Cuatro meses después de haberlo anunciado, cuando la situación se encontraba al borde del suspenso, la Casa Rosada se disponía a enviar este viernes a la Cámara de Diputados el proyecto del Aporte Solidario Extraordinario que gravará a las fortunas mayores a 200 millones de pesos, para que aporten entre el dos y el 3,5 por ciento de sus patrimonios al Tesoro nacional.
La semana próxima, la ley comenzará a ser debatida en la Comisión de Presupuesto y Hacienda, adonde comenzarán a debatirse sus puntos centrales. En el proyecto del Poder Ejecutivo está previsto que, partiendo desde los $200 millones de pesos, las fortunas de hasta $300 millones tributen un dos por ciento; las que alcanzan los $400 millones abonen el 2,25 por ciento; las que suman $600 millones paguen el 2,75 por ciento; los patrimonios que llegan a $800 millones deberán aportar el 3,00 por ciento; las fortunas de hasta $1.500 millones deberán pagar el 3,25 por ciento y las que superen los $3.000 millones tributarán el 3,5 por ciento.
Las negociaciones serán arduas, porque la mayoría a la que puede aspirar el bloque oficialista y sus aliados es muy exigua. Esto hace suponer que el proyecto original sufrirá una serie de modificaciones, al calor de la necesidad de su aprobación.
Fuentes gubernamentales evaluaron que la recaudación por este impuesto sumará una cifra cercana a los $300.000 millones y alcanzará a un total a 12.000 contribuyentes. De éstos, la tasa mayor incluye a unas 300 personas, mientras que alrededor de la mitad poseen patrimonios de entre $200 y $400 millones. Los contribuyentes que poseen activos en el exterior deberán aportar una alícuota un 50 por ciento mayor. Para el caso de que éstos decidieran repatriar hasta un 30 por ciento de su patrimonio, contribuirían con una tasa similar a los que lo tienen radicado en el país.
La Génesis del Proyecto de Aporte Solidario Extraordinario
El Poder Ejecutivo puso en contexto la necesidad de la imposición de esta contribución, que tiene que ver, entre otras razones, con que el Gobierno precedente dejó como saldo ocho trimestres de una caída interanual del Producto Bruto Interno, con un promedio del 3,4 por ciento. Además, como comparación, entre 2005 y 2015, hubo un aumento del PBI del 3,82 positivo de promedio.
El consumo privado, en el mismo período, sufrió desde 2018 una caída paralela en ocho trimestres, que promediaron el 5,7 por ciento. En esos mismos trimestres, la caída en la inversión fue del 14 por ciento.
Como resultado de esta catástrofe económica, en 2019, comparado con 2015, la caída del PBI anual fue del cuatro por ciento, la caída del consumo privado fue del 5,6 por ciento y la baja en la inversión en la economía fue del 15,65 por ciento.
Finalmente, a todas estas variables negativas, habría que sumarle una inflación muy alta, que alcanzó el 300 por ciento, es decir, que los precios de los artículos de consumo y de primera necesidad aumentaron en cuatro veces su valor. Simultáneamente, los salarios sufrieron un ataque devastador, ya que de participar en el PBI en alrededor del 50 por ciento hasta 2015, terminaron perdiendo 24 puntos de ese valor.
En diciembre de 2019, cuando asumió el Gobierno el Frente de Todos, el Índice de Precios al Consumidor registraba un aumento interanual del 54 por ciento, los precios mayoristas llegaban al 60 por ciento y el tipo de cambio había crecido un 58 por ciento, generando una inestabilidad en los precios que impedían cualquier plan de crecimiento.
La discusión interna
La demora en la presentación del proyecto se debió a que al interior del Frente de Todos se desató una fuerte discusión acerca de la naturaleza del planteo y sobre la oportunidad en que éste debía ser elevado al Congreso para su aprobación.
Lo recaudado será destinad a la compra de equipamiento de salud para atender la pandemia; créditos y subsidios para las Pymes; urbanización de barrios populares, mediante obras para las que se empleará a los propios vecinos; obras para YPF, para que aumente su capacidad de producción y envasamiento de gas natural y para el financiamiento de una nueva etapa del plan Progresar, destinado a jóvenes que estudian.
Un Estado desfinanciado
Entre 2015 y 2019, los ingresos por tributos y por la seguridad social de la Nación disminuyeron el 3,1 por ciento del PBI, en especial como resultado de haber reducido los gravámenes a los sectores de mayor capacidad contributiva.
Hacia el año 2002 la Deuda Externa del país ascendía al 95 por ciento del PBI, mientras que al año 2015, ésta había descendido hasta el 42,5 por ciento. Después de 2015, la Deuda Externa de la Administración Central volvió a crecer, esta vez hasta el 42,5 por ciento del PBI en sólo cuatro años. Esto trajo como derivación que la carga de intereses y amortizaciones se duplicara.
En cuanto a la recaudación de los recursos tributarios, los servicios por la deuda alcanzaban al 53 por ciento de éstos en 2002, descendieron al 39 por ciento en 2015 y volvieron a crecer hasta el 71 por ciento en 2019.
Durante los cuatro años que mediaron entre 2015 y 2019, se dejaron de cobrar impuestos a las personas y empresas que poseen los mayores patrimonios de la Argentina, por un equivalencia de siete puntos del PBI. El Aporte Solidario Extraordinario permitiría recuperar algo más de uno de esos siete puntos.
Para el mes de agosto, los gastos e inversiones que deberá erogar el Estado nacional suman $870.000 millones, que serán destinados, entre otros ítems, a equipamiento de salud, a la construcción de hospitales modulares, al pago del IFE y los ATP, los bonos jubilatorios, la asistencia financiera a las provincias y al PAMI y al refuerzo de los planes alimentarios que despliega el Gobierno para atender a las personas que no pueden trabajar en sus empredimientos por causa del Aislamiento Social Preventivo Obligatorio.
Lo recaudado por el Aporte Solidario Extraordinario representaría sólo el 34 por ciento de este esfuerzo.
