El Pro, de la tibieza inicial a la acción concreta

El Pro, de la tibieza inicial a la acción concreta

El camino recorrido del macrismo desde la declaración de Claudio Avruj, apenas se conoció el fallo del 2x1, hasta la presentación en el Congreso de proyectos de ley para impedir la aplicación de éste.


Las críticas al Pro a raíz del fallo de la Corte Suprema de Justicia fueron agudizándose con el correr de los días, a tono con el escándalo social que desató la sentencia que el miércoles de la semana pasada benefició con el 2×1 al represor Luis Muiña, condenado a 13 años de cárcel por delitos de lesa humanidad.

De una tibia declaración inicial a cargo del secretario de Derechos Humanos de la Nación, Claudio Avruj, sobre el respeto a la división de poderes, los funcionarios del Pro pasaron a cuestionar la norma del 2×1 sobre la que se basó la sentencia, para luego, finalmente, apuntar directamente contra la resolución judicial, argumentando que la mencionada ley no debería ser aplicada a delitos de lesa humanidad.

La evolución de la respuesta del macrismo puede apreciarse con el correr de los días. “Estoy de acuerdo con el 2×1 de la Corte si el fallo está ajustado a la ley. Hay que ser respetuosos del fallo de la Corte al respecto. Por sobre todos nosotros está el marco regulatorio de la ley”, manifestó Avruj en declaraciones al programa Detrás de lo que vemos, emitido por AM 750, el mismo día en que se conoció la resolución del tribunal supremo. El Gobierno nacional, en su primera reacción, prefirió mostrar que respetaba la división de poderes, para diferenciarse así de la administración kirchnerista anterior, a la que se la solía acusar de que presionaba a la Justicia.

La posterior lectura de la reacción de la sociedad y del grueso del arco político, que salieron con los tapones de punta contra la sentencia, obligó al macrismo a rever su estrategia, y, luego de participar en una reunión de Gabinete en la que –según informó el diario La Nación– el presidente Mauricio Macri ordenó endurecer la postura, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Germán Garavano, esbozó las primeras críticas.

Sus palabras reflejaron lo que fue el segundo paso de la estrategia de los funcionarios del Pro: atacar la norma sobre la que se basó el fallo de la Corte, más que el fallo en sí mismo. “La ley del 2×1 fue uno de peores engendros, de las cuestiones más perversas que se han hecho en política criminal en nuestro país. Seguimos pagando la consecuencias de una legislación desastrosa”, advirtió Garavano el jueves pasado. “No me parecen buenos los fallos del 2×1 en ningún escenario; los he criticado desde que era secretario de juzgado, desde hace más de 20 años”, planteó el ministro de Justicia y Derechos Humanos, y agregó: “Fue una ley perversa que termina beneficiando a las personas que cometieron las mayores ofensas, y no a delincuentes primerizos”.

Al día siguiente, en declaraciones a América TV, el jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, también se refirió a la cuestión: “No me gusta, si hay una pena para un delito, no hay razones para acortarla”, afirmó.

Quien se jugó mucho más que Garavano, adelantando una postura más fuerte, fue el diputado nacional Darío Lipovetzky, que, el mismo día que habló el ministro de Justicia, criticó duramente el fallo por Radio Cooperativa AM 770. Consideró que la Ley 24.390, que computaba por dos los días que un procesado pasaba en prisión preventiva sin condena luego de que transcurrieran dos años de detención, no estaba vigente cuando Muiña cometió sus crímenes ni cuando estuvo procesado. Y lo más importante: resaltó que el beneficio del 2×1 no debía aplicarse a los delitos de lesa humanidad.

