Casi un centenar de intendentes de todo el país quedaron procesados este jueves en una causa que investiga una malversación de las arcas del Tesoro entre 2013 y 2015 para que distintas municipalidades llevaran adelante tratamientos de residuos sólidos urbanos que nunca se realizaron.
Entre los exjefes comunales alcanzados por la medida se encuentran Francisco “Barba” Gutiérrez, que encabezó el municipio de Quilmes, Francisco “Paco” Durañona, actual intendente de San Antonio de Areco, y Daniel Capitanich, exintendente de Campo Largo y actual vicegobernador chaqueño. Entre los exjefes de Gabinete ya procesados en esta causa se encuentra justamente su hermano, Jorge Capitanich, actual titular del municipio de Resistencia.
En la causa ya estaban procesados los ex jefes de Gabinete Aníbal Fernández, Jorge Capitanich y Juan Abal Medina, así como otros tres ex secretarios de Ambiente durante el kirchnerismo. Ahora, el juez Claudio Bonadio resolvió procesar a 92 intendentes de distintas comunas. Entre ellos están Francisco “Barba” Gutiérrez y Francisco “Paco” Durañona.
El magistrado federal también dictó el sobreseimiento de otros tres y la falta de mérito de uno. Los procesados fueron embargados por 3 millones de pesos.
“Cada intendente con su accionar contribuyó activamente en la concreción de un perjuicio a las arcas del Estado, aproximadamente de una suma aproximada de $604.529.670,00. Maniobra que habrían llevado a cabo junto a las autoridades nacionales anteriormente procesadas por este Tribunal, y cuyas conductas fueron valoradas respecto de la mayoría de igual manera por la Alzada”, sostuvo la resolución.
El gobierno de Cristina Kirchner implementó programas de tratamiento de basura, vía Jefatura de Gabinete. Los principales beneficiados de esos programas fueron Chaco y Río Gallegos, pero la mayoría de las obras nunca se hicieron. El fiscal Carlos Rívolo avanzó en esta investigación, que se abrió en 2016, en donde se puso bajo la lupa el destino de 604.529.670 pesos, afectados a los llamados Programas Municipales de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos (PMGIRSU).
Se cree que, en realidad, esos recursos se aprovecharon para “disimular lo que constituía, en verdad, el reparto discrecional de fondos públicos a municipios privilegiados por las autoridades a cargo del desarrollo de las políticas ambientales estatales”, según escribió la Cámara Federal en noviembre pasado.
En diciembre de 2017, Bonadio había firmado los procesamientos de Fernández y Capitanich, y le dictó la falta de mérito a Abal Medina. Pero Rivolo apeló y la Cámara le dio la razón. También quedaron procesados ex secretarios de Medio Ambiente como Sergio Lorusso, Omar Judis y Juan José Mussi; y Andrés Meiszner, ex jefe de asesores de la Jefatura de Gabinete.
Paralelamente, Bonadio citó a indagatoria a un centenar de intendentes que habían aplicado esos programas. Es que los fondos eran girados directamente desde las arcas del tesoro nacional al municipio que llevara adelante tales medidas a favor del Medio Ambiente, a partir de un convenio y luego de que la administración local presentara un proyecto ajustado a cada programa. Luego, el jefe de Gabinete de Ministros de la Nación aprobaba el informe y luego se realizaba la transferencia de fondos.
La auditoría que dio origen a la causa del Ministerio de Medio Ambiente demostró que no existió “un mapa crítico que permitiera disponer de información fundada sobre las municipalidades más vulnerables o con mayores problemas en la gestión de residuos”. Y que tanto la ciudad de Buenos Aires como municipios de Catamarca, Jujuy, Formosa, Mendoza, San Juan y Tierra del Fuego pidieron fondos pero no le enviaron nada. “En cambio, solo cuatro jurisdicciones, Buenos Aires, Chaco, Santa Cruz y La Rioja, obtuvieron el 79% de los fondos, circunstancia que se agravó porque tres de ellas generaban un pequeño porcentaje de residuos a nivel nacional”.