En la mañana de este miércoles, en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, se llevó a cabo una nueva audiencia en el marco de la causa “Mendoza”, que en el año 2008 ordenó la recomposición del daño ambiental en la cuenca Matanza-Riachuelo y fijó entre sus objetivos “la mejora de la calidad de vida” de las personas que allí viven. Ninguna de las autoridades presentes de ACUMAR, del Estado Nacional, de la provincia de Buenos Aires y de la Ciudad pudieron responder cuándo se va a dar cumplimiento a la sentencia. En los próximos días, la Corte se pronunciará sobre el grado de avance de la causa.
Al igual que ocurrió en la última audiencia celebrada en 2016, y pese al pedido cursado por el Ministerio Público de la Defensa de la Ciudad, el máximo tribunal decidió no escuchar a los vecinos y delegados de las villas y asentamientos que viven sobre el camino de sirga. “Los afectados no son el mero objeto de decisiones judiciales. Deben ser oídos y tomar parte adecuadamente de las decisiones que los involucren”, señaló el Defensor Adjunto de la Ciudad, Luis Duacastella.
Y agregó: “Los vecinos organizados tienen derecho a efectuar consultas y reclamos que permitan la construcción de diálogos en la planificación y ejecución de políticas públicas. Ellos, desde siempre, fuero parte de la solución y no del problema”.
Según un informe elaborado por el Ministerio Público de la Defensa porteño, a casi 10 años de la sentencia de la CSJ, 1.265 familias de las casi 2084 aun no fueron relocalizadas, producto de la liberación del Camino de Sirga, lo que implica que más del 65 % de las relocalizaciones están incumplidas.
De los 632 barrios populares de la cuenca afectados, que fueron identificados en el mapa de riesgo, 231 se encuentran en “riesgo alto” o “muy alto”. El sector de la villa 21-24 que está fuera del camino de sirga, está ponderado de “muy alto riesgo”.
La información detalla que la villa 21-24 lleva más de 2 años sin relocalizaciones y solo se han reparado (y mal) 8 viviendas de las cientos que se necesitan de manera urgente. Según se especifica, las urbanizaciones de los asentamientos “El Pueblito” y “Magaldi” se encuentran detenidas desde el año 2011. En tanto, las soluciones para el barrio Lamadrid recién se encuentran en instancia de diseño.
Además indica que “los vecinos ya relocalizados siguen viviendo en riesgo y muchas de las viviendas entregadas no reúnen requisitos de vivienda digna, como es el caso del Complejo Urbano Mugica (ubicado en el barrio de Lugano) A la fecha no existe un conjunto de acciones públicas destinas a superar ese riesgo producto de la propia política de relocalización”.
“La falta de avance en la causa pone en estado de alerta a todos los vecinos/as, organismos e instituciones gubernamentales, a la vez que se complejiza frente a la negación del tribunal a escuchar a los principales afectados: los habitantes de la cuenca”, concluye el informe.