Con el apoyo del oficialismo y un grupo de aliados, el kirchnerismo logró aprobar y girar a la Cámara de Diputados, el proyecto de ley para regular y limitar las medidas cautelares contra el Estado que, para la oposición, afectará derechos y garantías consagrados en la Constitución Nacional.
El número obtenido fue de 39 votos a favor y 29 en contra de la iniciativa. De esta manera, la Cámara concluyó el tratamiento de los tres proyectos -junto a la reforma del Consejo de la Magistratura y la creación de cámaras de casación en tres fueros- que le envió el Ejecutivo para llevar a cabo la reforma de la Justicia y que ahora se tratará en la Cámara Baja.
En contra de la iniciativa, cuyo tratamiento insumió siete horas y media, votaron los bloques de la UCR, el interbloque FAP, el Peronismo Federal y el porteño Samuel Cabanchik.
El dictamen en relación a la regulación de las cautelares que había firmado el oficialismo en comisiones fue modificado para atender algunas de las objeciones planteadas el martes último por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).
Previo a arrancar la sesión, Miguel Angel Pichetto (titular del bloque FPV) anticipó que se modificaría el inciso 2 del artículo segundo del dictamen y el artículo 17 para incorporar un último párrafo, lo que finalmente ocurrió.
En el caso del artículo segundo, el cambio explicita que las cautelares contra el Estado y entes descentralizados dictadas por un juez o tribunal incompetente solo serán eficaces cuando “se trate de sectores socialmente vulnerables, acreditados en el proceso, y se encuentre comprometida la vida digna” conforme la Convención Americana de Derechos Humanos, así como “la salud o un derecho de naturaleza alimentaria” o un “derecho ambiental”.
El agregado que se hizo al artículo 17 es para indicar que la limitación para pedir una medida cautelar “no será de aplicación cuando se trate de conflictos laborales, los cuales se regirán por las leyes vigentes en la materia” aplicadas por el Ministerio de Trabajo, con lo que apuntó a dejar a salvo los derechos gremiales.
Pichetto que los derechos de las incorporaciones al artículo 2do “llevan tranquilidad” a quienes planteaban riesgos para los derechos individuales así el agregado al 17 “da un mensaje de tranquilidad y de certeza” a los trabajadores de que “no se va a utilizar de manera distorsionada”.
En tanto que referente al derecho de los consumidores consideró el senador que “están dentro de un marco constitucional protegido”.
Pichetto dijo que la norma “es un buen instrumento” y no dudó que se trata de “una norma necesaria, prudente para defender el derecho colectivo” y de los sectores vulnerables, a la vez que reconoció que el Estado deberá mejorar “mucho su estructura de defensa” que, a veces, “nos hace perder mucha plata”.
En sintonía, Aníbal Fernández aseguró que “el ojo del Gobierno está puesto en que los mas vulnerables estén protegidos para que no sean rozados de ninguna manera”.
En esa línea calificó de “falaz” el argumento de la oposición al exaltar que “si hay algo que ha hecho este Gobierno desde el 25 de mayo de 2003 es pensar exclusivamente en ese sector de la sociedad que ha sido descuidado permanentemente”.
LAS CRÍTICAS:
El senador radical Ernesto Sanz sostuvo que el proyecto para restringir las cautelares tuvo “mala presentación política, mala factura jurídica y mala argumentación política” y, por lo tanto, calculó que “va a tener malos resultados que en el mundo jurídico” porque “probablemente sea declarado inconstitucional”, creará inseguridad en el mundo económico y “aislamiento” en el mundo político.
Su par Luis Naidenoff (UCR) aseguró que la regulación de las medidas cautelares “privilegia al Estado, que ya es poderoso, ante el ciudadano” exaltó que la iniciativa tiene por objetivo poner “el freno” a los juicios contra el ANSES de jubilados por el reajuste de haberes.
A su vez, Gerardo Morales y Alfredo “Freddy” Martínez (UCR) destacaron que el cambio incorporado al artículo 17 “no resuelve la tutela los derechos de usuarios de servicios públicos esenciales”.
Morales, empero, vio con alivio que el oficialismo accediera a modificar el artículo 17 para defender derechos sindicales porque, “sino -advirtió- hubiera sido un artículo además de antiobrero, antiperonista”.
