Ante la caída en las encuestas, el Gobierno resolvió seguir instalando con firmeza el problema de la inseguridad en la agenda de todos los argentinos: la próxima semana, Mauricio Macri inaugurará las sesiones ordinarias del Congreso de la Nación y ofrecerá un discurso que tendrá como uno de sus ejes los temas de seguridad y las reformas de los códigos Penal y Procesal Penal, que el oficialismo quiere sancionar este año.
El Presidente se puso el tema al hombro al recibir en febrero en Casa Rosada a Luis Chocobar, el policía que se encuentra procesado por disparar y matar por la espalda a un joven delincuente que había atacado a puñaladas a un turista estadounidense en el barrio porteño de La Boca. La reunión fue interpretada como un gesto de apoyo a las fuerzas de seguridad y como un mensaje a un sector de la Justicia que se identifica con la doctrina de Raúl Zaffaroni, exjuez de la Corte Suprema de Justicia, otro de los blancos del Poder Ejecutivo por estos días.
“Lo que hay es un apoyo del Gobierno a las fuerzas de seguridad en cuanto a que no cesen en la pelea contra los delincuentes ni en contra del narcotráfico, especialmente, que es uno de los cien objetivos del Gobierno para la gestión.” Así lo aseguraron a Noticias Urbanas allegados al ministro de la cartera judicial, Germán Garavano, aunque aclaran, al ser consultados por las repercusiones del apoyo a Chocobar, que “de ninguna manera esto significa que el Gobierno les dé una carta blanca, un salvoconducto, a las fuerzas de seguridad para que hagan lo que quieran” y que “si hay excesos de violencia institucional, será la Justicia la que tenga que resolver”.
Y fue la Justicia la que, a través de la sala VI de la Cámara del Crimen, confirmó el procesamiento de Chocobar y agravó la carátula de la causa, lo que motivó la respuesta inmediata de Macri, que generó la “preocupación” de la Asociación de Magistrados y de la Federación Argentina de la Magistratura por sus dichos. Incluso, el exjuez Carlos Rozanski, desplazado de la Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 1 de La Plata, realizó un pedido de juicio político contra el primer mandatario ante la Cámara de Diputados por presunto “mal desempeño de sus funciones”.
Al cuestionar el fallo, Macri insistió en respaldar el accionar del policía de Avellaneda que decidió acribillar por la espalda al delincuente de 18 años, como quedara registrado en las cámaras de seguridad de la zona con las que contó el Gobierno desde el primer momento, incluso desde antes de recibirlo en Casa Rosada. “No entiendo. Honestamente, no entiendo. Si en el fallo se dice que estuvo todo bien lo que hizo hasta el final, que dicen que se excedió. El policía perseguía a un asesino. ¿Qué esperan esos tres jueces? ¿Que lo deje escapar? El fallo dice que debería haberlo seguido hasta que otro policía lo apoye. No creo en eso para cuidarnos a los argentinos. Tenemos que darles a nuestros policías las herramientas para que puedan actuar. Queda claro que haberlo perseguido no alcanzó, que no se quiso entregar. De haberlo perdido ¿qué nos garantiza que no hubiera habido otra víctima más?”, sostuvo el Presidente durante el retiro espiritual celebrado el fin de semana pasado en Chapadmalal junto al gabinete nacional, en el que se resolvió ir a fondo con el discurso y la lucha contra la inseguridad. “Seguro Zaffaroni llamó a los jueces para felicitarlos”, agregó.
Desde el Ministerio de Justicia interpretan que Macri “actúa y habla en rol de ciudadano” porque sabe que “los ciudadanos se sienten desprotegidos, porque venimos de una época en la que lo primero que se hacía era castigar al policía y al ladrón no”, aunque se despegan de las recientes y polémicas declaraciones del asesor presidencial Jaime Durán Barba, que aseguró hace unas semanas que la mitad de los argentinos estaba de acuerdo con la pena de muerte. “Hay hecho un estudio que dice que el tema de la pena de muerte no resuelve la seguridad ni brinda ningún tipo de solución. Personalmente, el ministro opina que no es ninguna solución”, afirman los voceros consultados.
Hace un año, Macri instrumentó por decreto la creación de una comisión para debatir la reforma del Código Penal y elaborar un anteproyecto que llegará al Congreso de la Nación en los próximos meses. Los juristas designados y representantes del Gobierno se reúnen todos los miércoles para avanzar en el texto, que buscará lograr “un código moderno que contemple el paso del tiempo y sea fruto del trabajo en conjunto. Se está apuntando a un Código posible y fruto del consenso. Es algo que siempre estuvo en la plataforma del Gobierno”, aseguran.
Todavía queda abierto el interrogante de si habrá o no un cambio en la doctrina. Es uno de los tantos focos de conflicto que mantienen Garavano y su par de Seguridad, Patricia Bullrich, quien incluso se animó a anunciar un cambio en ese sentido, además de la eliminación de la figura de defensa legítima para las fuerzas de seguridad. Pero, más allá de su expresión de deseo, la comisión de expertos no tendría previsto un cambio semejante. El representante en la comisión del Ministerio de Seguridad, Guillermo Soares Gache, quedaría en una posición minoritaria frente al deseo de su jefa. Incluso, hasta Garavano no estaría dispuesto a ceder y ya le marcó la cancha a su compañera. “Lo prudente es que sea la comisión la que se aboque al tema”, fue su tajante respuesta.
La reforma del Código Penal incluirá delitos que no estaban contemplados en el actual –que data de 1921 y ya tiene más de 900 reformas encima–, como los delitos informáticos, la pornografía infantil, el maltrato animal, el grooming y los delitos contra el medio ambiente, entre otros. Aunque una de las novedades pasará por el endurecimiento de las penas a delitos en casos de corrupción, que “no están penados lo suficientemente agravados”. “No agravar las penas por delitos de corrupción es dar una carta blanca para que los cometan”, asegura una fuente calificada, que está cerca de las reuniones de comisión de la que saldrá el anteproyecto. El gran objetivo es corregir la “desproporcionalidad” de las penas entre algunos delitos.
La baja en la imputabilidad para los delitos cometidos por menores de edad formará parte de otro proyecto de ley, el cual la misma comisión ya tiene en discusión, aunque no asoma en el corto plazo para su tratamiento legislativo, como sí lo será otra de las importantes reformas del oficialismo, la del Código Procesal Penal, que ingresará en el Senado el 2 de marzo, un día después de la apertura legislativa a cargo del propio Macri.
Así lo confirmó el senador Rodolfo Urtubey, presidente de la Comisión Bicameral Especial de Monitoreo e Implementación del Nuevo Código Procesal Penal de la Nación, que se reúne periódicamente y que integran también funcionarios nacionales y representantes del Consejo de la Magistratura, la Corte Suprema, la Procuración General y la Defensoría General del Pueblo.
En 2015, la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner logró en el Congreso su reforma del Código Procesal Penal, que desde la llegada de Cambiemos a la Casa Rosada quedó suspendida de hecho. “Cuando llegamos, lo primero que hicimos fue desistir de ese Código y de alguna manera lo suspendimos. Ahora lo que vamos a hacer es introducir algunas reformas necesarias para que funcione, llegarán en marzo al Congreso. El Código Penal no, porque todavía está en una etapa de comisión”, señalan desde el Gobierno. Lo que deberá esperar, al menos por unos meses más, será la reforma del Consejo de la Magistratura: “No lo vemos posible en los próximos meses”.
