En una etapa política signada por el deterioro de la capacidad adquisitiva del salario, por masivos despidos y por la inestabilidad en el empleo, el 12 de junio pasado la Confederación General del Trabajo decidió convocar a un paro general por 24 horas, “sin movilización”.
Corroída por sus disensos internos y tironeada por su urgente necesidad de sostener la unidad a cualquier precio, la central obrera sustentó hasta estos días –y así seguirá siendo hasta el 22 de agosto, cuando recomponga su Consejo Directivo– una morosa respuesta al avance de las políticas económicas del Gobierno, que deterioraron fuertemente el nivel de vida de sus afiliados en los últimos dos años y medio.
La respuesta de los dirigentes sindicales a la urgencia del paro general es que al día siguiente todo seguirá igual, y en esa dirección se inscribe su negativa a convocar a una movilización en esta oportunidad. En Azopardo piensan que las medidas de fuerza deben ser graduales –ese gradualismo que el Gobierno se dispone a abandonar–, porque en ese caso no quedaría más espacio para escalar el conflicto. La pregunta sería: ¿qué hay después de una primera huelga? La respuesta: una movilización que culmine en un plan de lucha, que incluya cortes de calles, de rutas y, eventualmente, la paralización de toda actividad productiva hasta que se consigan cambios en la política económica.
Un largo y sinuoso camino
El 6 de junio último, la cúpula sindical entregó a funcionarios del Gobierno un petitorio de cinco puntos en los que se exigía la sanción de una norma que impida los despidos por seis meses; la reapertura de las paritarias; la eliminación del cobro del Impuesto a las Ganancias a la cuarta categoría en el aguinaldo; la devolución de los fondos de salud a las obras sociales sindicales, y la firma de un compromiso de que no habrá modificaciones en la Ley de Contrato de Trabajo.
En esa reunión, en la que estuvieron presentes el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne; el coordinador de Gabinete, Mario Quintana, y el jefe de Gabinete del Ministerio de Trabajo, Ernesto Leguizamón, el primero prometió que el inminente acuerdo con el Fondo Monetario Internacional no afectaría los intereses de los trabajadores ni de los derechos de la seguridad social.
La dirigencia de la central obrera decidió esperar hasta el martes 12 de junio una respuesta favorable, que nunca llegó. La réplica del Gobierno fue un tibio decreto que instituyó un cinco por ciento de aumento para las paritarias que cerraron en el 15 por ciento y una marcha atrás en la promesa inicial de no imponerle Ganancias al aguinaldo.
Finalmente, el 12 de junio la conducción cegetista lanzó la convocatoria al paro general, que de a poco fue concitando nuevas adhesiones, que incluyeron, al cierre de esta edición, a los colectiveros de la UTA y a los conductores de trenes de La Fraternidad, que garantizan la inmovilidad de los que no adhieren al paro.
El triunviro cegetista Héctor Daer declaró en la ocasión (algo tardíamente): “La caída del consumo perjudica la actividad y la generación de puestos de trabajo. Le pedimos al Gobierno que reflexione, pero al no encontrar respuestas decidimos convocar una medida de fuerza”. Por su parte, otro de los integrantes del triunvirato, Juan Carlos Schmid, afirmó: “Le planteamos la situación de los despidos, y el ministro de Hacienda nos dijo que ellos no podían intervenir en el juego del mercado porque eso afectaría la creación de empleo. Estamos en las antípodas de esa posición”, apuntó.
Para ese 12 de junio estaba prevista una reunión en la que los sindicalistas y los funcionarios iban a verse nuevamente las caras. Pero acaeció una comedia de enredos que, como todas las comedias de enredos, culminó mal. El encuentro estaba citado para las once de la mañana en la Casa Rosada, pero se pasó en primera instancia a la sede de la cartera laboral, situada en Leandro Alem 650. Luego se postergó para las doce del mediodía y, finalmente, se canceló.
Las verdaderas razones por las que la reunión no existió incluyen un combo en el que se mezclan las contradicciones internas que azotan a la CGT y el hecho de que el Gobierno había elaborado solo algunos paliativos como respuesta al petitorio de cinco puntos, sin entrar en la materia profunda de lo solicitado.
Entre ayer y hoy
Entretanto, el 15 de junio pasado, los gremios nucleados en el Movimiento de Acción Sindical Argentino (MASA), que lideran el taxista Omar Viviani y el ferroviario Sergio Sasia, anunciaron su adhesión al paro, al que ya habían adherido dos días antes los colectiveros de Roberto Fernández y los metrodelegados.
Todos estos sectores no forman parte del acuerdo de unidad que dio paso a la conformación del triunvirato de conducción de la CGT, por lo que su adhesión estaba en cuestión. Incluso Fernández se había negado a acompañar la medida realizada el 18 de diciembre, en repudio a la sanción de la reforma previsional.
La consigna que movilizará en esta ocasión a los huelguistas será: “¡Los trabajadores decimos basta!”.
En este contexto, la Corriente Federal, el sector más combativo del sindicalismo, exigió el lanzamiento de un plan de lucha, al que la muy moderada mesa chica de la CGT, que conforman Héctor Daer (Fatsa); Juan Carlos Schmid (dragado y balizamiento); Carlos Acuña (Soesgype); Armando Cavalieri (comercio); José Luis Lingeri (Obras Sanitarias); Andrés Rodríguez (UPCN); Roberto Fernández (UTA); Abel Frutos (panaderos); Jorge Solá (seguro); Omar Maturano (La Fraternidad), y Carlos Frigerio (cerveceros), difícilmente acceda por ahora.
El cambio de época
De todos modos, con el recurso del Gobierno de solicitar ayuda al FMI, que condimenta con el abandono del gradualismo, una etapa se cerró. Paralelamente, el sindicalismo se dispone a elegir a una nueva conducción, que se produciría el 22 de agosto próximo.
La decisión se tomó en la reunión de la conducción realizada el 4 de mayo, que aprobó también un crítico documento, en el que los sindicalistas realizaron un crudo análisis de la coyuntura política, que no abrevió consideraciones sobre el intento de modificar la ley laboral, que quita derechos a los trabajadores, y trazó un sombrío panorama de la actualidad económica.
El 22 de agosto, entonces, se elegirá una conducción que responda a los estatutos de la central obrera, que instituye la existencia de un secretario general (y no tres) y significará también, posiblemente, el reingreso de varios sectores que hoy no forman parte de la organización.
