A diez años de la polémica Ley 125 y ya histórico “mi voto es no positivo” del por entonces Vicepresidente de la Nación, Julio Cobos, la relación entre el Gobierno y el sector rural del país vuelve a subir a la Agenda tras las recomendaciones del FMI de frenar la baja de retenciones a la soja y vender tierras.
El “staff report” que los técnicos del organismo elevaron al directorio para que la Argentina consiguiera la línea de crédito de USD 50.000 millones, además aconsejó amortizar el Fondo de Garantía de Sustentabilidad para financiar reclamos jubilatorios.
Para lograr disminuir el déficit primario y llevarlo a 2,7% del PBI este año y a 1,3% en 2019, proponen retrasar la implementación de partes de la reforma tributaria aprobada recientemente hasta 2020 como un medio para preservar los ingresos. También sostienen que habría que “mantener la tasa promedio de impuestos a la exportación en productos de soja en 25,5%”. Las retenciones a la soja son hoy de 26,5% para la exportación del poroto y de 23,5% para los subproductos y derivados.
El presidente Mauricio Macri le dijo a la Mesa de Enlace que no se tocará el cronograma de baja de esas retenciones y ellos confían en la palabra del Presidente. Pero los rumores no solo hablan de la no reducción a la soja sino de reponer hasta un tope de 10 por ciento las retenciones a trigo y maíz. Mientras tanto los productores y sus voceros se quejan de que “encima de la sequía ahora vienen con esto”.
El Fondo recomiendan, además, “vender tierras y amortizar los activos de los fondos de pensiones que actualmente tiene el gobierno para financiar parcialmente el pago del gobierno de los reclamos de pensiones pasadas”.
Además, pide acelerar la reducción de subsidios y recortar el gasto, aunque da detalles de que habría que disminuir “la masa salarial mediante la reducción del empleo público a través del congelamiento a los ingresos en la administración nacional (excluyendo universidades) para 2019 y 2020”.
