Con el objetivo de bajar “las consecuencias letales y lesivas” del uso de armas de fuego, el Ministerio de Seguridad creó el “Programa sobre uso de la fuerza y empleo de armas de fuego” que estará destinada a todas las fuerzas federales de seguridad, con foco en la formación profesional y las condiciones de salud y equipamiento del personal.
De esta manera, se pondrá en marcha el programa se pondrá en funcionamiento frente a “todo hecho en el cual se produzca disparo de armas de fuego y que involucre a personal de las Fuerzas Policiales y de Seguridad Federales, haya o no heridos o fallecidos como consecuencia de dicho suceso”.
La normativa entró en vigencia este martes y fue publicada en el Boletín Oficial, bajo la resolución 377/2020 que lleva la firma de la ministra de Seguridad de la Nación, Sabina Frederic.
El documento también indica que las reglas elaboradas por el programa, que actuará bajo la órbita del Gabinete de Asesores del Ministerio, deberán ser aplicadas en el plazo de un mes por los jefes de la Policía Federal, la Gendarmería Nacional, la Prefectura Naval y la Policía de Seguridad Aeroportuaria, “a fin de ajustar sus procedimientos internos a pautas generales de actuación ante hechos de uso de armas de fuego que involucren al personal a su cargo”.
Además, plantea la conformación de una Comisión Ad Hoc integrada por representantes de las subsecretarías de Derechos, Bienestar y Género; de Control y Transparencia Institucional y de Formación y Carrera de cada una de las fuerzas federales, “para el seguimiento y coordinación de la adecuación normativa e institucional”.
En ese sentido, detalla que el Gabinete de Asesores podrá convocar a las reuniones de dicha Comisión a integrantes del Comité Nacional de Prevención de la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes y del Sistema Nacional de Prevención de la Tortura, así como a representantes de la sociedad civil.
Cabe remarcar que en el anexo de la publicación se precisan los objetivos del Programa, entre los que se cuentan la promoción de “rutinas de trabajo y principios relativos al uso de la fuerza y el empleo de armas de fuego respetuosos de los derechos humanos”, y la elaboración de medidas que trabajen sobre la “formación, capacitación, desempeño profesional, doctrina, equipamiento y rendición de cuentas” del personal de las fuerzas.
A su vez, el nuevo plan contempla “el seguimiento y sustanciación de actuaciones administrativas y disciplinarias que se realicen a fin de determinar la responsabilidad del personal policial y de seguridad que haya intervenido en los hechos” enmarcados en la órbita del Programa, y “el acompañamiento y contención profesional al personal afectado a estrés postraumático u otra condición” vinculados con el uso de armas de fuego.
Al aplicar esta normativa, las acciones que podrá llevar a cabo el Programa son las de “reconstruir, recopilar, sistematizar y analizar información, antecedentes y casos sobre el uso de la fuerza y el empleo de armas de fuego” para “producir información relevante y propuestas en consonancia con las políticas” del Ministerio de Seguridad.
Además, busca el desarrollo de “dispositivos de observación” y la implementación de “acciones tendientes a erradicar y prevenir prácticas irregulares y abusos funcionales” que se identifiquen hacia el interior de las fuerzas federales.
Por otro lado, el Programa cooperará con la Subsecretaría de Control y Transparencia Institucional en la “investigación de hechos que configuren violaciones a los derechos humanos, bajo los estándares internacionales que regulan el uso de la fuerza, para que sean tratados acorde a su relevancia, con mecanismos ágiles que permitan otorgar transparencia, imparcialidad e inmediatez” a la respuesta estatal.
Por último, la resolución refiere a “mecanismos de intercambio” que se establecerán con el Poder Judicial, el Ministerio Público Fiscal de la Nación y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, para llevar a cabo “el seguimiento de procesos judiciales referidos a la temática” y elaborar “criterios de actuación” relacionados con la función auxiliar de la Justicia.