La Justicia siempre se movió al compás del poder político de turno. Un Presidente de la Nación solo era investigado una vez que dejaba el cargo, nunca cuando ejercía el poder. Ahora, se conoció que se cayó una denuncia contra Alberto Fernández. Todo un símbolo de la época política que se vive.
Fernandez aseguró que algunos jueces “van a tener que explicar las barrabasadas que escribieron para cumplir con el poder de turno”. Eso lo dijo al defender a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner.
Eso provocó sentidas indignaciones en algunos periodistas y en algunos políticos, lo que llevó a que un abogado lo denunciara. El abogado Alejandro Sánchez Kalbermatten presentó una denuncia ante el Juzgado Federal N°5 por considerar a Alberto Fernández “autor penalmente responsable del delito de coacción, por sus dichos contra los jueces”. También la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional (AMFJN) cuestionó a través de un comunicado oficial las declaraciones: “Pretende permear en el funcionamiento de la justicia consideraciones propias de las relaciones de fuerza de la política partidaria”, escribieron.
El fiscal desestimó por completo la denuncia
Este jueves, esa denuncia fue desestimada. Según el fiscal a cargo, “las críticas al ejercicio de la función pública no pueden ser sancionadas aún cuando estén concebidas en términos cáusticos, vehementes, hirientes, excesivamente duros o irritantes”.
El caso cayó en manos de la jueza federal María Eugenia Capuchetti quien durante este año está de turno con el fiscal federal Franco Picardi. El representante judicial desestimó la denuncia, según publicó Infobae, por “inexistencia de delito” y justificó: “Entiendo que ha habido un juicio de valor de su parte, acerca de determinados fallos judiciales”, por lo que “la capacidad de atemorizar o de alamar de las frases que son objeto de análisis, debe ser evaluada en función de su contexto, pues tratándose de un delito de pura actividad, de configuración instantánea sin requisitos de resultado, la primer exigencia típica reside en la aptitud objetiva de la gravedad de la amenaza”.
El fiscal cerró su desestimación al considerar que “todo lo expuesto determina, a mi criterio, que no ha habido una dirección intencional de amedrentar en las expresiones analizadas, sino valoraciones de mucha controversia, en el marco de una coyuntura política”.
