso, Madrea, comprobó que Maximiliano Fratino, al mismo tiempo en que era el relacionista público de Beara, era funcionario del Ministerio de Justicia y Seguridad del Gobierno de la Ciudad, cuyo titular es Guillermo Montenegro. Frattini fue el encargado de organizar la fiesta privada, que contaba con la actuación del grupo bailantero Ráfaga, la noche de la tragedia. La noticia obligaba a los funcionarios Pro a dejar de hacerse los distraídos y empezar a aceptar la cuota de responsabilidad que les cabía en las muertes. Frattini, junto a Juan Carlos Yun, Agustín Dobrila, Roberto Kattan Coria e Iván y Ronaldo Flies, integrantes de la sociedad El Viejo Sabio que administraba Beara, ya estaban en camino al juicio oral y público.
Pero la decisión de la Cámara implica que serán nuevamente investigados a pedido del fiscal por una serie de puntos que habían sido descartados por la jueza Iermini. El dictamen también ordena investigar a la arquitecta Paola Schein, quien avaló la construcción del entrepiso, y a Ricardo Brockosky y Jesús Lute, quienes habrían ejecutado la obra. La nueva resolución de los camaristas, sumada a la cifra de derrumbes en la Capital Federal de los últimos años, no deja lugar para las objeciones, el macrismo deberá dejar la estrategia de echarles la culpa a los otros y aceptar sus responsabilidades en los hechos, por graves que sean.