El sábado, el jefe de Gabinete de Ministros, Marcos Peña, también atacó el 2×1, considerándolo “un símbolo de impunidad en la Argentina”. Y también fue un poco más allá que Garavano: “Rechazamos el concepto del 2×1 y rechazamos que se aplique a crímenes de lesa humanidad”, dijo, subrayando, de esta manera, que no se estaba hablando de cualquier tipo de delito. También señaló que “la Corte Suprema tiene personas independientes y son responsables de sus fallos”. Y sostuvo que “la política que lleva adelante el Gobierno es la de continuar con la memoria, la verdad y la justicia”.

El domingo volvió a hablar Avruj, pero sus declaraciones distaron muchísimo de su flojera inicial. Para esta altura, el Gobierno venía recibiendo fuertes críticas de parte de la oposición, que le achacaba que dos de los tres votos que hicieron posible la controvertida sentencia provinieron de jueces propuestos por el Presidente.

Entrevistado en Radio Mitre, Avruj sostuvo que el Gobierno “unánimemente cuestiona la aplicación del 2×1 en delitos de lesa humanidad”, y despegó al Ejecutivo de la decisión del máximo tribunal judicial: “Es un error, como muchos lo hicieron como acción política y otros sin análisis, el mezclar la decisión de la Corte como una decisión política del Gobierno”, afirmó.

En el mismo sentido se expresó el presidente provisional del Senado, Federico Pinedo, quien, aunque pidió “respetar” la decisión de los jueces, subrayó, en declaraciones al programa Toma y daca de Radio Con Vos, que “el macrismo no tiene nada que ver” con la sentencia y que “este fallo reabre más heridas que lo que pueda reconciliar”.

Este lunes, la gobernadora María Eugenia Vidal fue contundente y también diferenció a los crímenes de lesa humanidad de otro tipo de delitos, al tiempo que criticó la aplicación del 2×1. “Nuestra posición es clara: los delitos de lesa humanidad deben ser tratados como delitos de lesa humanidad y no como delitos comunes”, sentenció durante la inauguración de la muestra itinerante de Ana Frank, en el Centro Cultural Trabucco de Vicente López. Y remarcando –como venían haciendo los demás políticos macristas– el “respeto a la división de poderes”, prosiguió con su opinión: “No hay forma de reparar en algo el dolor de las víctimas, de sus familias y de los sobrevivientes, si no es con respuestas justas. No puede haber atajos. Tenemos que ser claros y respetuosos en el marco de la democracia y de la división de poderes, pero también en nuestra propia libertad de decir lo que pensamos”, manifestó.

Este martes, la Secretaría de Derechos Humanos que comanda Avruj se opuso a que a un condenado por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura cívico-militar se le aplique la ley del 2×1. Actuando como querellante, pidió que se declare “inadmisible” el planteo de violación de garantías constitucionales que hizo la defensa de Carlos Eduardo Trucco, condenado en diciembre de 2013 a 14 años de prisión en el marco de la causa “Arsenales II-Jefatura II”, dos centros clandestinos de detención y exterminio que funcionaron en Tucumán. Agregó que “no se puede pretender la aplicación de la ley penal más benigna (en este caso, la del 2×1), dado que era una ley que no se encontraba vigente al momento que el imputado se encontraba privado de su libertad”. Y aludiendo a la normativa internacional incorporada en la Constitución, planteó que “no pueden acogerse al beneficio que hubiera otorgado la ley del 2×1 aquellas personas que se encuentren imputadas por delitos de lesa humanidad”.

Ese mismo día, en el Congreso nacional, los diputados dieron media sanción, por 211 votos contra uno, a un proyecto de ley consensuado entre oficialismo y oposición con el fin de bloquear la aplicación del 2×1 en los casos de delitos de lesa humanidad. Junto a Victoria Donda (Libres del Sur), la socialista Alicia Ciciliani, el kirchnerista Héctor Recalde y Remo Carlotto (Movimiento Evita), el Pro, a través de las iniciativas presentadas por Lipovetzky y Pablo Tonelli, sumó también su aporte legislativo contra la impunidad, terminando de rectificar un camino que había empezado con el pie cambiado seis días atrás.

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