La Justicia ordenó al Gobierno de la Ciudad a que brinde en 30 días “la información sobre la ubicación física de las cámaras de video vigilancia privadas incorporadas a la red pública”.
El fallo indica, además, que se debe reestablecer el mapa de cámaras públicas del ámbito porteño por constituir “publicidad calificada que, por su vital importancia, no sólo debe estar disponible para quien la solicite, sino que es el Estado quien la debe ofrecer y publicar permanentemente actualizada”.
El Juez subrogante en lo Contencioso, Administrativo y Tributario de la CABA, Dr. Darío E. Reynoso, fue quien dictó la sentencia a raíz de una demanda presentada por el sociólogo Andrés Pérez Esquivel, miembro de la Red Latinoamericana de Tecnología, Vigilancia y Sociedad.