El proyecto enviado al Senado por el Poder Ejecutivo de la Nación para reformar la organización y las competencias de la Justicia Federal obtuvo dictamen del plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Justicia y Asuntos Penales de la Cámara de Senadores de la Nación y ya está condiciones de ser debatido en el recinto en la sesión que se desarrollaría el viernes 26 de agosto próximo.
El proyecto contó con el apoyo del bloque mayoritario de los senadores del Frente de Todos y con el rechazo del bloque opositor de Juntos por el Cambio. Legisladores de ambas bancadas se cruzaron en varias oportunidades.
El Ejecutivo propuso en principio la creación de la Justicia Federal Penal, que unificaría los fueros Criminal y Correccional Penal y Penal Económico. Además, se plantea la unificación de las Cámaras de Apelaciones y la creación de nuevos tribunales orales.
Los concursos que realiza el Consejo de la Magistratura para cubrir vacantes en los nuevos juzgados deberían realizarse por prueba de oposición oral y pública. Paralelamente, serían traspasados a la órbita de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires todos los fueros en los que se juzgan los delitos no federales.
Más allá de que no se aceptaron algunas proposiciones, como la del puntano Adolfo Rodríguez Saá, que quería incorporar la exigencia de que los jueces debieran cumplir con un “plazo determinado para dictar sentencia” y “atribuirle la competencia de la Cámara Federal a los Tribunales Orales Federales”, la titular de la Comisión de Asuntos Constitucionales, la santafesina María de los Ángeles Sacnun aceptó la posibilidad de algunas modificaciones a la iniciativa original, como la de que los sorteos de las causas sean filmados, que la selección de los nuevos magistrados se realice por medio de audiencias públicas y que no se unifiquen los fueros Civil y Comercial con el Contencioso Administrativo. La senadora oriunda de Firmat también anunció que hasta el día de la sesión en que se tratará el proyecto –que se realizaría el 26 de agosto próximo- podría recibir nuevas enmiendas.
Al hacer uso de la palabra, Sacnun manifestó que en las cinco audiencias que se realizaron expusieron más de 50 expertos, porque “este proyecto no llegó cerrado al Senado, sino para que pudiéramos discutirlo e introducirle aquellas reformas que entendemos que podían hacerlo mejor y enriquecerlo”.
Sacnun reconoció que “con sólo esta ley” sea posible solucionar “las grandes dificultades que tiene la justicia federal, pero éste es un paso muy importante”, a la vez que destacó que por medio del Artículo 70 se “busca evitar que el Poder Judicial sea presionado por los poderes fácticos de la Argentina”.
Luego, la senadora destacó que no se realizará la fusión entre los fueros Civil y Comercial y Contencioso Administrativo, por lo que se creará un tribunal de resolución de conflictos de competencia. En cuanto al régimen penal juvenil, advirtió que podría incluirse una competencia juvenil exclusiva.
Para aprobar el proyecto en Diputados se necesitan 129 votos, es decir, la mitad más uno de los diputados. Por lo tanto, el Frente de Todos, que tiene 118 integrantes, debe sumar once votos a los de su propio bloque.
En la materia del sorteo de causas, Sacnun expresó que “nosotros creemos y estamos convencidos de que hay que avanzar en la transparencia, que deben ser grabados mediante medios técnicos, bajo apercibimiento de nulidad”. Para la selección de los candidatos, la senadora informó que a los concursos se les sumarán audiencias públicas y exámenes escritos en los que se mantendrá el anonimato.
Por pedido de los organismos de derechos humanos, las secretarías con competencia específica en esa materia la conservarán para que sea posible sostener las causas de crímenes de lesa humanidad que se están desarrollando. “Esto ha sido una política de Estado”, agregó.
Finalmente, la senadora Sacnun anunció que en el Ministerio de Justicia se realizó la estimación presupuestaria acerca de los nuevos cargos que se crearán, que asciende a $1.939 millones. “Para nosotros se trata de invertir en Justicia”, justificó la erogación.
Por su parte, el senador neuquino Oscar Parrilli expresó que el Senado confirmó que “no es una escribanía” y que en el proyecto “se introdujeron sugerencias de la oposición, aunque no quieran firmar el dictamen”.
A su turno, el titular del interbloque de Juntos por el Cambio, Luis Naidenoff se quejó porque “acá la justicia se reforma en interés de la política”, mientras que “lo que desvela a los argentinos pasa por una crisis sanitaria y económica asfixiante” y aludió a la concentración del Obelisco realizada el 17 de agosto, evaluando que “la sociedad se manifestó por el aislamiento, la fatiga social, el dolor en lo económico y esto de ir de cuarentena en cuarentena”.
