La UCR y VJ aprobaron un polémico proyecto sobre el nuevo Instituto de Menores

La UCR y VJ aprobaron un polémico proyecto sobre el nuevo Instituto de Menores

La Ciudad venderá tres terrenos que servirán para solventar la construcción de un nuevo centro de detención de menores.


Luego de acordar con el bloque de Evolución que responde a Martín Lousteau, el oficialismo de Vamos Juntos logró aprobar un cuestionado proyecto sobre la creación de un  Centro Socio Educativo Integral al Código Urbanístico. La unidad de ambos era imprescindible porque el proyecto necesitaba de 40 votos. De esta manera, se desafectarán del dominio público tres edificios cotizados en dólares donde funcionaban institutos de detención de menores. La oposición señaló que esto generará un nuevo negocio inmobiliario en la Ciudad. Por su parte, los chicos serán enviados a un nuevo complejo, que construirán en una de las zonas más postergadas de la Ciudad.

Según detalla el proyecto, la venta de estos terrenos serviría para solventar la construcción de un nuevo centro de detención para niñas, niños y adolescentes en una manzana frente a la villa 1-11-14, cuya edificación se estima en un costo de 18 millones de dólares. 

De esa manera, la Legislatura aprobó en primera lectura en la sesión de este jueves la ley que propicia la incorporación del Centro Socio Educativo Integral al Código Urbanístico. La iniciativa surgió de la unificación de proyectos del Jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, y de la diputada Patricia Vischi (Ev).

El Centro es un establecimiento institucional destinado al cumplimiento de medidas privativas de la libertad ambulatoria, impuesta a adolescentes imputados, por la justicia porteña.

Este dispositivo se sustentará en el principio de especialización en materia penal juvenil -por encontrarse destinado a personas en una etapa crucial de su desarrollo- lo cual exige que la totalidad de los actores implicados en el abordaje institucional deben enmarcar su tarea bajo el eje de intervención socioeducativa que posibilite un proceso de integración comunitaria desde el efectivo ejercicio de ciudadanía, superando la concepción punitiva de la medida.

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires la autoridad administrativa de aplicación de la Ley nacional N° 26.061 -de protección integral de los derechos de las niñas, niños y adolescentes- es el Consejo Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes. “Es de imperiosa necesidad para el Consejo disponer de un establecimiento que atienda los más altos estándares internacionales de derechos humanos para adolescentes bajo medida socioeducativa de privación de la libertad”, sostienen los fundamentos.

Los edificios de disposición actual, tales como: los Centros Socioeducativos “José de San Martín”, “Manuel Belgrano”, “Manuel Bocea” y Centro de Admisión y Derivación “Úrsula Llona Inchausti” fueron transferidos a la CABA por el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. Son edificios públicos que por su antigüedad, estructura y disposición edilicia no cuentan con las condiciones exigidas para brindar la atención de los adolescentes en el marco de la protección integral de derechos de niños, niñas y adolescentes. Por ello, el Gobierno porteño precisa un centro modelo que deje atrás el sistema de cuidado de adolescentes bajo el viejo paradigma de la situación irregular en materia penal juvenil.

El centro modelo facilitará una mejor gestión de los recursos y políticas públicas en materia de niñez y adolescencia, superando así las condiciones actuales de prestación del servicio acorde a las necesidades de los y las adolescentes.

“Con el propósito de tornarlo materialmente posible, razones de necesidad y conveniencia aconsejaron proceder a la enajenación de tres inmuebles enunciados en el proyecto de ley: Pdte. J. D. Perón 2048, Curapaligüe 727 y Av. Segurola 1651. Con el valor resultante, se solventarían todos los gastos que ha de demandar la construcción y puesta en marcha del Centro Modelo, a instaurarse en el predio sito en Castañares y Bonorino del barrio de Flores, Comuna 7. Por lo que no implicaría un compromiso presupuestario extraordinario”, concluye el texto.

La norma fue aprobada inicialmente con 40 votos positivos, 15 negativos de los bloques UC, BP, GEN, IS, FIT, AyL y PTS, y 2 abstenciones del Partido Socialista. Se convocará a Audiencia Pública como condición previa a la revisión en segunda lectura.

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