El camino que abrió la denuncia del chofer del Ministerio de Planificación Federal, Oscar Centeno, tendrá repercusiones políticas que rebotarán no solo en los armados partidarios del peronismo, sino también en el universo Cambiemos.
Si su denuncia impactara sobre las posibilidades electorales de Cristina Fernández de Kirchner –algo que la fragilidad de la prueba pone en cuestión– no solo debería modificar su estrategia el peronismo, sino que también deberían hacerlo en el campamento del oficialismo.
En el primer caso, si el kirchnerismo perdiera peso electoral, se rompería toda posibilidad de confluencia –hasta hoy problemática pero aún posible– entre Unidad Ciudadana y el PJ. En el segundo caso, en Cambiemos, que hizo de su confrontación con el kirchnerismo casi la única razón de su existencia, deberían comenzar a pensar en otras alternativas para armar doctrina. Quizá se dificultaría así apostar en 2019 a la polarización provocada en 2015 y 2017, por lo que la competencia se produciría con alguna figura menos proclive al enfrentamiento despiadado que tan caro fue a su estrategia en el pasado. Sería, entonces, el momento de pensar en términos políticos, algo infrecuente en la alianza oficialista.
Desde el peronismo, solo unos pocos referentes se pronunciaron con respecto de la frágil denuncia del chofer. El resto se refugió en un silencio que resuena más que cualquier palabra. Como era de esperar, uno de los primeros en manifestarse fue el presidente del bloque de senadores del FpV-PJ, Miguel Ángel Pichetto, que se mostró partidario, en primer término, de habilitar el allanamiento. “La propia expresidenta debería decir ‘acá está la llave’”, afirmó al ser interrogado sobre su postura sobre el tema, que será tratado en la próxima sesión especial del Senado, a realizarse el 9 de agosto, un día después de que esta edición salga a la calle.
De todos modos, el senador rionegrino se mostró cauto con el transcurrir de la causa, ya que –expresó– no quiere ser “comentarista de temas judiciales”. Paralelamente, desestimó un inmediato desafuero de la expresidenta. “En mi opinión, no procede el desafuero en la etapa instructora”, definió.
Otro de los que rompieron el silencio fue el senador Rodolfo Urtubey, hermano del gobernador salteño Juan Manuel, uno de los postulantes a la codiciada candidatura presidencial del peronismo. “Lo que tenemos que resolver no es el desafuero, sino una autorización para allanar domicilios, que es lo que nos ha pedido el juez”, reconoció.
El juez Claudio Bonadio, que citó a la expresidenta para el jueves 13 de agosto, solicitó al Senado que autorice el allanamiento de sus propiedades, una petición que se aceptará. “Los legisladores no tienen protección para evitar un proceso penal”, agregó Urtubey.
El salteño declaró a continuación que la cuestión del desafuero de Fernández de Kirchner “será un tema posterior al de los allanamientos”. “Una vez que el juez tome indagatoria a la expresidenta y decida su situación procesal, eventualmente allí discutiremos un desafuero”, ya que, según agregó, “la Ley de Fueros de la Argentina permite que el proceso continúe hasta su última instancia”.
La estrategia del peronismo federal
El destino de la permanencia de Fernández de Kirchner está hoy en manos del peronismo federal que encarnan, en especial, los gobernadores, que son a la vez sus adversarios políticos. En los pasillos cercanos al oficialismo aseguran que el desafuero de la expresidenta está cercano, de la mano de las conveniencias coincidentes con los mandatarios provinciales. Todos ellos la quieren lejos de sus campamentos, por distintas razones. No entienden la pétrea adhesión de los kirchneristas, que se muestran inmunes a todas las denuncias contra la expresidenta, que de todas maneras hasta ahora fueron bastante inconsistentes.
En resumen, el peronismo no K decidió, en principio, diferenciarse de la exmandataria, pero hasta que no exista una condena en firme –esto es, de segunda y tercera instancia–, sus senadores no votarán su desafuero.
Paralelamente, como en el peronismo federal sienten que ha llegado el momento de capitalizar una posible caída de su adversaria, en los últimos días de agosto habrá un acto en el teatro Metro de La Plata. Allí, Miguel Ángel Pichetto y el cordobés Carlos Caserio intentarán mostrar un peronismo no K. Para prescindir de CFK, de todos modos, tanto Sergio Massa como Juan Manuel Urtubey, presuntos líderes de ese espacio, buscarán acercarse a los socialistas santafesinos de Miguel Lifschitz, al radicalismo disidente que lidera Ricardo Alfonsín y al GEN de Margarita Stolbizer –que ya se encuentran dándole forma a un espacio progresista propio, que funcionará por sí mismo si el acuerdo no se produce–, a los que agregarían, si fuera posible sumarlos, a los Libres del Sur de Humberto Tumini y a otros armados políticos provinciales.
Si no pudieran sumar a todos, tampoco podrían prescindir de Fernández de Kirchner. Al menos, si su objetivo es ubicar en 2019 a uno de sus hombres en la Casa Rosada.
Paradojas de la política en 2018. Todos en el peronismo aseguran que la unidad es el único camino posible para ganar en 2019. Está claro que esa posibilidad debe incluir a todos, pero qué significa “todos”, esa es la cuestión.
La estrategia de los empresarios
Dos puntas tiene la corrupción. Esta no existe si no hay una paralela complicidad entre los funcionarios y los empresarios. Quienes cobran el dinero y quienes lo pagan.
Acusados y temerosos, algunos empresarios lograron eludir la prisión apelando a la figura de la extorsión en su contra. Los “arrepentidos” no fueron tales hasta ahora. Al reconocer pagos ilegales, los atribuyeron a haber sido extorsionados para que financiaran las campañas electorales de sus chantajistas.
Los medios los calificaron como “arrepentidos”, pero en realidad los que deberían arrepentirse serían –de ser ciertas las historias que relataron– los funcionarios extorsionadores, mientras que los emprendedores, sus víctimas, quedarían apegados a la figura de la castidad judicial.
