Si en la Ciudad de Buenos Aires hubiera asamblea del “Círculo Rojo”, cuya definición, según Mauricio Macri, engloba a aquellos que son influyentes, sin lugar a dudas tendrían butacas asignadas Bernardo Marcelo Pérez y Marcelo Daniel Violante, dos “emprendedores” a cargo de las concesiones vencidas para el acarreo de autos.
Con CUIT Nº 20-18.284.940-6, “Bernie”, de acuerdo al alias con el que Pérez es conocido en el ambiente, figura ante la AFIP como “monotributista, categoría D”. Es decir, una suerte de locador de servicio. Bernie y su socio Ricardo Chiantore (h) operan en la zona sur de la Ciudad el negocio del parking y acarreo con el nombre de Servicio de Estacionamiento Controlado (SEC), bajo la égida de BRD SA.
Por su parte, Marcelo Daniel Violante preside la empresa Dakota SA, y con su controladora Servicio de Tránsito Ordenado (STO) regentea el estacionamiento en la zona norte.
En la Comisión de Tránsito y Transporte de la Legislatura descansan, entre asesores, los pliegos licitación del “Sistema de Servicio Público de Estacionamiento Regulado de la CABA”, expediente Nº 3.566-J-12.
Al menos desde 2001, las concesiones están vencidas, y si bien los diputados votaron una ley exigiendo el nuevo ordenamiento jurídico con un plazo de un año para su ejecución, la Subsecretaría de Transporte porteña, comandada por Guillermo Dietrich, no puso en marcha el cambio.
El 10 de noviembre de 2011, los diputados Sergio Abrevaya, Gabriela Alegre, Martín Borrelli, Juan Cabandié, Fernando de Andreis, Patricio Di Stefano, Ezequiel Fernández Langan, Jorge Garayalde, Alejandro García, Álvaro González, Raquel Herrero, Diego Kravetz, María José Lubertino, Diana Martínez Barrios, Victoria Morales Gorleri, Oscar Moscariello, Martín Ocampo, Enzo Pagani, Claudio Palmeyro, Silvina Pedreira, Carmen Polledo, Mateo Romeo, Rocío Sánchez Andía, Fernándo Sánchez, Lidia Saya, Bruno Screnci Silva, Karina Spalla, Carolina Stanley, Avelino Tamargo, Marta Varela y Oscar Zago dieron forma en una sesión caliente a la Ley 4.003, que modificó el Código de Tránsito y Transporte.
En sus artículos 9 y 10, la norma fijó las facultades para que el Gobierno porteño llame a una licitación pero cambiando la ecuación: los concesionarios percibirán un canon por servicio prestado sin la lógica recaudatoria de los acarreos. Además, se sumaron cláusulas transitorias: “El nuevo esquema regulatorio deberá comenzar a implementarse en el plazo de un (1) año a partir de la promulgación de la presente ley” y “vencido dicho plazo, el Poder Ejecutivo procederá a brindar el servicio público por sí, garantizando al personal de las actuales concesionarias del servicio estabilidad laboral”.
Estas dos cláusulas introducidas en el recinto por el exdiputado Kravetz y apoyadas por Sergio Abrevaya y Claudio Palmeyro ayudaron a alcanzar la mayoría. Los legisladores Rubén Campos y Rafael Gentili apretaron el botón negativo.
En medio de la falta de legalidad de los contratos y amparándose en que al tratarse de un servicio público deben continuar operando, los empresarios consiguieron favores varios, ya sea la reactualización de las tarifas para los acarreos o nuevos negocios.
