En muchas capitales las grúas tienen como objetivo la remoción de los vehículos que impiden o entorpecen el tránsito, obstruyendo garajes, bocacalles, rampas para discapacitados, carriles exclusivos para ómnibus o vías estrechas en las que está prohibido detenerse. Aquí, en cambio, remueven mayoritariamente autos que no obstruyen la circulación. Los secuestros de automotores que practican a destajo son muchas veces un descarado robo a mano armada. Robo, porque en numerosas ocasiones los vehículos son removidos de lugares donde hay señales contradictorias o por infracciones tan zonzas como tener el ticket de estacionamiento vencido unos pocos minutos (aunque el auto esté perfectamente estacionado). Y porque el aumento sin justificación de 56,40 a 190 pesos dispuesto por el macrismo para el acarreo (la multa se cobra aparte) bien puede ser considerado un robo. A mano armada, porque las grúas operan llevando un policía. Y descarado, porque frecuentemente no hay nadie que ponga la cara por las empresas, sólo un cajero que, si las cosas se ponen bravas, invita a descargar iras en los libros de quejas (en los que la palabra ?chorros? aparece en todas las grafías imaginables) y uno o dos suboficiales de la Federal, muchas veces sin la obligatoria identificación a la vista, tal como pudo corroborar NU en una rápida recorrida nocturna.
Las compañías cuyos nombres de fantasía son Sistema de Estacionamiento Controlado (SEC) y Sistema de Tránsito Ordenado (STO) están lanzadas a una maratón recaudatoria. Hace 8 años y medio que venció el contrato que firmaron con el intendente Carlos Grosso en 1990. En otro siglo, otro milenio, otra era. Pero dichas empresas y el Gobierno porteño fingen demencia y hacen como si nada. Por eso, muchos abogados ?como Javier Manzano y Javier Miglino? sostienen que la operatoria de grúas, parquímetros y ticketeras es ilegal, incluso confiscatoria. Como era de esperarse, las ?concesionarias? (Dakota SA, controladora de STO, que actúa al norte de Av. Corrientes, y BRD Sacifi, que controla SEC, que opera al sur de esa avenida) niegan actuar como piratas del asfalto. Dicen en cambio que secuestran por cuenta del Gobierno. Es decir, son corsarios.
Cuando el país comenzó a salir del pozo, en 2003, el entonces subsecretario de Tránsito y Transporte de la Ciudad, Horacio José Blot, justificó que las grúas continuaran actuando a pesar de que los contratos vencidos no preveían prórrogas automáticas. Dijo que el gobierno de Aníbal Ibarra se los había pedido y citó ?un dictamen del procurador que validó el pedido ?siempre que se mantuvieran las mismas condiciones? de la concesión original. Pero esas condiciones cambiaron radicalmente. El gobierno de Macri extendió las zonas de captura, puso parquímetros y máquinas ticketeras en nuevos lugares a cargo de STO y SEC, autorizó la incorporación de decenas de nuevas grúas y a la vez restringió severamente el espacio donde poder estacionar (ver ?Trampas cazabobos?).
También cambiaron los cánones, las tarifas, el estatus jurídico de la participación policial y los horarios. Hasta 2007, las horas (adicionales) de los policías eran pagadas directamente por SEC y STO. A partir de entonces, el gobierno PRO decidió hacerse cargo de ellas pretextando la necesidad de auxiliar a unas ?concesionarias? que supuestamente estaban al borde de la ruina. El mismo pretexto se utilizó para aumentar la tasa de acarreo, que en noviembre último quedó fijada en 190 pesos.
La presencia policial les pone a los abordajes un barniz de legalidad. Pero en la práctica los policías hacen ?adicionales? (horas extras) como custodios privados. El Gobierno porteño aduce que labran las actas correspondientes en su carácter de agentes estatales, pero cualquiera puede concluir que ello es casi un mero trámite para justificar el acarreo y consiguiente cobro del suculento rescate. Hasta el punto de que dichas actas, si son protestadas, resultan frecuentemente anuladas por los controladores debido a vicios formales derivados de la rapidez con que suelen ser redactadas. También variaron los horarios de trabajo. Antes de Macri, las grúas no trabajaban los fines de semana, desde los sábados a las 13 hasta los lunes a las 7. Entonces, en el silencio de la noche, la ambición descansaba. Hoy trabajan las 24 horas.