En clave futbolera, el senador formoseño pidió “parar la pelota con este proyecto”, sugiriéndole al peronismo que “escuchen las demandas de la sociedad para gobernar bien”, cuestionando que “la gran reforma de la justicia penal la firma en soledad el oficialismo”.
Al final, el bonaerense Esteban Bullrich señaló, inexplicablemente, que “el Senado (del cual él mismo forma parte) se ocupa más de los problemas de algunos dirigentes del oficialismo que de la gente”.
La promesa
De todos modos, el que sabe leer y ejerce la memoria, debería recordar que el 1° de marzo último, al dar su primer discurso ante la Asamblea Legislativa, el presidente Alberto Fernández manifestó que “como presidente de la Nación, ante esta Asamblea Legislativa, vengo a asumir un compromiso que jamás quebraré. En este tiempo de la Argentina en el que nos toca gobernar, venimos a ponerle fin a la designación de jueces amigos, a la manipulación judicial, a la utilización política de la Justicia y al nombramiento de jueces dependientes de poderes inconfesables de cualquier naturaleza”.
Luego, el presidente anticipó que “nos proponemos impulsar un reordenamiento de la Justicia federal que evite el cajoneo o la activación de expedientes en función de los tiempos políticos, que impida la construcción de falsas causas, que acabe con la arbitrariedad en materia de detenciones y que impida para siempre que la discrecionalidad judicial reemplace a las normas del Derecho”.
Para que esto sea posible, Fernández anunció que “con tal propósito, propiciamos la creación de un nuevo fuero Federal Penal, que unificará a fueros penales que hoy tienen jurisdicción en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Transferiremos parte de esa jurisdicción a la Ciudad, que así logrará su plena autonomía. De este modo, los delitos contra la administración pública en los que incurran funcionarios del Estado nacional dejarán de estar en manos de unos pocos jueces, para pasar a ser juzgados por más de medio centenar de magistrados. Estamos terminando para siempre en la Argentina con la manipulación de sorteos y la concentración de procesos que el oligopolio de los jueces federales ha permitido”, cerró el tema el flamante presidente, que apenas llevaba 83 días en el poder.
¿Un tratamiento prolongado?
Hasta el día del cierre de esta publicación, el oficialismo luchaba denodadamente para reunir el número suficiente para lograr la aprobación de la Reforma Judicial en la cámara baja.
Ya anticiparon –aunque desde la Casa Rosada confían en que lograrán revertir el no- su voto negativo al proyecto los tres diputados diputados lavagnistas, Graciela Camaño, Alejandro “Topo” Rodríguez y Jorge Saghini. Lo mismo hicieron los integrantes del bloque Córdoba Federal, que maneja el gobernador Juan Schiaretti, que conforman Paulo Cassinerio, Carlos Gutiérrez, Claudia Márquez y Alejandra Vigo.
Los números que le quedan por cerrar al oficialismo son muy finos, tanto que el diputado cordobés Mario Negri, que preside el bloque radical en Juntos por el Cambio, apostó por reeditar aquel sonado fracaso del kirchnerismo con la Resolución 125 que diseñara el hoy exiliado en el bloque radical del Senado.
El bloque del Frente de Todos cuenta con 119 diputados, menos uno por la licencia que se tomó José Ignacio de Mendiguren, que el 20 de enero pasado se fue a presidir el Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE).
Para aprobar el proyecto se necesitan 129 votos, es decir, la mitad más uno de los diputados. Por lo tanto, el Frente de Todos debe sumar once votos a los de su propio bloque.
En este panorama, del Interbloque Unidad Federal para el Desarrollo, que preside el mendocino José Luis Ramón y conforman ocho legisladores, no surgió hasta ahora una posición unificada. Sólo se sabe que Ramón participó como invitado en el lanzamiento del proyecto que encabezó el presidente y que hasta hoy sólo la tucumana Beatriz Ávila manifestó su oposición al proyecto.
Las bancadas del Frente de Izquierda y de los Trabajadores, de Romina del Plá y del PTS-Frente de Izquierda, de Nicolás del Caño votarán negativamente la iniciativa.
La neuquina Alma Sapag (Movimiento Popular Neuquino) también votaría favorablemente el proyecto, por lo que sólo resta saber la postura que asumirán los cuatro legisladores que quedan del Interbloque Federal, que preside Eduardo “Bali” Bucca.
Los números en el Senado, adonde se votará el 27 de agosto, ya cerraron en 41 votos, que sobre un total de 72 senadores son holgadamente suficientes para conseguir la aprobación definitiva del proyecto.
