Parecen no bastar las marchas de #NiUnaMenos, las campañas de concientización, ni el sentido común para que el juez Carlos Alfredo Rossi entendiera que el violador y asesino de Micaela García, Sebastián Wagner, no puede quedar en libertad, ya que se sigue poniendo en riesgo la integridad de sus víctimas y allegados.
La desaparición de Micaela en Gualeguaychú, Entre Ríos, había ya impactado en las redes sociales y generó también una movilización en el Centro porteño, el pasado viernes, para pedir su “liberación”.
Sin embargo, el sábado la policía encontró su cuerpo sin vida y sin ropa.
Y, a raíz de que este juez garantista dejara en libertad al principal sospechoso de la muerte de la joven militante que, cabe mencionar, ya contaba con dos condenas por violación, desde el sitio Change.org se juntan firmas para destituir al magistrado. Alcanzando ya 6.200 firmas, faltan aún 1.310 firmas para alcanzar las 7.500, para luego ser entregada al Congreso de la Nación, a Mauricio Macri y al Consejo de La Magistratura Poder Judicial de La Nación, desde donde llevarían a cabo su remoción.
Sin embargo, desde el propio Gobierno y Ministerio de Justicia de la Nación apoyaron los pedidos de juicio político que presentaron también legisladores provinciales para Rossi.
“Un juez, cuando asume la responsabilidad de ser juez, tiene que entender la dimensión del poder que tiene, y que el poder lo tiene para ayudar a la comunidad, no para sostener caprichos ideológicos“, aseveró Mauricio Macri.
Además de considerar que el juez “debería renunciar”, tanto Macri como Germán Garavano apuntaron contra un sector de la Justicia que “por una cuestión ideológica, política, durante muchos años de algún modo alentó este tipo de decisiones”.
En declaraciones a radio Mitre, el ministro de Justicia de la Nación vinculó el fallo de Rossi con “una corriente” que se generó “en la Justicia” durante el kirchnerismo, impulsada por “el poder político y otros sectores como las universidades” en la que “los jueces sólo miran al victimario y se olvidan de las víctimas del delito y de las potenciales”.
“Cuando uno analiza los precedentes en los últimos 10 años, uno se encuentra con presiones sobre los mismos jueces para que otorguen libertades, pongan penas menores o dispongan salidas. Una tendencia que encaraban (Raúl) Zaffaroni y algunos otros… una tendencia pro-victimario”, explicó.