La Cámara de Diputados aprobó el proyecto de Ley Micaela. La norma establece la formación obligatoria en perspectiva de género para todos los funcionarios estatales. Este miércoles lo tratará el Senado.
La diputada Analía Rach (Frente para la Victoria, vicepresidenta de la Comisión de Mujer, Familia, Niñez y Adolescencia) explicó: “Este es un proyecto muy trabajado, entre todos los bloques. Lo presentamos en la comisión en abril del año pasado y lo discutimos mucho. Lo fundamental del proyecto es que la formación es obligatoria para todos los funcionarios de todos los niveles de los tres poderes. Y para asegurar el cumplimiento se establecen sanciones a los que se nieguen, sin justificación válida, a la capacitación”.
La necesidad de profesionalizar a los funcionarios estatales en esta materia quedó en evidencia con el fallo del caso de Lucía Pérez, en el que los jueces del TOC 1 de Mar del Plata desestimaron (o justificaron) los abusos que sufrió antes de ser asesinada. “Se considerará falta grave la negativa injustificada a la capacitación y el INAM (Instituto Nacional de Mujeres) está obligado a publicar su nombre. Además debe hacer el seguimiento, monitorear los recursos y evaluar el impacto de la capacitación y publicar estas conclusiones (además del nombre de los infractores) en su informe anual, que es de acceso público.”
“Quiero destacar que después de mucho trabajo, salió de la comisión un único dictamen, que fue consensuado, con todos los bloques de acuerdo”, insistió la legisladora.
La reacción social generada por la campaña “Mirá cómo nos ponemos”, iniciada con la denuncia de la actriz Thelma Fardin, forzó al Gobierno a incorporar en la agenda de sesiones extraordinarias la Ley Micaela. El presidente Mauricio Macri había descartado el tratamiento del tema en el primer llamado a extraordinarias y también cuando amplió el periodo de sesiones.
“Lamentablemente no fue por la responsabilidad o el compromiso de la mayoría de los sectores políticos con la meta de erradicar la violencia de género que se incluyó el proyecto, fue por la presión social que acompañó con mucha potencia a la acción valiente de otra joven”, advirtió la diputada Lucía De Ponti, militante del Movimiento Evita al igual que Micaela García, asesinada en abril del año pasado.
Rach sostuvo lo dicho por De Ponti: “El proyecto tenía el dictamen consensuado y todo y no se trató en el período ordinario. Hubo que presionar mucho para incorporarlo. La inclusión se la debemos a la presión social de las mujeres. Porque el Gobierno declama su apoyo a la lucha por los derechos de las mujeres pero recorta el presupuesto del INAM, los planes de apoyo a las mujeres… No es cuestión de hablar, es cuestión de políticas públicas concretas”.
El proyecto fue girado al Senado. “No sabemos todavía cuál es el temario, pero esperemos que entre en la discusión y lo aprueben. Con esta ley el Estado argentino cumple uno de los aspectos que establece la convención de Belem do Pará”, manifestó Rach. “Resulta urgente el tratamiento de esta ley porque es obligación del Estado generar políticas y herramientas tendientes a prevenir, capacitar y sensibilizar en la lucha contra los femicidios”.
Micaela García tenía 21 y militaba en el Movimiento Evita de Gualeguay, donde había nacido y vivía. Salió una noche a bailar y ya no volvieron a verla. Tras siete días de intensa búsqueda, la encontraron muerta. La autopsia determinó que había sido violada. Por el femicidio fue condenado a prisión perpetua Sebastián Wagner, de 30 años, quien tenía antecedentes de ataques sexuales y en el momento del hecho estaba libre.