Diversas organizaciones sociales y de defensa de los derechos humanos dieron a conocer una carta abierta dirigida al jefe de Gobierno electo de la Ciudad, Mauricio Macri, intimándolo a que respete los derechos adquiridos por los vecinos de la villa 31 y 31 bis y los haga partícipes de la elaboración de los proyectos y programas que involucren a los terrenos sobre los cuales viven. La carta fue dada a conocer este jueves.
"Se estima que en la Villa 31-31 bis habitan unas 25 mil personas, muchas de las cuales nacieron, crecieron y criaron a sus hijos allí. Todas ellas defendieron y lucharon por conservar su lugar de residencia. Estos vecinos de la Ciudad son titulares de un derecho esencial de todo ser humano, el derecho a la vivienda digna y adecuada, que incluye el de hacerlo en el sitio en el cual residen desde hace muchos años.
Este derecho se encuentra tutelado por la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Constitución Nacional y muy claramente por la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que reconoce expresamente el derecho a una vivienda digna y a un hábitat adecuado, al tiempo que promociona una resolución progresiva del déficit habitacional, de infraestructura y servicios, dando prioridad a las personas de los sectores de pobreza crítica y con necesidades especiales de escasos recursos".
La carta es firmada por Asociación Civil por la Igualdad y Justicia (ACIJ), Madre de Plaza de Mayo (línea Fundadora), Abuelas de Plaza de Mayo, Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), SERPAJ, la Central de Trabajadores Argentinos (CTA), el Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos, COHRE y diversas organizaciones cristianas con permanente trabajo comunitario.
Estas instituciones solicitan que Macri "se abstenga de cualquier desalojo forzoso de las tierras, y se comprometa a no diseñar ni ejecutar proyecto alguno que los involucre sin la indispensable participación de los vecinos que la habitan desde el mismo momento en que éstas son elaboradas".
Igualmente, le recuerdan a Macri que diversos organismos internacionales de promoción y protección de derechos humanos han determinado que el derecho a la vivienda digna incluye el derecho a la regularización y urbanización de las villas.
