¨La ausencia de políticas públicas es la causa principal de la gran mayoría de las tomas de tierra que ocurren en nuestro país¨, sentenció la defensora adjunta del Pueblo de la Ciudad, Bárbara Bonelli. Además, aseveró que el problema no es nuevo y responsabilizó a los sucesivos gobiernos por no incluir de manera efectiva este tema en la agenda pública que viene de larga data.
La Defensora explicó que episodios como el de Guernica ponen de relieve las dificultades a las cuales se tienen que enfrentar miles de ciudadanos para intentar acceder a una vivienda digna y aseguró que la disminución del poder adquisitivo del salario y al aumento de los precios del suelo y la vivienda son el motor del crecimiento de las modalidades informales y ocupación del suelo.
En el mismo sentido, la funcionaria advirtió que la crisis sanitaria actual evidenció más que nunca que la vivienda es un derecho esencial para las personas y solicitó de que este derecho ¨no se reduzca a una mera enunciación de buenos deseos ¨, sino que esto, debe estar asociado a políticas habitacionales perdurables que den respuesta a las restricciones estructurales existentes para garantizar un hábitat adecuado para todos los ciudadanos.
En el mismo sentido, la Defensora Adjunta reseñó que tanto la vivienda como el suelo suelen ser considerados una reserva de valor, echando por tierra su función social para proveer a los ciudadanos condiciones de seguridad y dignidad. ¨Esto explica que el aumento de la construcción y el desarrollo inmobiliario no tenga un correlato directo en la cantidad de familias que viven en situación de déficit habitacional
Finalmente, Bonelli reconoció que llevar adelante una ocupación ilegal ¨no es ni debe ser una solución posible¨ y que además que ¨es un delito¨ pero advirtió que las miradas exclusivamente penales de la situación ¨no ayudan a resolver las crecientes tomas de tierras¨ y que deben ser contrarrestadas por políticas públicas que garanticen suelo asequible para los sectores que no pueden acceder al mismo por las vías que el mercado formal establece y que esa responsabilidad es del Estado al igual que la de la educación y de la salud pública.