La tragedia del submarino ARA San Juan, independientemente de sus aspectos técnicos, militares y diplomáticos, dejó en evidencia una serie de falencias políticas y de comunicación en el seno de un gobierno que, hasta ahora, había hecho de su capacidad de transmitir mensajes y acomodar las internas sus principales virtudes, a falta de otros resultados concretos para exhibir. Los cortocircuitos evidentes entre la Armada y el Poder Ejecutivo remiten a otras épocas, más oscuras, de nuestra historia; los pases de cuenta entre distintas áreas del gobierno muestran un aspecto hasta ahora desconocido para el público general acerca de cómo se resuelven los problemas, o algunos problemas, en la administración Macri. Todo, en el contexto de un operativo con participación de más de diez países, incluyendo las principales potencias del mundo, y con una audiencia de alcance global poniendo la lupa en el Mar Argentino.
Al cierre de esta edición, los ciudadanos de a pie todavía no sabemos qué pasó con el San Juan. Si bien las conclusiones finales solo podrán conocerse cuando el navío sea identificado y eventualmente rescatado para su estudio, el desarrollo de los acontecimientos da a entender que hay una serie de datos sobre la misión, la localización y los problemas que pudo haber tenido el submarino que están en manos de las Fuerzas Armadas y no se publican. Si bien es cierto que el carácter secreto de mucha de esta información previene su difusión pública, no se puede dejar de remarcar que el Presidente mismo parece haber sido dejado al margen, lo que constituye un retroceso grave en la relación entre el poder político y el militar desde 1983 a la fecha.
La ausencia presidencial es un símbolo del vacío político durante esta crisis. El rol público de Mauricio Macri desde que se conoció la desaparición del San Juan fue escaso. El del ministro de Defensa, Oscar Aguad, fue directamente catastrófico, informando acerca de comunicaciones que nunca existieron y luego retirándose a un segundo plano. El jefe de Gabinete, Marcos Peña, usual vocero presidencial, tampoco se hizo cargo de este asunto. El vacío fue ocupado por la Armada, a través de su vocero, Enrique Balbi, que da los partes con información oficial. Demasiado poco para un escenario de tensión internacional, en el que están involucrados más de diez países y varias dependencias del Estado argentino, y para despejar una pregunta que sobrevuela a la sociedad desde que estalló el conflicto: ¿quién toma las decisiones? ¿Los militares o sus autoridades civiles?