La última jugada más llamativa de este “Círculo Rojo” ha sido que, sin llamado a una licitación gubernamental, fue anunciado como una gran noticia la llegada de las grúas a Puerto Madero. El argumento (poco creíble): lo pidieron los vecinos. La Subsecretaría de Tránsito y Transporte porteña, argumentan, respondió un reclamo de la Asociación de Vecinos de Puerto Madero con el objeto de ordenar el estacionamiento no medido en las calles del barrio más nuevo de la Ciudad. Incluso, funcionarios dejaron folletos en los parabrisas de los autos estacionados avisando de los “nuevos servicios”. Y definieron que el botín de los rodados levantados será para la empresa SEC. Según pudo saber NU, hay damnificados del barrio por el acarreo que están estudiando realizar denuncias penales contra los funcionarios públicos y exigir judicialmente la devolución del dinero abonado debido a la falta de habilitación legal de la empresa para operar en la zona. En la actualidad, el costo del acarreo es 350 pesos, que se suman a los 332 pesos de multa.
Tragedia & negocios
La triste escena tuvo lugar el último martes por la mañana en Carlos Pellegrini al 300, cuando un remisero de 71 años de edad, cuya única actividad para brindarle alimentos a su familia era su trabajo, tuvo la mala fortuna de discutir con los operarios de la playa de infractores de tránsito del Gobierno de la Ciudad.
Oriundo de Villa Tesei, el remisero supo que su automóvil, de marca Fiat, había sido acarreado por las grúas fuera de control. Cuando fue a retirar su vehículo, comprendió que para poder tener nuevamente el control de su propiedad privada debía primero dejar en las oficinas 350 pesos, solo por el acarreo, y luego enfrentar la multa.
No pudo sobrepasar ese mal momento y su corazón dejó de latir delante del ingreso de la playa, frente a la mirada del personal, que quedó afectado por la situación. El SAME confirmó horas más tarde que el hombre perdió su vida como consecuencia de la falla cardíaca.
Los pliegos vencidos funcionan con una ecuación recaudatoria y pueden verse las camionetas recorriendo las calles porteñas a la búsqueda de autos mal estacionados.
Defendamos Buenos Aires, una ONG que se ocupa de esta situación, sostiene que por lo menos unos 1.000 autos por día caen en las garras de las grúas descontroladas. Si la cuenta se realiza por 350 pesos –lo que cuesta el acarreo– la cifra asciende a 350 mil pesos al día.
El levantacoches
El que habla es Bernie: “No pueden convivir los ‘cuidacoches’ con un sistema organizado de estacionamiento. Los mismos deben ser capacitados para otras funciones. Ningún sistema puede avalar este tipo de trabajo que no es digno”.
La crónica del diario paraguayo ABC Color de Asunción indica que el “empresario argentino” se reunió con las autoridades paraguayas para hablar de su negocio. No solo en países limítrofes intenta vender servicios Bernie, también en las provincias, al igual que Dakota.
Experiencias en Neuquén, Entre Ríos y Santa Fe, por mencionar algunas, hacen que las concesionarias del estacionamiento medido sigan en el mundo empresarial. Son parte de la Cámara Argentina de Comercio, presidida por Carlos de la Vega.
Las prórrogas fueron empujadas en dos ocasiones, y tanto Bernie como Violante esperan que el marco de licitación que comienzan a discutir los legisladores nunca a llegue a buen puerto.
Ya no habrá dos zonas para operar sino que serán cinco, con empresas dispuestas a competir. “El peor comportamiento de los automovilistas rige las actuales directrices del negocio de STO y SEC. El pliego a discutirse pagará por servicio fijo. La lucha de Bernie recién empieza”, apunta un legislador ducho en la esgrima de los asuntos públicos.
Lourenzo: “Sí en Once, no en Lugano o Devoto”
Vicente Lourenzo, vicepresidente primero dela Federaciónde Comercio e Industria dela Ciudadde Buenos Aires (Fecoba), hablando en nombre de la entidad gremial más grande del país, expresó su disconformidad con el impacto del accionar de las grúas en la actividad de los comerciantes porteños.
“No estamos de acuerdo en que vayamos de4.800 a170 mil parquímetros. Estos pueden ser eficientes en lugares de alta densidad como el microcentro, el macrocentro, Once y Puerto Madero, pero son válidos y eficaces si no hay abusos”, expresó el dirigente empresarial, que además presidela Cámarade Comerciantes Mayoristas e Industriales.
