La distancia entre Madrid y Buenos Aires se acorta, a veces, por la antigua ligazón que existe entre España y la Argentina, aunque otras veces tal ligazón se contamina con algunas sustancias inconvenientes que ingresan en nuestro país de contrabando, ocultas tras palabras altisonantes o dentro de grandes artefactos.
Es el caso de una crisis que estalló en Madrid primero y en esta ciudad después, como resultado de la compra de vagones de subterráneo provenientes del Metro de Madrid, que llevan asbesto (amianto) en sus sistemas de frenado y en otras aislaciones térmicas.
Un fallo de la Justicia del Trabajo madrileña, que en noviembre del año pasado reconoció oficialmente que el cáncer de pulmón que sufría un trabajador del subterráneo local era producto de una enfermedad laboral producida por la presencia de asbesto, repercutió fuertemente en Buenos Aires, ya que la combativa Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro (Agtsyp) decretó este martes 13 de marzo un paro por tres horas y media, las últimas de la jornada laboral, entre las 20 y las 23.30.
La Agtsyp emitió un comunicado en el que denunció que “los trenes CAF Serie 5.000 que fueron comprados al Metro de Madrid por el entonces jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Mauricio Macri, para la Línea B contienen asbesto, un mineral de uso prohibido en coches por ser cancerígeno y que fuera detectado en España en estas formaciones, luego de que tres trabajadores fueron diagnosticados con asbestosis, una variante de cáncer causada por exposición a este material”.
Los sindicalistas se refieren a otros dos casos que se detectaron posteriormente, tanto que la Inspección de Trabajo de la capital española multó a la empresa con 191 mil euros, al entender que no había adoptado las necesarias medidas de seguridad. Los trabajadores porteños temen que los casos de enfermedad –el efecto de la traicionera asbestosis sobre los cuerpos tarda a veces varios años en manifestarse– se repitan en tierra sudamericana.
En septiembre de 2001, la Resolución 823/01, emitida por el Ministerio de Salud –cuyo titular era, por entonces, Héctor Lombardo–, prohibió el uso del asbesto en todo el país a partir de 2003. Desde entonces, las oficinas que quedaron a cargo de velar por la no proliferación del asbesto crisotilo (el más utilizado en la construcción y en artículos del hogar) fueron la Aduana y Lealtad Comercial. La primera quedó a cargo de impedir la entrada en el país de los artículos que contuvieran asbesto, y la segunda, que solamente se comercialicen productos elaborados en el país que estén exentos de tal substancia.
En cuanto a la península ibérica, el uso del asbesto –una palabra griega que designa a “lo que no se puede extinguir”– fue prohibido en 2002, apenas un año antes que en nuestro país.
El martes, los trabajadores fueron al paro finalmente, mientras que la reacción de las autoridades no se hizo esperar. El mismo día en que esta nota está siendo elaborada, una comisión convocada de apuro –el sindicato denunció que a ellos no los convocaron aún– debería comenzar a trabajar para confirmar o desmentir la aventurada afirmación de las autoridades de que “no hay asbesto en los vagones”. Esto, después de que el bloque de Cambiemos rechazara un pedido de informes sobre el mismo tema en la Legislatura.
Los trabajadores exigen que sean sacados de circulación los vagones de la Serie 5.000, además de expresar su sospecha de que el asbesto también se encuentra presente en los vagones CAF de la Serie 6.000. Además, la Agtsyp comunicó que “cursó presentaciones en la Subsecretaría de Trabajo de la Ciudad para que se realicen estudios en ambos modelos, pero no se recibió respuesta alguna al pedido”, según expresaron en el comunicado.
El sindicato exigió, como medida adicional, el quite de circulación de los vagones, que se tomen medidas de prevención ambiental y que se realicen los estudios médicos pertinentes a los trabajadores. Además, denunciaron que el peligro que corren los trabajadores también afecta a los pasajeros del subterráneo.
El operador del subte porteño, el Grupo Roggio, comunicó que “el pasado 20 de febrero, y como medida preventiva, Subterráneos de Buenos Aires S.E. (Sbase) indicó a Metrovías sacar de circulación las tres formaciones CAF 5.000 que circulaban en la Línea B, producto de las declaraciones que hizo el Metro de Madrid a medios españoles, según las cuales los coches contendrían asbesto en componentes eléctricos”, intentando dar por zanjada la cuestión y lamentando, no sin cierta demagogia, que “la decisión de los representantes gremiales sea afectar nuevamente a los miles de personas que todos los días utilizan el subte para trasladarse por la Ciudad”.
La empresa controladora Sbase informó que, de comprobarse la existencia de asbesto en las formaciones, iniciará acciones legales contra el Metro de Madrid por haberles vendido trenes de desecho que contenían una sustancia que se encontraba prohibida en ambos países al momento de la transacción.
La comisión que comenzará a trabajar el día en que esta publicación está entrando en prensa estaría conformada por representantes de Sbase, Metrovías, Agtsyp, la Agencia de Protección Ambiental, la Subsecretaría de Trabajo y el Ministerio de Salud de la Ciudad.
