La Cámara de Diputados de Chile votará este jueves si aprueba una acusación constitucional contra el presidente Sebastián Piñera, por su presunta responsabilidad en las violaciones a los derechos humanos cometidas durante la represión a las protestas sociales, que desde el 18 de octubre se repiten en todo el territorio contra el Gobierno.
Se trata de una iniciativa planteada por 11 parlamentarios de distintas facciones opositoras —se necesitan 10—, que consideran responsable al mandatario por los abusos cometidos por la Policía (Carabineros) y las Fuerzas Armadas, en el marco de la represión a las manifestaciones de grupos opositores, motorizadas principalmente por gremios y agrupaciones estudiantiles pero también por numerosos ciudadanos independientes.
La acusación se basa en los informes que han elaborado organismos de derechos humanos, tanto del ámbito local como internacional, que dan cuenta de la cantidad de denuncias presentadas ante el violento accionar de los agentes del Estado contra los manifestantes.
En Chile, la acusación constitucional es un instrumento jurídico-político que se encuentra establecido en los artículos 52 y 53 de la Constitución de la República. Apunta a altas autoridades del Estado, incluido el presidente, y aplica ante el “abuso o desviación de poder, infracciones constitucionales y delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones”. De ser aprobada, tanto en la cámara de Diputados como posteriormente en el Senado, implica la destitución del acusado, sobre quien además recae una inhabilitación para ejercer cargos públicos por cinco años.
Asimismo, el implicado deberá afrontar, si hubiere cometido delito, a la Justicia competente, ya sea civil o penal.
La comisión revisora de la acusación estuvo integrada por cinco diputados elegidos al azar: Gastón Saavedra (Partido Socialista), Boris Barrera (Partido Comunista), Sofía Cid (Renovación Nacional), Gastón von Mühlenbrock (Unión Demócrata Independiente) y Daniel Verdessi (Partido Demócrata Cristiano), quien fue elegido como presidente por unanimidad. El miércoles, este cuerpo aprobó por tres votos a dos avanzar con la acusación, un primer paso del proceso que, aunque no es vinculante, otorga mayor legitimidad al libelo.