La causa por los barbijos quedará en manos de la Justicia porteña

La causa por los barbijos quedará en manos de la Justicia porteña

La Cámara Federal porteña decidió remitir la denuncia penal al Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas 28 de la Ciudad.


El tema de la compra de los barbijos por parte del Gobierno de la Ciudad sigue siendo un problema que crece y una causa judicial que va en la misma dirección. Este miércoles se conoció la noticia de que la jueza criminal y correccional Paula González detuvo a un farmacéutico involucrado en la millonaria venta de barbijos a la Ciudad, que pagó por adelantado $170 millones.

Éstos debían ser destinados al personal de salud de la Ciudad de Buenos Aires pero que el empresario nunca entregó al Estado porteño. El gobierno de Horacio Rodríguez Larreta había pagado por adelantado, según consta en el expediente, según publicó Emilia Delfino en Perfil.

Ahora, la Cámara Federal porteña resolvió que una denuncia por presuntos sobreprecios en la compra de barbijos por parte del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires debe tramitarse en la justicia penal, contravencional y de faltas porteña.

“Con los datos objetivos con que se cuenta respecto de los hechos -vinculados a contrataciones y compras supuestamente fraudulentas de elementos sanitarios, realizadas en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires por funcionarios públicos- no se observa, de momento, la afectación de algún interés federal que motive la intervención de este fuero de excepción”, concluyó el Tribunal de Apelaciones en la resolución a la que accedió Télam.

La Cámara decidió remitir la denuncia penal presentada el 15 de abril pasado por un abogado y empresario Pyme dedicado a importar este tipo de artículos, Mariano Alonso Maneiro, al juzgado Penal, Contravencional y de Faltas 28 de la Ciudad.

En este juzgado ya se investiga otra denuncia presentada por hechos similares, por lo cual se remitió por “conexidad”.

El Tribunal de Apelaciones confirmó así una decisión al respecto del juez federal Rodolfo Canicoba Corral, quien recibió la denuncia en primera lugar y se declaró incompetente.

El detenido del miércoles es Damián Andrés Nevi, titular de la compañía Medinsumo SRL. La compra directa había sido adjudicada por el Ministerio de Salud porteño a la empresa E-ZAY SRL para adquirir 5 millones de barbijos quirúrgicos, descartables, de tres capas. Sin embargo, este proveedor nunca contó con los barbijos, actuó como intermediario y subcontrató a Nevi, quien luego no entregó los insumos. Ante la falta de cumplimiento de Nevi, E-ZAY lo denunció ante la Justicia por presunta estafa.

El 2 de abril, la Ciudad ya había pagado el 50% del contrato por adelantado a E-ZAY y Nevi contaba con más de $60 millones en su cuenta bancaria. Sin embargo, los barbijos nunca llegaron a los hospitales. Así consta en la investigación a cargo de la jueza Paula González, del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional número 40.

La jueza indagó a Nevi, luego de ordenar su detención y el allanamiento en su domicilio y otras propiedades. Nevi negó ser parte de una estafa y declaró que nunca entregó los barbijos porque le robaron los camiones que los transportaban. Además, dijo que su intención era “devolver el dinero” de la Ciudad al proveedor E-ZAY. Tras declarar ante la jueza, Nevi quedó detenido pero su abogado ya pidió su excarcelación, informaron fuentes del caso. La magistrada inmobilizó los $60.500.000 que Nevi aún mantenía en una cuenta corriente a su nombre.

Durante su indagatoria, Nevi aportó datos sobre la transacción. De acuerdo a su relato, la Ciudad terminó pagando los tapabocas un 120% más caro. El empresario sostuvo que E-ZAY vendió cada barbijo a la cartera porteña de Salud a $68. La información fue corroborada por PERFIL de los documentos oficiales aportados por el Observatorio por el Derecho a la Ciudad.

Pero Nevi declaró que recibía apenas $30 por unidad. Su versión será corroborada por la Justicia, aclararon fuentes del caso. Fuentes oficiales sostienen que las empresas intermediarias cobran también por otros costos, como la logística, y que eso encarece los precios de los insumos. La operatoria. En el marco de la emergencia sanitaria, el 30 de marzo último, el Ministerio de Salud porteño adjudicó una contratación directa a la compañía E-ZAY para la adquisición de 5 millones de barbijos quirúrgicos. El importe total de la operación ascendía a $340.000.000, según consta en el expediente. Para concretar la compra, el 2 de abril, la Ciudad transfirió $162.350.000 como anticipo de pago a E-ZAY. Abonó “el 50% de la orden de compra”, explicaron en el Ministerio de Salud porteño al mencionado medio.

“La firma propuso como cronograma tres entregas cada 7 ó 9 días por un millón y medio de barbijos y más entrega final de 500.000 barbijos”, explicó Salud. Sin embargo, según la Ciudad, E-ZAY entregó sólo 150.000 barbijos en dos veces. Su explicación fue que no podía conseguir el resto de los barbijos de su proveedor original.

Ese mismo 2 de abril, E-ZAY habría transferido $60.500.000 a la cuenta de Nevi por la compra de barbijos made in China, según consta en el expediente. Ante la jueza González, Nevi sostuvo que los camiones que supuestamente transportaban los insumos desde el aeropuerto de Ezeiza habían sido robados el 16 de abril. El hombre dijo ante la Justicia que su intención era devolver el dinero a E-ZAY pero que no contaba con la documentación para justificar la transacción ante el banco, según fuentes directas del caso.

La causa se originó por una denuncia presentada el 24 de abril por E-ZAY, que acusa de una supuesta estafa a la compañía de Nevi. Pero E-ZAY también es blanco de una investigación en la Justicia porteña por este mismo caso. El fiscal Maximiliano Vence tiene a su cargo una causa posterior a la de la jueza González, iniciada el 8 de mayo por el propio gobierno porteño contra su proveedor.

Los insumos debían destinarse al personal de salud que opera en 34 hospitales de la Ciudad y requiere los tapabocas para prevenir el contagio de covid-19. La falta de este elemento de protección personal ya fue motivo de al menos 27 cautelares judiciales contra el gobierno porteño y clínicas privadas, como viene informando este medio.

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