Acceso a la vivienda para las que sufren violencia de género

Acceso a la vivienda para las que sufren violencia de género

La legisladora Andrea Conde presentó junto a Inquilinos Agrupados un proyecto en la Legislatura para facilitar el acceso a una vivienda a las víctimas.


Si bien la Ciudad de Buenos Aires cuenta con un amplio marco normativo dirigido a prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los distintos ámbitos, en los últimos tiempos ha habido un fuerte incremento de los casos denunciados de violencia de género.

De acuerdo a los datos relevados por el Ministerio Público Fiscal de la Ciudad de Buenos Aires, en el primer semestre de 2016, se recibió en promedio una denuncia por agresiones a mujeres en la Ciudad cada 30 minutos, y de cada dos casos que investiga un/a fiscal, uno corresponde a violencia de género. Este estudio registró 8572 víctimas que radicaron denuncias, lo que refleja un incremento del 25% respecto del mismo período del año 2015.

“El 72% de los femicidios del 2015 ocurrieron en la vivienda que compartía la víctima con el agresor. Es una realidad que en muchísimos casos de violencia de género, la mujer no cuenta con recursos para abandonar la casa en común y eso lleva a que los casos se repitan una y otra vez. Las mujeres tenemos que tener un recurso para alejarnos de la pareja que nos somete y maltrata y debe ser una política de Estado asistir a las víctimas en ese sentido. Si la mujer que sufre esta problemática no tiene recursos para irse a otro lado, la estamos condenando a seguir viviendo en la violencia”, expresó Andrea Conde, presidenta de la Comisión de Mujer, Infancia, Adolescencia y Juventud de la Legislatura porteña.

A esta problemática se suma que para poder acceder a un alquiler formal en la Ciudad, el inquilino no sólo debe cumplir con una serie rigurosa de requisitos sino que también tiene que desembolsar una suma de dinero inicial similar al valor de cuatro meses de alquiler.

En este sentido, Gervasio Muñoz, presidente de Inquilinos Agrupados, expresó: “Existen múltiples dificultades para acceder a un alquiler formal en la Ciudad. Tanto los contratos abusivos de alquiler como las comisiones desproporcionadas que cobran las inmobiliarias son algunas de las problemáticas que ponen en una situación de vulnerabilidad a las y los inquilinos. Estos obstáculos se agravan en el  caso de las mujeres que se encuentran atravesando situaciones de violencia de género y deben abandonar la vivienda en la que cohabitan con el agresor.”

Por su parte, Ana Betinardi, responsable de género de Inquilinos Agrupados, destacó que el 80% de las consultas recibidas por Inquilinos Agrupados son realizadas por mujeres.

En concreto, el proyecto propone la creación de un “Fondo de Alternativas Habitacionales Transitorias para mujeres en situación de Violencia de Género” destinado a brindar soluciones habitacionales a mujeres en situación de violencia de género. El fondo tendrá un mínimo de 7,5 millones de pesos y las beneficiarias deberán ser mayores de edad o estar emancipadas y acreditar mediante cualquier tipo de certificación –ya sea de organismo público o privado- haber recibido atención en virtud de una situación de violencia de género. 

Para el acceso al fondo, se considerarán prioritarios los casos en los que la mujer cohabite con el agresor o en un contexto socio familiar donde la mujer se encuentre en situación de riesgo. El subsidio estará destinado solventar los gastos de acceso a un contrato de locación de vivienda urbana en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Además, las beneficiarias tendrán prioridad para el acceso a créditos hipotecarios de vivienda. También se propone la elaboración un registro de corredores inmobiliarios que promuevan valores de igualdad y contribuyan a la erradicación y prevención de la violencia de género, donde podrán inscribirse voluntariamente los corredores inmobiliarios y recibirán una credencial identificadora.

“Con este proyecto buscamos complementar otras propuestas que ya se impulsan en el ámbito legislativo como la licencia por violencia de género en todos los ámbitos laborales. Además, estamos preparando otro proyecto que, a partir de la creación de un fondo, otorgará una prestación monetaria con la finalidad de garantizar el derecho a la vivienda y la alimentación de las mujeres (y mujeres trans) que se encuentren en situación de violencia de género durante el tiempo en que estas circunstancias perduren. Lo que buscamos es generar herramientas que contribuyan, a partir de promover la autonomía y la independencia económica, a cambiar la realidad cotidiana de muchísimas mujeres que hoy tienen serias dificultades para alejarse de sus agresores”, añadió la legisladora Conde.

El proyecto fue acompañado por el jefe de bloque del Frente para la Victoria (FpV), Carlos Tomada, y los legisladores José Cruz Campagnoli, Paula Penacca, Pablo Ferreyra y Magdalena Tiesso.

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