“En Fecoba pensamos que su extensión es innecesaria. No tiene sentido que haya parquímetros en los centros comerciales de Devoto, Lugano y Villa del Parque y en las avenidas Gaona y Nazca. Pensamos que si hacen eso no buscan el reordenamiento del tránsito, sino una finalidad recaudatoria”, continuó Lourenzo.
Para ejemplificar su posición, el dirigente alegó que “si existen parquímetros en los centros comerciales, se fomenta que la gente del barrio no vaya a ellos y se dirija al shopping, que tiene estacionamiento propio. Por eso decimos que en Once su uso es lógico, pero no se debe aplicar en Lugano o Devoto, porque así el vecino no puede aprovechar su propio barrio. Allí es innecesario”.
Amado: “Este año aún no hubo sanciones”
Ente Único de los Servicios Públicos Privatizados, que tiene a su cargo recibir las quejas de los usuarios, confeccionar los sumarios que resultan de las denuncias y, finalmente, sancionar a las concesionarias.
“Las multas son pecuniarias –explica el funcionario– y consisten en sumas que fluctúan entre los dos mil y los diez mil pesos, pudiendo ser mayores si se reiteran las infracciones de las empresas.” Un dato preocupante que agrega luego el directivo es que este año aún no hubo sanciones contra las concesionarias, como si estas trabajaran en el mejor de los mundos.
“La mayor cantidad de denuncias se producen por la deficiente marcación horizontal y vertical, que está a cargo de las empresas. La marcación horizontal es la que está en las ochavas y las esquinas, y la horizontal son los carteles de advertencia”, explica el funcionario.
“Hay varios sumarios por esta causa –narra el controlador–, porque las empresas arreglan algunas demarcaciones y otras no.”
“Otra de las quejas que se repite es patrimonial, es decir, por las eventuales roturas que produce el acarreo en los vehículos. Casi siempre la empresa abona sin mayores obstáculos las reparaciones”, relata Amado.
Finalmente, expresó que “en principio, el objetivo de las grúas y parquímetros era desalentar el uso de los vehículos particulares y estimular el uso del transporte público, pero luego mutó hacia un fin solo recaudatorio y por eso existen tantas irregularidades, porque en ese marco las empresas están mal controladas”.
Los números del levante (Por Horacio Ríos)
El contrato que liga a las empresas concesionarias Sistema de Tránsito Ordenado (STO) y Sistema de Estacionamiento Controlado (SEC) data de 1990, en los tiempos en los que Carlos Grosso, hoy uno de los asesores enmascarados de Mauricio Macri, era el intendente dela Ciudadde Buenos Aires.
El contrato fue firmado por un período de diez años y venció en febrero de 2001. Las razones por las cuales desde entonces ambas empresas perduran en la clandestinidad jurídica son desconocidas, aunque eso no impida imaginarlas.
Hasta 2009, las empresas pagaban un canon casi ridículo –casi testimonial– de mil pesos por mes, pero en 2011 aumentó a 30 mil pesos. Actualmente pagan 55 mil pesos por mes y es una cifra que SEC y STO abonan fácilmente, habida cuenta de que junto con el aumento en el canon se les permitió elevar la tarifa por acarreo de 56,70 pesos primero a 190 pesos y luego a los 350 que se abonan actualmente, una cifra que equivale al 500 por ciento de aumento.
No solo eso, también se les autorizó a trabajar las 24 horas del día, por lo que la “producción” de sus atareadas 35 grúas puede llegar hasta el acarreo de dos autos, cada una, por cada hora, que equivaldría a unos 50 mil autos cada mes, aunque las autoridades alegan que “solo” se llevan 12 mil cada 30 días. Antes, las grúas trabajaban solamente hasta las nueve de la noche, cinco días a la semana y ahora trabajan 24 horas, los siete días de la semana.
