El feminismo entendió hace un tiempo que los argumentos de “hay que ver lo que dice la Justicia” y “comprobado científicamente”, no son admitibles puesto que parten de un sistema desigual de poder, de derechos y oportunidades en la cual las femeneidades son las que peor la pasan.
Todavía se sufren las heridas que dejaron fallos judiciales sin perspectiva de género como fue el caso de Lucía Pérez en diciembre, violada y torturada por tres mayores de edad y que fueron sobreseídos por considerar que fue una relación “consentida”; o fallos como el del juez de Ejecución de Penas de Gualeguaychú, Carlos Rossi, quien liberó en 2016 a Sebastián Wagner, preso por abuso sexual, y que a continuación se convirtió en el femicida y violador de la joven de 16 años Micaela García, en Gualeguaychú.
No obstante, un fallo judicial marcó esta semana lo que podría ser el puntapié inicial para terminar con la justicia machista:
El fiscal federal Franco Picardi, titular de la Fiscalía en lo Criminal y Correccional Federal N°5, consideró en un caso donde se involucraban personas trans, su situación de “vulnerabilidad estructural” y las consideró “sobrevivientes”.
La causa se originó en una denuncia presentada en octubre de 2017 luego de que distintas cámaras de seguridad captaron la venta de drogas en un hotel en el barrio porteño de Constitución. A partir de allí se inició una investigación que concluyó en diciembre de 2018, donde quedaron procesadas cinco mujeres trans, cuatro de ellas de nacionalidad peruana acusadas de narcomenudeo y también el encargado de uno de los hoteles como facilitador del lugar para que se realice la comercialización.
De manera histórica, Picardi elaboró un dictamen donde repasa la difícil realidad que viven a diario esas personas:
“Se juntaron muchas variables, son pobres, inmigrantes, viven en un hotel y tienen un consumo problemático de drogas. Eran víctimas de una organización más grande, que es a la que realmente se debe investigar”, aseguró Picardi.
Es que el fiscal no desconoció la realidad de las personas trans: tienen una expectativa de vida de 35 años, igual que la de una persona en la Edad Media, el 98% no consigue trabajo formal ni vivienda, y están completamente excluídas del sistema de salud.
En efecto, el fiscal señaló que el colectivo trans -al igual que las personas lesbianas, gays, bisexuales, e intersex (LGBTI)- integra un grupo vulnerado con altos índices de padecimiento de violencia y con importantes barreras en el acceso a derechos, en base a pretextos basados en su orientación sexual y su identidad.
La presentación indica que la situación social, económica y laboral de cada una de las imputadas encaja “taxativamente” con una situación caracterizada por escenarios de violencia, marginalidad, necesidades básicas insatisfechas, la imposibilidad de desarrollarse libremente con carencias de educación, trabajo formal, vivienda y demás derechos básicos.
Desde el colectivo 100% Diversidad y Derechos, que promueve y defiende el respeto por la libre orientación sexual e identidad de género, contaron que esta solicitud es la primera vez en la que se considera la “vulnerabilidad estructural” para las mujeres trans y que por eso marca un precedente: “Es un avance paradigmático, histórico. No solo por reconocer la situación de vulnerabilidad incrementada de la población travesti trans sino por ordenar la profundizar la investigación hacia arriba”.
Ahora el juez deberá resolver el planteo de la fiscalía, y determinar si son o no sobreseídas por el hecho. No obstante, este fallo con perspectiva de género abre un mundo nuevo de posibilidades que podría sentar jurisprudencia para que, por fin, no haya que lamentarse por más Micaelas, Lucías y tantas otras.