Más de un año después de que comenzara la causa que sacudió el escenario político y empresario de la Argentina, el juez federal Claudio Bonadio dio por terminada la investigación del expediente de los llamados “Cuadernos de las Coimas” y lo elevó a juicio oral y público.
Sin embargo, los líderes e integrantes de La Cámpora fueron sobreseidos. Bonadio sobreseyó a Máximo Kirchner, Wado De Pedro, Andrés Larroque, José Ottavis y Julián Alvarez, por considerar que no integraban la asociación ilícita que dirigía Cristina.
El caso, que se inició a partir de las revelaciones de Oscar Centeno (exchofer de Roberto Baratta), indaga sobre la presunta participación de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, de varios de sus exfuncionarios, y de numerosos empresarios, en un mecanismo de pago de coimas a cambio de licitaciones de obra pública durante el anterior Gobierno.
En su resolución de este viernes 20 de septiembre de 2019, el magistrado volvió a solicitar el desafuero de CFK, actual senadora nacional y candidata a vicepresidenta del Frente de Todos, “con el fin de cumplir con la prisión preventiva” dispuesta en este expediente y confirmada en segunda instancia. Los anteriores pedidos de desafuero fueron bloqueados durante 2018 en el Congreso por la negativa de los bloques peronistas, en particular del Justicialista encabezado por Miguel Ángel Pichetto, ahora postulante a vice de Mauricio Macri.
Bonadío estableció de esta forma el cierre de la etapa de instrucción de ese expediente -y dos de sus derivados-, en el que la ex presidente está procesada y con pedido de prisión preventiva por encabezar una asociación ilícita. Algunos de los presuntos integrantes de esa asociación son el ex secretario de Obras Públicas, José López; el ex ministro Julio De Vido; el financista Clarens y quien estaba a cargo de la Cámara de la Construcción, Carlos Wagner. Días atrás, el juez sacó una resolución con el fin de cumplir con el proceso de “corroboración” de los dichos de los arrepentidos en la causa. Es decir, cruzar la información que daban los empresarios que reconocieron haber pagado coimas a funcionarios públicos con otras fuentes de información como registros bancarios, cruces de llamados telefónicos u otras declaraciones. Según detalló la revista Noticias, en aquella resolución de corroboración se pudieron ver dos beneficiarios: el primero es el chofer Oscar Centeno y el segundo el propio Bonadio.
Centeno y su defensor, Gustavo Kollman, rápidos de reflejos, presentaron de inmediato un pedido de sobreseimiento para el chofer del ex funcionario Roberto Baratta. El argumento es que Centeno era solo un chofer que conducía el auto y que eso no lo hace miembro activo de la banda. Para despejar esta duda, los investigadores podrían preguntarle a su pareja de esos años, Hilda Horovitz, si notó cambios sustanciales en el nivel de vida que llevaban.
La constatación de los arrepentidos también benefició a Bonadio porque alrededor de las declaraciones de los empresarios que aceptaron darse vuelta siempre estuvo el fantasma de que hubo presiones, extorsiones y que sus declaraciones fueron inducidas. Con las confirmaciones de los dichos, el juez busca sostener esas declaraciones a la hora del juicio oral. Un ejemplo es el del arrepentido Armando Loson, de la firma Albanesi. Cuando declaró, aportó los comprobantes de las extracciones bancarias que coinciden con los montos y los días que Centeno había escrito en sus cuadernos.