Luego de años de investigación judicial al caso que investiga a la expresidenta de la Nación Cristina Fernández de Kirchner por presunto lavado de dinero a través de sus hoteles de Hotesur, la Justicia le quitó el control de los mismos por orden del juez federal Julián Ercolini, por pedido del fiscal Gerardo Pollicita.
Esto fue por la intervención de Idea S.A., la empresa de Osvaldo Sanfelice que gerenciaba los hoteles Alto Calafate, Las Dunas y La Aldea de El Chaltén, y por la detección de irregularidades, entre ellas, una deuda por más de 2 millones de pesos con Hotesur, la firma propietaria del hotel Alto Calafate.
Los interventores deberán reunir información sobre la firma, administrar sus fondos y recaudar dinero por el lapso de seis meses. La Justicia dispuso que todas las autoridades de la firma sean removidas.
Esta decisión se suma a las anteriores medidas que le quitaron poder de decisión a la expresidente sobre sus bienes. Desde diciembre de 2016, la inmobiliaria Los Suaces S.A. -que tuvo como principales inquilinos a Lázaro Báez y Cristóbal López, se encuentra intervenida.
El desencadentante de la intervención de Idea es una deuda que esta firma mantiene con Hotesur. Según el convenio, la empresa de Sanfelice se comprometió a pagarle por mes – desde mayo de 2015- un canon mensual de 190 mil pesos y el 22 por ciento de las utilidades. Los veedores de la firma detectaron que a julio de 2017, Sanfelice pagó solo los canones asignados a los meses de septiembre y octubre de ese año, con cinco meses de retraso.
Si bien Sanfelice adeuda 2.019.461 millones a Hotesur, Pollicita detectó que en marzo de este año Idea tenía un saldo positivo de 4.062.158 millones, lo que comprueba que existió intención de no pagar.
“Resulta necesaria la intervención, porque así se intentará aclarar las deudas que registren sus negocios, conservar el patrimonio de la empresa cautelada, continuar con la actividad que desarrolla hasta el momento y subsanar las deficiencias administrativas y contables antes descriptas”, indica la resolución judicial.
Los interventores designados deberán rendir mensualmente el estado de cuenta de Idea y “mejorar el desarrollo de ese negocio”. Las ganancias irán a un plazo fijo de renovación automática. Sanfelice no podrá tocar más fondos de esa empresa.
