Finalmente, en un marco de extrema tensión social, el Gobierno nacional logró su objetivo de que el Congreso aprobara la ley que cambia la forma de calcular la movilidad de los haberes jubilatorios y la Asignación Universal por Hijo. En lugar del ajuste sustentado por mitades en la evolución de los salarios y en la recaudación impositiva, se usará una fórmula basada en un 70 por ciento en la inflación y en un 30 por ciento en el incremento de los salarios formales. Y en lugar de que la suba sea semestral, se aplicará por trimestre. Así, en marzo del año que viene, en vez de cobrar el aumento semestral de julio-diciembre, que ronda en un 12 por ciento, se calculará la movilidad de haberes con la nueva fórmula considerando el lapso de julio a septiembre, que arroja un 5,7 por ciento de suba. Por eso, con el cambio de fórmula habrá una disminución en los haberes y un retraso de hasta seis meses en el ajuste de los beneficios. Para paliar la situación, el Gobierno nacional dará por única vez un bono compensatorio, en marzo de 2018. Los jubilados que perciban un haber de hasta 10 mil pesos y tengan 30 años de aportes recibirán 750 pesos. A su vez, aquellos jubilados que también cobran hasta 10 mil pesos pero se jubilaron con moratoria percibirán 375 pesos. Lo mismo obtendrán quienes reciben subsidios por discapacidad y los que cobran la Pensión Universal Adulto Mayor, mientras los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo tendrán un plus de 400 pesos. La controvertida ley –que también les da a los trabajadores en relación de dependencia del sector privado la opción de no jubilarse a los 65 años y continuar en funciones hasta los 70– se sancionó en la mañana del martes. Por la tarde, Noticias Urbanas entrevistó a Eugenio Semino, el funcionario de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad especialista en Tercera Edad, quien analizó críticamente los detalles de la norma.
–¿Cómo evalúa la ley de reforma previsional que logró sancionar el macrismo?
–Como una decisión política-económica de girar fondos del sistema de seguridad social a otras áreas. Y ahora va haber allí 100 mil millones de pesos menos. Esta ley no planteó una reforma estructural de un sistema que sigue teniendo problemas. Y el principal es que la mayoría de los jubilados sufre la exclusión y el hambre. El 75 por ciento de los jubilados no puede cubrir su canasta básica, que nosotros calculamos, en nuestra última medición, en 17.500 pesos. Hoy la jubilación mínima es de 7.246 pesos. Y quienes tienen pensiones por discapacidad cobran aún menos: alrededor de 5.700 pesos. No se puede vivir con eso. Esta es la cuestión que hay que poner sobre la mesa y que ninguno parece querer debatir. Acá se discute si un sistema de cálculo de haberes es mejor que otro y se oculta el problema fundamental. Es como si una persona estuviera congelándose en la Antártida y discutiéramos si necesita una camiseta o dos. No le alcanza de ninguna forma para no morirse de frío. Lo peor es que en la Argentina está naturalizado que los jubilados tienen que ser pobres.
–El Gobierno dice que, con el nuevo sistema de cálculo, las jubilaciones van a quedar cinco puntos por encima de la inflación el año que viene. ¿Usted qué cree?
–No concuerdo con esa visión. Sobre todo porque la inflación que sufre un jubilado debe medirse de manera diferente que la que incide a nivel general. La canasta del jubilado incluye, generalmente, medicamentos para patologías crónicas que se encarecen por encima de la media. Lo mismo ocurre con los alimentos especiales que muchos deben consumir, por ejemplo, libres de TACC, hiposódicos, etcétera. Por ejemplo, los medicamentos para patologías crónicas, que son los que tomamos los viejos, aumentaron, entre 2015 y 2016, el 170 por ciento. En el mismo período, la inflación a nivel general fue del 70 por ciento. No tener en cuenta estos índices demuestra la gran ignorancia con la que se trató el tema.
–¿Pero el Gobierno no puso especialistas para elaborar el proyecto?
–Te cuento una anécdota: la fórmula del proyecto original que envió el Ejecutivo para ajustar los haberes jubilatorios, que luego se modificó, se basaba casi en su totalidad en la inflación, y tuvieron que reformularla en el Senado porque desconocía la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de que la movilidad de los haberes jubilatorios debe tener relación con la de los trabajadores activos. Por eso, finalmente, hicieron ese mix en el que consideraron un 70 por ciento la inflación y un 30 por ciento el aumento del sueldo de los trabajadores del sector formal para establecer la nueva fórmula. Y no solo eso: en el dictamen que se aprobó en el Senado había quedado un artículo redactado con la fórmula original y eso se tuvo que enmendar cuando el proyecto se debatió en el recinto. Así que mirá qué atención pusieron también los senadores del oficialismo a la hora de firmar el dictamen de comisión.
Teléfono para el Gobierno. Semino dice que si se comprueba que con el nuevo sistema los jubilados ganan menos, habrá reclamos judiciales.
–¿Puede esta nueva ley desencadenar reclamos judiciales?
–Sí. Primero hay que esperar a que se promulgue. Según la Constitución Argentina, los derechos adquiridos no pueden ser vulnerados. Debe haber progresividad de derechos y no lo contrario. Por lo que, si se comprueba que con la nueva ley los jubilados ganan menos que con el sistema anterior, se está en condiciones de realizar reclamos por vía judicial. La Defensoría del Pueblo de la Ciudad está legalmente facultada para llevar adelante este tipo de demandas como organismo, pero, seguramente, lo que haremos será incorporar también a un determinado número de jubilados como damnificados directos. Para que prospere la demanda deberá comprobarse que se da una situación “confiscatoria” de sus ingresos. Pero eso es algo que ya dependerá del criterio del juez.
–¿Usted está de acuerdo con que los trabajadores tengan la opción de jubilarse a los 70 años?
–El tema de la voluntariedad funciona bien en los países escandinavos y en algunos europeos, en donde la jubilación representa, a veces, el 100 por ciento del salario del trabajador activo. Pero acá no se puede considerar “voluntaria” la decisión de jubilarse o no. ¿Quién va a tener voluntad de jubilarse cuando eso significa pasar a ganar la mitad? Nadie. Por lo que, de esta manera, estirás la vida laboral para poder seguir comiendo y, del otro lado, taponás el ingreso de jóvenes al mercado de trabajo. Pero, además, plantear esto es desconocer que la Argentina es el país que menos envejeció en los últimos 30 años en Latinoamérica. El informe del año pasado de la Organización Mundial de la Salud (OMS) sobre envejecimiento afirma que hoy tenemos una expectativa de vida promedio de 76 años. El país más envejecido en la región es Chile, con 80,3 años de expectativa de vida. Les siguen Uruguay, Cuba, Costa Rica, Panamá, México y, después, recién viene la Argentina. Y nos alcanzaron países como Ecuador y Perú, que estaban entre 10 y 12 años por debajo del nuestro.
–¿Cuál es su reflexión sobre de los sucesos de violencia registrados en torno a la sanción de la norma?
–Creo que, a diferencia de las sociedades compensadas, en las que los extremos tienden a ir hacia el centro, una sociedad descompensada como la nuestra hace que los extremos cada vez se alejen más y se vuelva imposible arribar a consensos. Eso es lo que vimos claramente en relación a este tema.