La justicia porteña ordenó el desalojo de un inmueble ubicado en Pichincha al 100, tras verificar que el edificio no se encuentra en condiciones de habitabilidad por no reunir las condiciones mínimas de seguridad.
La medida fue dispuesta este viernes, quedando a cargo del Ministerio Público Fiscal el operativo, conjuntamente con la Dirección General de Guardia de Auxilio y Emergencias de la Ciudad, el Programa Buenos Aires Presente, y el SAME, entre otros organismos de asistencia. “Para concretar la medida pacíficamente deberán respetarse los derechos humanos”, estableció la orden, disponiendo que se garantizara a todas las personas a desalojar que así lo requieran, un lugar de alojamiento. Finalizado el procedimiento el inmueble deberá ser tapiado.
Fue el juez Norberto Tavosnanska, titular del juzgado N° 17 en lo Penal, Contravencional y de Faltas, quien ordenó el allanamiento, desalojo y posterior tapiado del inmueble, que funcionó como hotel hasta el 2000, ubicado en Pichincha 191, en Balvanera, atento a que dicha construcción –vivienda de siete familias, 20 personas entre adultos y niños–, no reúne las condiciones mínimas de seguridad y por lo tanto no se encuentra en condiciones de habitabilidad. “Existe un peligro real para los residentes del propiedad en estudio”, afirmó el magistrado, tras analizar las pruebas recabadas.
La orden dictada el 22 de septiembre, se enmarca en una causa en la que se investiga la infracción al artículo 73 del Código Contravencional (violación de clausura o incumplimiento de una sanción por infracción al régimen de faltas), y establece que la medida de desalojo estará a cargo de la fiscal Claudia Barcia, titular de la fiscalía N° 16 en lo PCyF, llevándose a cabo este viernes “desde la salida y hasta la puesta del sol”.
El magistrado agregó: “El personal de la fuerza de seguridad que intervenga no deberá portar armas de fuego, salvo un grupo reducido cuya cantidad decidirá quien esté a cargo del operativo, el cual podrá actuar ante la posible existencia de armas de fuego en el lugar, a los efectos de proteger las garantías constitucionales, los derechos humanos y la integridad física de todas las personas que pudieran tener consecuencias del uso de la fuerza por el estado”.
Según se describe en la resolución que fundamenta la orden de allanamiento y desalojo, la medida fue dictada tras verificar las condiciones edilicias, de funcionamiento, seguridad e higiene de la propiedad, constatar la existencia de diversas faltas, y al no arribar a un acuerdo con los residentes del establecimiento para que se retiren voluntariamente del inmueble.
“El hecho de que los habitantes del inmueble se rehúsen a abandonar el establecimiento, no me permite a mí apartarme de mi condición de Juez de Garantías y velar por la integridad de las personas que se encuentran en el lugar, más aun teniendo en cuenta que de las constancias que obran en el expediente surge que aproximadamente la mitad de los alojados en el lugar serían menores de edad”, afirmó el juez Tavosnanska, remarcando que “para concretar la medida pacíficamente deberán respetarse los Derechos Humanos”.