Representantes de la Universidad de las Madres de Plaza de Mayo se manifestaron frente al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y le dejaron una carta al titular de la cartera, Germán Garavano, en la que rechazan de plano el intento de intervención de parte del Gobierno nacional.
El texto, firmado por la comunidad académica del Instituto Universitario Nacional de Derechos Humanos Madres de Plaza de Mayo (IUNMa) y entregado el lunes pasado, exige el “cese de persecución a las Madres de Plaza de Mayo”; la “continuidad del proyecto institucional del IUNMa, garantizando el derecho a la educación de los estudiantes”; la “continuidad del rector organizador, Prof. Germán Ibáñez”, una “solución edilicia urgente”; el “encuadre formal de los docentes en completa conformidad con el Convenio Colectivo de Trabajo para los docentes universitarios”, y el “pago de la deuda y regularización de los salarios docentes”.
“Debemos recordarle que durante el último año y medio no se ha ejecutado el presupuesto asignado al IUNMa; no se han provisto las aulas necesarias para el normal dictado de las clases; no se han regularizado los cobros del salario docente, generándose una deuda de hasta 17 meses con ellos; no se ha encuadrado formalmente a los docentes, manteniéndolos en la más completa precariedad laboral. La única manera de solucionar esta situación consiste en que el Ministerio de Justicia y la Secretaría de Derechos Humanos asuman las responsabilidades que les caben por ley y garanticen la efectiva vigencia de los derechos vulnerados de la comunidad académica del IUNMa, luego de un año y medio de no hacerlo”, señala, en otro pasaje, la carta dirigida a Garavano.
La semana pasada, el Gobierno nacional tomó la decisión de desplazar al rector de la universidad. Según trascendió, colocaría en su lugar a Javier Buján, de polémico paso por el Inadi. A Buján se lo señala como una persona cercana a Daniel Angelici. También se dispondría el cese de otras autoridades de la institución. El Ejecutivo, además, tendría planeado la puesta en marcha de una auditoría sobre los sueldos, los gastos en proveedores y el personal contratado.
El instituto universitario fue creado por Hebe de Bonafini en el año 2000 y estatizado por Cristina Fernández de Kirchner a fines de 2014. Actualmente, depende del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
Hasta ahora, está reconocido por la Dirección Nacional de Gestión Universitaria del Ministerio de Educación para emitir títulos oficiales de validez nacional de las carreras de Abogacía, Licenciatura en Historia, Profesorado en Historia y Licenciado en Trabajo Social.