Los ?concesionarios? parecen estar fuera de sí desde que la presión de los vecinos obligó a Macri a quitar los parquímetros que había colocado en Barrio Norte, Almagro y San Telmo. Donde el estacionamiento volvió a ser gratuito y las grúas ya no pueden remover autos a troche y moche, como hicieron en el breve período en el que los parquímetros funcionaron, provocando la reacción popular.
También cambió el canon mensual que tiene que pagar cada una de estas empresas, que pasó de simbólicos mil pesos a unos (también exiguos) 20 mil pesos. Al erario público no ingresa un peso más, ya que el monto de las multas no aumentó y sigue en 37 pesos. Sólo lo hizo ?el servicio? de remoción de autos supuestamente mal estacionados o bien estacionados pero con el ticket vencido que, como sucede en otras grandes capitales del mundo, debería multarse sin ser removido, ya que aunque su chofer sea moroso, no dejan de estar correctamente estacionados. Es más, la semana pasada, el Gobierno porteño decidió secuestrar los vehículos que pasen semáforos en rojo (una falta grave) sin cobrar acarreo, lo que vuelve aún más ilógico el exorbitante rescate que se debe pagar tras un secuestro por parquímetro vencido.
Culpando al sindicato
Uno de los motivos por el que pasan años y gobiernos y no se hace una nueva licitación es que la ley dispone que antes se haga una audiencia pública. En momentos en que arrecian las críticas de los incautos que caen en verdaderas trampas cazabobos, el Gobierno porteño procura desviar las iras, deslizando que uno de los socios del SEC es Pablo Moyano. Lo dice a modo de cortina de humo antes de hacer un anuncio en verdad trascendente: que piensa ciscarse nuevamente en la ley y llamar a licitación por decreto. El anuncio fue hecho por el director de Concesiones del Ministerio de Desarrollo Económico, Javier Alejandro Solari Costa.
El acarreo de autos es un negocio tan grande que en marzo pasado el SEC logró que el Gobierno lo autorizara a poner una segunda ?playa de infractores?. Así, las grúas no tienen que llevar los autos secuestrados en el centro hasta la playa de Brasil y Bernardo de Irigoyen. Ahorrarse esas 18 cuadras de ida y 18 cuadras de vuelta les permite acarrear hasta tres autos por hora.
Solari Costa dijo no saber exactamente cuánto recaudan STO y SEC por la remoción y acarreo de autos. ?Estamos averiguándolo?, agregó.
Si uno quiere mudarse o mover muebles y enseres de un lado al otro, un flete cuesta, como caro, 60 pesos por hora. Obligado a justificar el cobro de 190 pesos por la remoción y traslado de cada auto, Solari Costa suspiró: ?Ojalá pudiésemos bajar el precio del acarreo, pero una grúa cuesta entre 120 mil y 150 mil pesos, y cada 40 mil kilómetros hay que cambiarles las ruedas. Hay que considerar estas cuestiones. Además, cada hombre que está en las grúas gana cuatro mil pesos, que lo pagan las empresas?. Volvió así a responsabilizar de la exacción al sindicato de camioneros: ?El que te asalta no es Macri, es Moyano?, es el mensaje no tan subliminal. El sitio de internet que publicó estas declaraciones, La Política Online, añadió que ?la concesión del acarreo tuvo las tarifas congeladas durante años. Por presiones sindicales, en especial de parte del gremio de camioneros que encabeza Pablo Moyano (hijo de Hugo), se logró que se aumenten de 90 a 190 pesos. Esto posibilita, entre otras cosas, que un conductor de grúa gane alrededor de cuatro mil pesos?.
