En su sesión de ayer, la Legislatura aprobó por unanimidad un proyecto de ley por el que se obliga a que en la Ciudad de Buenos Aires se brinde a los extranjeros residentes todas las prestaciones que otorga a los demás habitantes.
El proyecto, de autoría de la diputada Beatriz Baltroc (ARI), generó encendidos debates, ante la presencia de la Defensora Oficial, Alicia Oliveira y del padre Fabio Baggio, responsable del Departamento de inmigrantes del Arzobispado porteño.
La ley obliga a que los extranjeros tengan el acceso a los servicios públicos en las áreas de salud, educación, justicia y promoción social. También está propuesto que se confecciones un afiche con el artículo primero y que sea expuesto en todas las dependencias gubernamentales en las que se atiende al público.
La diputada Baltroc manifestó que esta ley se hace necesaria porque "…existe un sentimiento de prevención hacia los extranjeros, especialmente en el ámbito laboral, porque se peinsa que viene a robarles el trabajo a los argentinos, cuando está comprobado que el porcentaje de extranjeros
que realiza trabajos más o menos calificados es muy bajo. La mayoría viene a hacer los trabajos que los argeninos no hacen".
"En las escuelas y en los hospitales – ejemplifica Baltroc – los extranjeros tienen garantizado un lugar, pero, por ignorancia o por animosidad, a veces se los discrimina, exigiéndoles el DNI para extranjeros, que muchas veces no tienen porque el trámite es muy caro y muy largo".
La Defensora del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, Alicia Oliveira, por su parte, dijo que "cada vez que se usa la palabra antidiscriminación se está dando un paso adelante. Las leyes no cambian la realidad, pero las conductas, sí, por eso me parece importante – en un momento en hay mucha xenofobia – que se ponga en marcha una ley como ésta"
La diputada Alicia Pierini (FREJU), presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, que emitió el despacho favorable a la iniciativa, dijo a NOTICIAS URBANAS que "es necesario dar instrucciones precisas a los agentes del sistema, que suelen hacerle más caso a la reglamentación que a la ley en sí misma, porque es lo más cercano. La Constitución está para ellos muy lejos, entonces hay que legislar sobre estos casos, para hacerla cumplir".
La diputada de Izquierda Unida, Vilma Ripoll, dijo que "lo más importante de esta ley es que se haga una campaña de difusión para que todos conozcan sus derechos. Los derechos de todos deben estar escritos allí, a la vista".
En el largo debate que precedió a su aprobación, y en las no menos largas negociaciones que se desarrollaron – incluido algún cuarto intermedio -, a la ley se le cambiaron algunos artículos, e incluso se le agregaron dos más. El proyecto llegó al recinto con tres artículos y se aprobó con cinco.
