María José Lubertino integra el pelotón de postulantes a presidir la Defensoría del Pueblo de la Nación, que se encuentra acéfala desde hace siete años. Ante Noticias Urbanas, la extitular del Inadi y exconstituyente porteña explica sus proyectos, se mete con los tarifazos y opina sobre los reclamos mapuches en el sur. También, analiza las reformas de Macri, evalúa la situación de los derechos humanos en nuestro país y propone una serie de medidas para erradicar la violencia contra las mujeres.
–Usted forma parte del grupo de candidatos propuestos para conducir la Defensoría del Pueblo de la Nación, ¿qué impronta le daría a ese organismo si resultase electa?
–Después de siete años sin defensor ni defensora del Pueblo, hay que recuperar su visibilidad y confiabilidad pública, entusiasmar al equipo que estuvo acéfalo tanto tiempo y articular con la red de defensores/as del Pueblo y las organizaciones de la sociedad civil que estuvieron en todas las ciudades y provincias tratando de cubrir este vacío, muchas veces sin el reconocimiento ni los recursos. Las prioridades son recuperar mecanismos de diálogo y tender puentes en todos los conflictos existentes para lograr la igualdad real de oportunidades y de trato, garantizando el acceso a la Justicia y dando voz a las mayorías postergadas (los/as que menos tienen y las mujeres) y los colectivos invisibilizados o estigmatizados (personas con discapacidad, pueblos originarios, adultos/as mayores y niños/as, con énfasis en la primera infancia y adolescentes, LGBTTI, migrantes, afros). Apoyar a los/as vecinos/as y grupos que en soledad muchas veces reclaman por el acceso al agua, el cuidado de la salud y el cuidado del ambiente y el patrimonio, los intereses colectivos, los bienes comunes. Y proponer reformas legales que permitan prevenir la corrupción, especialmente en las contrataciones del Estado y obras públicas, para no llegar siempre tarde con los delitos ya cometidos.
–Se la vio activa participando en audiencias públicas en las que se discutieron los últimos aumentos de tarifas. ¿Cree que son realmente necesarios para garantizar la prestación de los servicios públicos, como señala el Gobierno, o los considera desmedidos? Si es así, ¿cuál sería la alternativa para lograr un equilibrio entre un mejor servicio y la no afectación de los bolsillos de los usuarios?
–Obviamente, los aumentos son desproporcionados. Desde que asumió esta administración, el gas aumentó 600 por ciento y la electricidad entre el 600 y el 1.000 por ciento. Esto sin contar los incrementos que se vendrán desde diciembre próximo y que no guardan relación con los ingresos de los/as usuarios/as –que solo aumentaron, en el mejor de los casos, en un 60 por ciento– ni con los servicios que se prestan. No era bueno tampoco el sistema anterior de subsidiar a las empresas. Proponemos “paritarias en los servicios públicos”, con la participación de las asociaciones de consumidores/as y de las pymes. Impulsamos un cambio en la matriz energética para no seguir dependiendo de los combustibles fósiles y de la fijación de precios en dólares a pesar de que los recursos son nacionales. Se debe sancionar la ley de energía distribuida para que cada usuario/a pueda generar su propia energía en cada región y aportarla a la red. Hay mucho más que se puede hacer por las energías renovables.
–¿Qué opinión le merece el paquete de reformas laborales, impositivas y jubilatorias que impulsa el presidente Macri?
–Muchas reformas son necesarias. Hace años que proponemos cambios en el sistema impositivo: salir de un esquema regresivo, bajar el IVA en muchos productos y gravar a los sectores más concentrados de la economía. Hace años que proponemos licencias por paternidad y que las tareas de cuidado de niños/as, adultos/as mayores y personas con discapacidad sean socialmente reconocidas. Esperemos que estos proyectos se puedan incorporar en el debate. Por nuestra Constitución Nacional y los tratados de Derechos Humanos rige el principio de progresividad y no son admisibles reformas regresivas; hay un piso de derechos sociales y laborales ya consagrados. Si se afectan esos estándares preexistentes aumentará la judicialización, que es lo que queremos evitar, con lo cual nos proponemos ayudar al diálogo y la participación en el debate parlamentario y con el Gobierno para llegar a las mejores soluciones.
–¿Cuál es su postura con respecto a los reclamos de la comunidad mapuche en el sur?
–Nuestra postura es hacer cumplir la Constitución y la ley en el reconocimiento de derechos de los pueblos originarios. En eso hay una gran deuda. Debemos ayudar y apoyar a las provincias, a los municipios y al Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) en esa tarea, especialmente donde más tensiones y conflictos haya. No hay conflicto que no pueda resolverse. Hay que aprender a escuchar y estar dispuesto a ponerse en el lugar del otro/a.
–¿Las fuerzas de seguridad están actuando conforme a las normas o cree que hay un recrudecimiento de la violencia de parte del Estado más allá de lo permitido por la ley?
–Hay que investigarlo en cada caso concreto y para eso está la Justicia, a la que debemos apoyar sin presiones políticas ni mediáticas. Pero existe un largo historial de violencia institucional en democracia. Desde los organismos del Estado y en el máximo nivel deben darse señales claras de que dentro de la ley, todo; fuera de la ley, nada.
–¿Cómo es la situación de los derechos humanos hoy?
–No hay país del mundo donde no se violen los derechos humanos, y la Argentina no es la excepción. El tema es si son casos aislados o en algunos temas el problema a desmontar es sistémico o estructural, como parece suceder con la violencia de género o la ineptitud del sistema carcelario. Y la otra cuestión fundamental son las dificultades en el acceso a la Justicia, que no es solo que haya un Poder Judicial independiente sino el acompañamiento y los derechos de las víctimas. Un avance importante será la implementación de la Ley 27.372, promulgada en julio para las víctimas de delitos.
–¿Qué tipo de políticas se deberían implementar para terminar con la violencia de género en nuestro país?
–Es fundamental la educación con perspectiva de género y la educación sexual desde el nivel inicial, como establecen las leyes vigentes pero que no se cumplen en muchos lugares. Queremos ayudar a los ministros/as de Educación en ese monitoreo y acompañar al Instituto Nacional de las Mujeres en su tarea. Esto debe ser una política de Estado. Otra pata importantísima es la sensibilización y capacitación con perspectiva de género de jueces/as, fuerzas de seguridad y efectores de salud. Allí hay violencias institucionales y revictimizaciones inadmisibles. Hay cambios y protocolos, pero falta mucho por hacer. También hay que sancionar leyes a nivel nacional y locales para apoyar económicamente a las mujeres víctimas de violencia y a sus hijos/as, como la Ley Brisa en la Ciudad de Buenos Aires. Y, fundamentalmente, hay que trabajar con los medios de comunicación y los publicistas para erradicar las prácticas y modelos patriarcales. Por suerte hay nuevas tendencias en comunicación que resultan refrescantes.