Uno de los grandes negocios de la Ciudad de Buenos Aires y que hace años que goza de impunidad es el de las grúas que levantan autos en infracción. Desde 2008 acumulan 186 millones de pesos.
El contrato venció en 2001, pero como se trata de un servicio público que no se puede discontinuar, desde aquel momento siguen operando las mismas dos empresas, STO y SEC, con prórrogas provisorias. Entre ambas acarrean unos 12.000 autos por mes, aunque también suman numerosos reclamos de los vecinos por el descuido –y en algunos casos, hasta negligencia– con el que tratan a los vehículos.
Ahora, la Legislatura porteña recibirá en los próximos días el proyecto del ejecutivo para regular el estacionamiento medido y que, además, tendrá un nuevo marco para el canon del acarreo, que se encuentra vencido hace más de 15 años.
En el proyecto que elaboró el subsecretario de Transporte, Juanjo Méndez, se estipula que las dos empresas de acarreo tendrán que comenzar a dividir los ingresos a partir de X cantidad de vehículos llevados.
También se tiene pensado modificar la forma en la que se mantiene y se actualiza la flota. Mediante el sistema de financiamiento explicado anteriormente lo que se buscará es que la Ciudad deje de proveer los camiones y que las empresas utilicen esa cifra como garantía para capitalizarse.
Pero ese no será el único cambio que habrá. Los parquímetros nuevos funcionaran con el sistema de la tarjeta SUBE, pero no solo para el pago sino también para la recarga de la misma. También se acabarán los papeles para labrar las multas. A los agentes de tránsito se los proveerá con un sistema que lee las patentes de los autos. Por último se modificarán los espacios para estacionar en las calles porteñas, debido a los cambios en los tamaños de los vehículos.
Todo esto el Gobierno espera que éste implementado para el principio del primer trimestre del 2017, o en su defecto al inicio del segundo.
