El problema de la falta de vivienda no se arregla con represión

El problema de la falta de vivienda no se arregla con represión

Miles de desheredados ocupan tierras fiscales o propiedades privadas. Los empuja la misera. ¿Debe ser la policía la que se ocupe del problema?

La pobreza no se soluciona con balas.

Justo en los días en los que arrecia la pandemia, cuando la pobreza crece con fuerza hacia los barrios del Conurbano bonaerense, los principales canales de comunicación entre los desheredados de esta tierra y el Gobierno nacional parecieran cerrarse poco a poco.

No puede ser casual que cuando miles de personas dejan de pagar sus alquileres a causa de su imposibilidad de ganarse la vida sin arriesgarla y pasan, entonces, a vivir en la calle, en esos precisos momentos, algunos de los funcionarios gubernamentales salgan a equiparar la ocupación de un terreno vacío –aunque tenga propietario- con el delito.

En la zona del Lago Mascardi, cerca de Bariloche, algunos lonkos mapuches –portadores de un antiguo reclamo que nunca fue escuchado- decidieron tomar tierras y desde entonces sufren, no sólo el acoso de las fuerzas de seguridad, sino el de algunos “vecinos indignados”, que hasta están siendo convocados a armarse para desalojarlos violentamente.

La ministra de Seguridad de la Nación, Sabina Frederic, manifestó el jueves último que ocupar tierras “no es la forma de resolver el problema. Nuestro Gobierno está tratando de resolver muchos problemas en medio de una pandemia y todo se hace más difícil porque hay muchas áreas del Estado que están muy comprometidas en asistir la emergencia”.

Aún así, presionada por las circunstancias, Frededic se desdijo, de alguna manera, al afirmar que «la ocupación de tierras no es un tema de seguridad, es una cuestión relacionada con el déficit habitacional y una presión por el mercado de tierras. Tiene que ser paliado con soluciones que se anticipen al problema”.

Líderes de algunos movimientos sociales plantearon, por su parte, que “si ante los problemas sociales, la respuesta del Estado es castigar al más débil, evidentemente no hemos aprendido nada”.

Las tomas de terrenos vacíos se multiplicaron en las últimas semanas en las provincias de Buenos Aires y Río Negro, especialmente.

Pobladores que ocupan tierras: ¿enviados de Satanás?

No es fácil organizarse para tomar terrenos vacíos. Debe existir una necesidad muy fuerte para llegar a un lugar, acampar a la intemperie y luego soportar el frío y el acoso policial, durante el cual no suele estar ausente la represión, que muchas veces ha culminado con muertes entre los “okupa” de los predios. ¿Será necesario aclarar que los que llegan a esta situación obran de esta manera empujados por la miseria y por la desesperación? ¿Que nadie que pueda evitarlo quiere llegar a sufrir, no sólo la represión estatal, sino el desdén, la discriminación y la estigmatización de parte de la gente “de bien”, que reposa en tibios lechos, come cuatro comidas diarias y despotrica contra los desposeídos, como si el hecho de no tener propiedades fuera una especie de defecto genético?

Allá, por fuera de los confortables barrios de la clase media, prolifera la vida real de muchos que no comen todos los días, ni poseen viviendas, ni concurren a clubes de descanso y esparcimiento para reponerse de la dura jornada laboral.

El peronismo sobrevivió 18 años en la ilegalidad en esos barrios, precisamente, porque era la única esperanza de todas esas personas para acceder a una vida digna.

Esta gente muere todos los días de hambre, de bala, de soledad, de abandono y de injusticia. Porque todas estos infortunios matan. Y no son desgracias que caen del cielo, sino que se originan en el reparto de la riqueza para pocos, que condena a muchos a la pobreza. Hay un PBI al revés en esas barriadas en las que viven los condenados de la tierra.

Resolver el problema de la pobreza, la falta de vivienda, la injusticia social y la desigualdad exige una gran inversión por parte del Estado y un gran cambio de los paradigmas económicos. De todos modos, resulta mucho más barato que invertir en el bienestar de los amigos del poder, que tienen gustos muy caros y cobran en dólares. Entre 1878 y 1885, el Estado argentino ocupó «manu militari» las tierras de la Patagonia y parte de la región pampeana, que eran el territorio ancestral de los pueblos mapuches, tehuelches, pampas y ranqueles. Posteriormente, esas tierras fueron adjudicadas a los oficiales y soldados que intervinieron en la Campaña del Desierto (¿si era un desierto, porqué fue necesaria una campaña militar?). Pero los soldados no tenían capital para invertir, por lo que personas poco escrupulosas les compraron las tierras a cambio de exiguos dineros y luego se las vendieron a personas de alto poder adquisitivo. Uno de los autores de estas maniobras fue un hermano del presidente Julio Argentino Roca, llamado Ataliva. Fue tan extendida la corrupción, que por aquel entonces el verbo «atalivar» equivalía en el habla popular a lo que hoy es «currar».

En 1976, lo primero que hizo la dictadura fue sacar al Estado de todas las barriadas populares. Mejor dicho, no quitó totalmente al Estado. Dejó allí como su único representante a la policía y a las fuerzas de seguridad. Cualquier problema que había en esos lugares se resolvía con la presencia de la represión. Desde entonces, el Estado es considerado por los más pobre como un enemigo. Y en los últimos cuatro años, esa percepción se agudizó.

Es hora de que el Estado vuelva a ser el agente dinámico de la Justicia Social y no la cara rabiosa de la opresión.

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