El vínculo de los Moyano con las grúas se remonta a junio de 2004, cuando el Sindicato de Camioneros llegó a un acuerdo con el entonces jefe de Gobierno Aníbal Ibarra. Por ese acuerdo se puso fin a un paro de recolectores de basura en apoyo a los cerca de 200 empleados del SEC, que reclamaban y obtuvieron el cambio de encuadre sindical, pasando de la Unión Obrera de la Construcción (Uocra) a las filas de los camioneros, cuyo convenio prevé sueldos mucho mejores. A partir de entonces, susurran legisladores oficialistas y opositores, Pablo Moyano tendría una participación en SEC.
Culpando a diputados
A la hora de anunciar la intención gubernamental de renovar las ?concesiones? por decreto, Solari Costa responsabilizó a la Legislatura de ?cajonear? la parición de una convocatoria ajustada a la ley. Circunstancia que, añadió, habría obligado a Macri a tomar la decisión de ?armar una nueva licitación a cinco años?, plazo para el que, de acuerdo a la normativa porteña, podría convocarla por decreto. Los diputados, dijo, ?perdieron mucho tiempo? y Macri decidió ?hacer una licitación corta? (sic). Los pliegos, elaborados en conjunto con la Subsecretaría de Transporte, dijo entonces, se darían a conocer de manera inminente. Solari Costa no quiso hablar con NU, que, sin embargo, averiguó de fuentes del Ministerio de Desarrollo Económico que la licitación parece, al menos momentáneamente, trabada. Se empantanó cuando el entonces subsecretario de Transporte, Jorge Braulio Norverto, renunció luego de que su jefe de Gabinete fuera detenido por extorsionador. Asumió en su lugar Guillermo Dietrich, un vendedor de autos que en teoría conducirá políticas dirigidas a desalentar su uso. Norverto era partidario de llamar a licitación por separado para los parquímetros y ticketeras, por una parte, y para la remoción y acarreo de vehículos, por otra, de modo que fueran dos empresas y no sólo una las que actuaran en cada zona. En cambio Dietrich es partidario de continuar con el actual esquema, en el que la misma empresa te vende la hora de estacionamiento y puede llevarse el coche al minuto siguiente. Como también debe expedirse el Ente de control, se ha abierto una pausa que acaso sirva para que la oposición tome cartas en el asunto. Si no lo hace y la maniobra se corona con éxito, son previsibles nuevos y sustanciales aumentos de tarifas, que ya fueron explícitamente anunciados en la Resolución Nº 690/08 del pasado 16 de octubre, firmada por los ministros de Desarrollo Económico y Desarrollo Urbano. Pero aún si la Legislatura aborta la maniobra, continuará la prórroga de hecho, por más ilegal que sea. Hasta que los diputados tomen el toro por las astas.
Solari Costa también comentó que el Gobierno, y en particular él mismo, se hallan abocados a implementar un nuevo sistema que reemplazará parquímetros y ticketeras por mensajitos de sms. Lo que, adelantó, ?permitirá contratar por anticipado? algún lugar para estacionar. Si es que se encuentra.
La remoción del automóvil implica siempre grandes perjuicios para su chofer, que se ve forzado a pagar lo que se exige, pues es habitual que no haya nadie que dé la cara por las empresas; no hay juzgados de guardia contravencionales a los que recurrir en el momento, y los policías presentes ?muchas veces sin su identificación? se la pasan aclarando que no están allí más que para evitar que se produzcan agresiones y desmanes.
Si el infortunado/a está sin dinero y se ve obligado a dejar el auto, deberá pagar luego la estadía, a 26 pesos diarios, como si lo hubiera dejado en la playa por propia voluntad. Si quiere protestar, además de hacerlo en el libro de quejas (lo que no parece más fructífero que arrojar una botella al mar) tendrá que perderse una mañana, o una tarde, en el viejo Mercado del Plata. Y si va con el auto, tendrá que dejarlo en el garaje más caro de la Argentina, supuestamente público, o en los apenas más baratos garajes privados de las inmediaciones. Un círculo infernal.
