La Cámara de Senadores aprobó la ley durante la madrugada, pero el presidente Mauricio Macri había dejado firmada la hoja con el veto de la misma. El jefe de Gabinete Marcos Peña confirmó en la mañana de este jueves que “la ley ya está vetada” e indicó que “como argumentamos desde el principio, no respeta el mandato constitucional del parlamento, no es facultad del Congreso fijar tarifas“.
“Va en contra del federalismo y atenta directamente contra los intereses de las provincias“, explicó Peña antes de aclarar que la ley de tarifas era “una ley irresponsable, porque no fundamenta de dónde se paga aquello que se votó ayer“.
“Para que se den una idea, el costo equivale a toda la obra pública del interior del país, a todo el sistema universitario de la Argentina y a dos veces la AUH que pagamos para proteger a los sectores más vulnerables“, concluyó Peña.
“No vamos a negociar la verdad frente a la mentira, a la falta de transparencia y la vuelta al pasado porque los argentinos no quieren eso”, enfatizó esta mañana el jefe de Gabinete de la Nación, Marcos Peña, al anunciar que “ya está vetada” la ley sobre tarifas que sancionó el Congreso.
Peña renovó la convocatoria del Gobierno “a todos los argentinos de sumarse y hacer el trabajo necesario, con la verdad sobre la mesa y responsabilidad, para sacar este hermoso país adelante”.
Puntualizó que la norma es “irresponsable” por cuanto “no fundamenta” cómo se compensaría la merma de “más de 100 millones de pesos del presupuesto” que hubiese provocado la modificación tarifaria propuesta por la oposición.
“Estamos diciendo la verdad y la gente no come vidrio”, enfatizó.
Peña pidió a sectores de la oposición “no subestimar la razón por la cual estamos en el Gobierno porque los argentinos decidieron cambiar y esa decisión es profunda y consciente”.
“Muchas veces irrita y da bronca que tantos años de mentira y corrupción nos hayan llevado a tener que hacer un esfuerzo más grande”, apuntó.
La votación
Durante más de doce horas el Senado de la Nación debatió el proyecto de ley presentado por la oposición, el cual fue aprobado tal como vino de la Cámara de Diputados.
Con una diferencia de 7 votos, el proyecto de ley que retrotrae las tarifas de los servicios a noviembre de 2017 y establece que los aumentos no podrán superar el índice de variación salarial para usuarios recidenciales ni el de precios mayoristas para pymes obtuvo 37 votos a favor y 30 en contra.
El oficialismo advirtió que el costo fiscal ronda los 75 mil millones de pesos e indicó que no se puede aprobar una ley que aumente el déficit fiscal cuando lo que se necesita es acotarlo.