También rechazó la norma Luis Zamora, dirigente del espacio de izquierda Autodeterminación y Libertad, al expresar que es una iniciativa que, “de aprobarse, permitirá al gobierno nacional y a los provinciales que adhieran reprimir las protestas y manifestaciones”.
De esta forma, se suman más voces críticas al proyecto que ya fue repudiado por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) que advirtió que constituye un “retroceso” y por el dirigente oficialista Luis D’Elía, quien calificó la propuesta como “contradictoria” y reprochó que no se haya consultado a los “movimientos sociales del espacio”.
“En el Código Penal existe esta conducta como delito en el artículo 194, que lo pena con prisión. Por lo tanto, esta ley, que viene a regular este tipo de marchas, está parada sobre ilícitos porque es una manera de legalizar lo ilícito y asegurar su impunidad“, sentenció el fiscal.
Expresó que está “convencido” que la Ciudad, “así como está redactada la norma, no puede adherir porque colisionaría con el Código Contravención que está desde hace más de diez años”.
Lapadú también explicó que “si bien esta ley la dicta el Congreso Nacional, las provincias y la Ciudad no han delegado la facultad en el gobierno federal de la reglamentación y el uso del espacio público”.
“Este proyecto de ley colisiona con una norma local sino con una propia norma federal que es el Código Penal”, enfatizó en diálogo con radio América.
En cambio, Zamora lo rechazó al argumentar que el Gobierno “invocará que lo hace para proteger ‘derechos de terceros’ cuando en realidad encubre que reprimiendo no defenderá a terceros sino las políticas gubernamentales que son las que precisamente originan crecientemente protestas en su contra”.
“Hay que impedir que se apruebe ya que encima de la política de ajuste que instrumenta el gobierno pretende imponer además que no se pueda protestar contra esas políticas”, enfatizó.
El dirigente de izquierda se diferenció del Frente Renovador y del PRO al indicar que estos espacios “apoyan esta medida represiva” pero “son muchos los simpatizantes y votantes del propio gobierno que están expresando su desacuerdo”.
La iniciativa impulsada por el oficialismo lleva las firmas de los diputados Carlos Kunkel, José María Díaz Bancalari, María Teresa García, Sandra Mendoza, Diana Conti, Juan Manuel Pedrini y Gustavo Martínez Campos y clasifica las manifestaciones en “legítimas” e “ilegítimas”.
El proyecto considera que “una manifestación ilegítima y que afecta derechos de terceros puede ser dispersada por las fuerzas de seguridad con el objeto de garantizar esos derechos, pero siempre sometiéndose la actuación de éstas a los procedimientos y límites” previstos en la normativa.