A través de un decreto publicado en el Boletín Oficial, se decidió revisar en un plazo de 60 días la legalidad de la cesión de inmuebles del Estado Nacional a la Ciudad.
Frente a ese decreto, el Observatorio del Derecho a la Ciudad, que desde hace tiempo viene denunciando la venta de tierr a pública en la Ciudad de Buenos Aires, dio a comunicado en donde explica los alcances de los decretos publicados por el Gobierno de A lberto Fernández en relación a la venta de tierra pública y las cesiones que hizo el expresidente Mauricio Macri a la Ciudad.
“Aún no se anuló ninguna venta de tierras nacionales a privados ni las transferencias realizadas a la Ciudad. Se derogó el artículo que habilitaba a la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) a cancelar deudas con la Ciudad a través de la dación en pago de bienes inmuebles nacionales. Herramienta utilizada para la transferencia de los playones ferroviarios a la Ciudad”, explicaron desde el Observatorio.
Se transfirieron 30 inmuebles a la Ciudad que abarcan predios del Barrio Carlos Mugica, el ex Mercado de Hacienda, Playones Ferroviarios (Villa Urquiza, Colegiales, Caballito, Palermo), Catalinas Sur II, etc. Desde el año 2015 hasta el presente se autorizaron la venta de más de 150 inmuebles a nivel nacional a través de 11 decretos firmados por Mauricio Macri. También se vendieron tierras por decisión del Jefe de Gabinete, agregó el informe presentado por el organismo.
Desde el Observatorio aseguraron que “el Estado nacional reconoce que con los convenios firmados en noviembre con la Ciudad violaron la ley de Responsabilidad Fiscal que prohíbe la venta de inmuebles en los últimos 6 meses de fin de mandato”.
Por eso, la Agencia de Bienes deberá revisar en un plazo no mayor a 60 días la legalidad de cada una de estas ventas y determinar las responsabilidades administrativas, civiles y penales.
“También se reconoce que la sistematicidad de las ventas* realizadas y transferencias a la Ciudad desnaturaliza la función asignada a la AABE e implica un desprendimiento de activos insustituibles que pertenecen al Estado Nacional”, explica el informe.
Por esos motivos, desde el Observatorio presentaron “una denuncia penal (Expte. 429/2020) por la venta de estas tierras públicas realizadas sin autorización del Congreso Nacional y en violación de la Ley de Responsabilidad Fiscal, entre otras ilegalidades. Tramita en el Juzgado Federal en los Criminal y Correccional N° 11”.