El trato cruel que recibió Lucía en el sistema de salud de Tucumán llegó a organismos internacionales. La Oficina para América del Sur del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) instó al Estado argentino a garantizar de manera oportuna el acceso a la interrupción legal del embarazo (ILE), de acuerdo con la normativa vigente.
“La no prestación de determinados servicios a mujeres y niñas en condiciones legales resulta discriminatoria, y las restricciones o prohibiciones absolutas en el acceso a la interrupción legal del embarazo pueden constituir tortura y malos tratos“, señaló la Representante del ACNUDH para América del Sur, Birgit Gerstenberg.
El caso también fue denunciado también ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Oficina de Procedimientos Especiales en Contra de la Discriminación por la Aplicación de la Ley de la ONU, por la organización Cladem.
Lucía es una niña de 11 años que llegó con autolesiones al Hospital Eva Perón de Tucumán, tras ser violada por la pareja de su abuela y padecer una gestación forzada producto de ese abuso.
Sectores de la iglesia, representados por el mismísimo Arzobispo de Tucumán que difundió el nombre de la niña y pidió “custodiar el feto”, sometieron a Lucía a prolongar la gestación para poder practicarle una cesárea, que finalmente lograron.
Por eso, las organizaciones internacionales consideran el “trato cruel” que recibió la nena, además de la ilegalidad en que desarrollaron todas las decisiones en torno a su situación, que desconoció la Ley de 1921 que garantizaba su acceso al aborto y el fallo FAL del 2012 que lo ratifica.
El ACNUDH recordó la obligación del Estado de garantizar el derecho a la salud de las mujeres y niñas, incluida la salud sexual y reproductiva, a la luz de las normas internacionales de derechos humanos.
“La demora injustificada en el acceso a la ILE por parte del Sistema Provincial de Salud y el Hospital del Este Eva Perón vulneró el derecho de la niña a la salud”, indicó Gerstenberg. “Ambas instituciones estaban obligadas a garantizar a la niña la interrupción legal de su embarazo de acuerdo con la legislación en Argentina, desde el momento en que tanto la niña como su madre manifestaron expresamente su deseo de interrumpirlo”.
En ese sentido, la Oficina Regional del ACNUDH observó con preocupación que este caso se sume a otros similares ocurridos en la provincia y en el país en los últimos meses. Al respecto, destacó que varios mecanismos internacionales –como el Comité para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra las Mujeres, el Comité de los Derechos del Niño, el Comité sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales (CESCR) y el Comité contra la Tortura– han realizado recomendaciones específicas a Argentina para que garantice el acceso a la ILE en condiciones de seguridad y a servicios posteriores, asegurando que la opinión de la interesada siempre sea escuchada y tenida debidamente en cuenta.
“Por ejemplo, el CESCR recomendó en 2018 adoptar medidas efectivas para implementar en todas las provincias la sentencia de 2012 de la Corte Suprema de Justicia de la Nación sobre el aborto legal, y garantizar que se adopten protocolos para facilitar el acceso efectivo y el cuidado integral a las niñas y mujeres que recurren al aborto en los casos previstos en la ley vigente”, añadió Gerstenberg.
Los médicos que obstaculizaron el derecho de la niña acceder a un aborto y la forzaron a gestar, irán a juicio gracias a la denuncia de las organizaciones feministas y de DD.HH. Mujeres x Mujeres (MxM), la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH, regional Tucumán) y Católicas por el Derecho a Decidir. Asimismo, fueron denunciados la ministra de Salud de Tucumán, Rossana Chahla, y su segundo, el secretario del área, Gustavo Vigliocco.