“El proyecto de ley Expediente 692/19 que el Gobierno de Horacio Rodríguez Larreta presentó el 25 de marzo del corriente año en la Legislatura de la Ciudad, avanza nuevamente en la carrera vertiginosa del Pro de remate de terrenos públicos a la especulación inmobiliaria”, acusó la legisladora del FIT, Laura Marrone.
Según la diputada porteña “esta vez la mala suerte le tocó a tres establecimientos dependientes del Consejo de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, destinados a la Dirección General de Responsabilidad Penal Juvenil, que serían rezonificados para facilitar su venta”.
Se trata del edificio y predio que corresponde al Centro de Régimen cerrado “Gral. San Martín” en calle Baldomero Fernández Moreno 1783 y Curapaligüe 727, valuado en 14,5 millones de dólares, del Centro de Régimen cerrado “Manuel Rocca” en calle Segurola 1651, en desuso desde 2014 a causa de un incendio, valuado en 10,8 millones de dólares y del Centro de Admisión y Derivación, C.A.D., ex- Instituto Inchausti, en calle Perón 2048, valuados en 1,2 millones. Con el cierre de estos tres predios el gobierno de Larreta garantiza un negocio que rondaría los 26,5 millones.
“La venta de estos terrenos, situados en barrios y zona céntrica codiciados por los especuladores inmobiliarios, se argumenta que serviría para solventar la construcción de un nuevo Centro de detención para niñas, niños y adolescentes en una manzana frente a la Villa 1-11-14, cuya construcción se estima en un costo de 18 millones de dólares. No casualmente, pasando los centros en frente de un barrio de emergencia, una población totalmente despreciada por el gobierno del Pro. ¿A dónde van a parar los 8,5 millones de diferencia entre la venta de estas tierras y la construcción del nuevo centro de detención? Una posibilidad es que vaya al 20% establecido por norma que permite sobreprecios en cualquier licitación sin ningún control del estado, para enriquecer los bolsillos de las empresas privadas. Licitaciones que quedan en manos de los amigos del gobierno como la constructora Hermanos Caputo S.A., dónde la falta total de control de las obras se llevó la vida Adrían Continiello en un derrumbe en el barrio de San Cristóbal”, acusó la legisladora del FIT.
La legisladora acusó al Gobierno de querer vender tres institutos de menores para hacer un negocio inmobiliario
Marrone agregó sobre el tema: “En una reunión exprés, conjunta, de las comisiones de diputados de presupuesto y planeamiento urbano, realizada el 3 de abril en la Legislatura, a solo 8 días de la presentación de este proyecto de ley, funcionarios del Poder Ejecutivo, entre ellos, la presidenta del Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, Karina Leguizamón, fundamentaron el mismo en la necesidad de que los niños ‘puedan vivir en edificios nuevos y seguros'”.
Por otro lado, la legisladora dijo que “sin duda, los actuales edificios que alojan a niños y adolescentes bajo custodia penal, son tortuosos, vetustos e inadecuados. Sin embargo de lo que se trata no es de pensar cómo hacer nuevos y más concentrados, sino más bien de revisar toda la política hacia los adolescentes en situación de riesgo, las políticas de empobrecimiento y marginalidad creciente de nuestra niñez y adolescencia para prevenir situaciones delictivas, y para que puedan ser recuperados para una vida social plena en lugares de resocialización”.
Por último señaló: “A su vez, los predios que se quieren privatizar deberían mantenerse como de dominio público y construirse y/o reconstruirse en ellos espacios para alojar a niños y adolescentes en situación de riesgo sin concentrarlos en uno solo ni usarlos como excusa para la privatización de tierras”.