Gustavo Vera, titular de La Alameda, denunció con el patrocinio de Andrés D. Popritkin a cuatro funcionarios de la Inspección General de Justicia (IGJ), por el delito de revelación de actuaciones, documentos y datos (artículo 157 del Código Penal de la Nación) internos de la entidad. Las actuaciones exhibidas tienen relación con una sanción impuesta el por la IGJ a la fundación Alameda.
Los y las denunciadas son Susana Graciela Junquera (Directora de Entidades Civiles), Estefanía Di Bella, Patricia Belén Rodríguez y Diego Bascuas.
Cabe mencionar que tienen prohibido por ley “revelar los actos de los sujetos sometidos a su control, cuando haya tenido conocimiento de ellos en razón de sus funciones, salvo a sus superiores jerárquicos” (artículo 23 de la ley 22.315 –Ley Orgánica de la Inspección General de Justicia–).
Quien encabeza la “persecución” en la IGJ contra La Alameda es la directora de Entidades Civiles de la IGJ, Susana Graciela Junqueira, quien es empleada del Ministerio de Justicia desde 1979, asumida en la dictadura militar hasta la fecha. Su hija trabaja en Jefatura de Gabinete de Ministros, particularmente en el Ministerio de Modernización desde agosto de 2016 hasta la fecha, tal como informa la Fundación Alameda en su sitio web.
La directora Junqueira tomó trascendencia en el 2013 cuando el periodista Hugo Alconada Mon hizo una nota en referencia al nombramiento que tuvo en el cargo de Dirección del Registro Nacional de Sociedades y cobró en forma retroactiva medio millón de pesos cuando ya ocupaba otro cargo.
Sobre esta irregularidad de Junqueira, la exempleada de la IGJ, Silvina Martínez, realizó una denuncia en la Justicia Federal que recayó en el Juzgado de Luis Rodríguez y tiene como fiscal a Ramiro Gonzaléz.
Para el proceso de designación Junqueira en el 2013 debía realizarse estudios certificando nuevamente aptitud psicofísica. Para esto presentó un certificado fechado en 1979.
Respecto al actual del titular de la IGJ, Sergio Brodsky es un abogado que viene de la Franja Morada en la UBA, muy cercano a Daniel “Tano” Angelici, empresario del juego y presidente del club Boca Juniors; y a Dario Richarte, vicerrector de la UBA y también segundo en la ex SIDE en el gobierno de la Alianza.
La “persecución” de la IGJ salió primero a la luz a través de un informe televisivo “4D”, que conduce Luis Majul en el canal A 24. El 7 de marzo pasado se hizo referencia a Vera y la fundación que preside diciendo que “está floja de papeles”.
En la denuncia se señala que la periodista Lucía Salinas hizo “manifestaciones de carácter negativo y tendencioso para crear en el televidente una imagen espuria, tanto acerca de mi persona como la fundación”.
En la denuncia Vera sostiene que “la única manera que aquellas actuaciones hayan llegado a manos de la periodista, es por la revelación que las personas aquí denunciadas han realizado de las actuaciones allí labradas”.
Según expone La Alameda, por el escaso lapso transcurrido entre la aplicación de la sanción y su divulgación en el mencionado medio de comunicación, “queda en evidencia que no existió tiempo material suficiente para poner en marcha los mecanismos formales y legales establecidos para que las copias de las actuaciones en cuestión lleguen al poder de la periodista”.
El prosiguiente 2 de abril, en el programa televisivo “4D”, Majul y Salinas mostraron una cédula de notificación que fue dejada por debajo de la puerta en la sede de la fundación en av. Directorio 3998 (barrio de Parque Avellaneda), el miércoles 28 de marzo a las 20.30 horas, ocasión en la que la fundación ya se encontraba cerrada y no había ninguna persona que la recibiera.
Los dos días posteriores, es decir el jueves 29 y el viernes 30 de marzo, fueron feriados religiosos (jueves y viernes santo), por lo que la administración pública nacional no trabajó y la fundación permaneció cerrada. De seguido hubo otros dos días no laborales, por tratarse de sábado y domingo (31 de marzo y 1º de abril).
La emisión del programa “4D” al que se viene haciendo referencia salió al aire el 2 de abril, día que también fue feriado nacional, por conmemorarse del “Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas”.
El tercer paso de la operación mediática orquestada desde la IGJ fue el programa televisivo “TN Central” del 18 de abril por canal “Todo Noticias”, con los periodistas Luciana Geuna y Nicolás Wiñaski.
Para ello, una vez más, exhibieron documentación y actuaciones, que vale recordar no es pública, de la Inspección General de Justicia y está prohibido que los funcionarios la revelen.
El artículo 157 del Código Penal de la Nación establece: será reprimido con prisión de un mes a dos años e inhabilitación especial de uno a cuatro años, el funcionario público que revelare hechos, actuaciones, documentos o datos, que por ley deben ser secretos.