Si sostuvieran el ritmo de dos autos por hora de manera constante, cada una de las empresas podría recaudar unos 17 millones de pesos cada mes, por lo cual la cifra del canon es casi irrisoria, aunque sea algo menor. No existe en el mundo de los negocios privados una actividad por la que se recaude esa cifra, con gastos menores al 10 o el 12 por ciento de ese gigantesco beneficio. Para dar una idea, con el acarreo de 158 autos pagan el canon.
Como adicional, hasta 2007, la dotación de la grúa incluía a tres personas, una de las cuales era un policía federal, pero desde entonces estos fueron reemplazados por 168 agentes de tránsito, sin ningún cargo para las empresas, que antes debían pagar los adicionales de los policías federales y ahora se sacaron de encima esa molesta gabela. Los porteños gastan 670 mil pesos por mes por este rubro que les facilita la vida a estos prósperos empresarios.
Un hombre de 71 años murió de un infarto en la mañana del martes 17 de septiembre en el ingreso dela Playade Infractores de la 9 de Julio cuando iba a retirar el auto que aparentemente le habían acarreado.
Según trascendió, el hombre era un remisero de Villa Tesei cuyo auto había sido llevado por la grúa al dejarlo mal estacionado en el centro porteño mientras realizaba unos trámites.
El hecho ocurrió cerca de las 8, cuando el hombre que trabajaba como remisero se acercó a la playa de acarreo del Gobierno dela Ciudad, donde había sido trasladado su automóvil.
El fallecimiento ocurrió en el momento en que el sujeto reclamaba con vehemencia ante un inspector de tránsito, informaron fuentes policiales.
El hombre se dirigió hasta la playa ubicada en Carlos Pellegrini al 300, pero en el ingreso se descompuso y murió. Algunas versiones –que fueron rechazadas por voceros dela Policía Metropolitana– indican que el paro cardíaco se produjo después de mantener una discusión con un agente de tránsito.
El titular del SAME, Alberto Crescenti, señaló que cuando la ambulancia llegó el hombre ya estaba muerto y que habrá que esperar los resultados de la autopsia para determinar las causas del fallecimiento.
Chavarri: “Para marcar las zonas de estacionamiento prohibido, las empresas usan pintura que se borra con la lluvia”
Juan Manuel Chavarri es el titular de la ONG No al Parquímetro, que viene peleando cuerpo a cuerpo desde hace ya varios años contra los abusos que han venido cometiendo los sucesivos gobiernos con las concesiones de grúas y parquímetros.
“La combinación de los trapitos, las grúas, los parquímetros y el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires es la sociedad perfecta”, lanza con ironía Chavarri, resignado a su papel de hostigador constante, que lo convirtió en un blanco de amenazas también constantes por parte de algunos supuestos desconocidos.
“Prorrogaron los contratos de manera ilegal, cuando la Ley 4.003, dictada en 2011, obligaba al Gobierno a licitar la concesión o a asumir el trabajo de las grúas por sí mismo, manteniendo las fuentes de trabajo existentes”, dispara sin hesitar.
“La grúa 35 de STO levantó el otro día un auto en Beruti y Anchorena y en 14 minutos estaba de vuelta en la zona. Mientras esto ocurre, el agente de tránsito que acompaña a los empleados de las concesionarias ni siquiera los obliga a cumplir las normas que deben observar, como llevar las balizas giratorias constantemente encendidas y respetar determinadas velocidades máximas. Los choferes de las empresas apagan las balizas porque si las llevan funcionando son mucho más visibles y hasta pueden alertar a los dueños de los vehículos y multiplicar los incidentes”, se indigna el dirigente vecinal.
“La última es la más grave. Ambas empresas están autorizadas a pintar las zonas en las que no se permite estacionar, pero lo hacen con pintura al agua, que a la tercera lluvia queda borrada. La ley obliga a que se pinte con pintura acrílica, que no se deteriora tan fácilmente. Así, de esta manera, los automovilistas no ven claramente las zonas prohibidas y entonces viene la grúa y se los lleva, ayudando a aumentar la recaudación.”