Acusan a Shell de incurrir "en una conducta maliciosa" para cumplir un fallo judicial

Acusan a Shell de incurrir "en una conducta maliciosa" para cumplir un fallo judicial

Un documento elaborado por los peritos designados para monitorear el plan de Shell para remediar el daño ocasionado tras más de 20 años de perdidas de combustible en la estación de servicio de la avenida Independencia y Lima, señala graves irregularidades administrativas y operativas de la firma anglo-holandesa. En tanto, el ombusdman adjunto, Antonio Elio Brailovsky, denunció que la Secretaría de Medio Ambiente lo único que hizo fue "mover papeles y que "Shell está incurriendo en una conducta maliciosa en la ejecución de la sentencia"


El perito elegido por la justicia para hacer el seguimiento de la ejecución del Plan Director que debe remediar el daño provocado por el vertido de combustible en la estación de servicio, elaboró, junto con el que seleccionó la Ciudad, un informe muy crítico con el modo en el que Shell y Acadiz -la empresa designada por la firma anglo holandesa para realizar estas tareas- llevan a la práctica el monitoreo de contaminantes. Ambos piensan que las técnicas utilizadas no garantizan encontrar las principales fuentes de contaminación, ni, por ende, remediarla.

Desde hace 24 años la estación de servicio Shell ubicada en la intersección de las avenidas Independencia y Lima derrama gran cantidad de hidrocarburos, que se filtran hacia las instalaciones de la estación Independencia, de la línea "E". El volumen de tierra afectado es de una hectárea de superficie, por una profundidad de entre 15 y 20 metros -es decir más de 15 mil metros cúbicos-, y se estima que alcanza para llenar 100 mil camiones de carga.

Este material debería ser sometido al tratamiento que se les da a los residuos peligrosos, pero como en la Ciudad no hay instalaciones para realizar este proceso y la provincia de Buenos Aires se niega a recibirlo, habría que trasladarlo hasta la provincia de Santa Fe.

FALLO JUDICIAL

En 1991, la empresa Subterráneos de Buenos Aires Sociedad del Estado (SBASE) inició una causa judicial contra el propietario de la estación de servicio de la empresa anglo holandesa, por los perjuicios ocasionados por una serie de pérdidas de sus tanques de combustible. La demandante porpuso como marco legal el daño causado por la actividad riesgosa y los tratados internacionales que protegen el medio ambiente dañado por ella.

El 1º de octubre de 1999, la Cámara Nacional Civil, Sala H, resolvió condenar a Shell a la reparación del medio ambiente, mediante el cambio de tierra en el tramo que media entre la estación de servicio y la estación de subterráneos dado que se encuentran "configurados los presupuestos de la responsabilidad de las accionadas".

En el mencionado fallo, la Cámara determinó su imprescriptibilidad. Esto, dado que el ambiente hace a la representación de intereses difusos o colectivos, en el que cobran relevancia las connotaciones de perdurabilidad del año que se apareja. En función, entonces, de la preservación de medio ambiente, el fallo obliga a remediar la situación mediante el método del cambio de tierra.

Dicho método significa una obra de grades dimensiones. Entonces, acorde con la magnitud del compromiso ambiental, la obra debe, necesariamente, pasar por la evaluación de impacto ambiental, tal como lo indica la Ley 123 de la Ciudad y su modificatoria, la Ley 452. Además, la obra se deberá categorizar como de "alto impacto ambiental" y, por tanto, será necesario convocar a una Audiencia Pública.

INFORME PERICIAL

En el informe remitido, Manuel Sigüenza y Fernando Máximo Díaz -perito ingeniero de oficio y consultor técnico geólogo que representa al Estado, respectivamente- también destacan graves irregularidades administrativas. Por ejemplo, el director designado para comandar el Proyecto en Geología, Sat Sansar Singh, carece de matricula profesional. Además, también se constato la inexistencia de un "Programa de Garantía de Calidad" dentro del Plan Director, tal como lo exige la ley.

También en el peritaje, ambos profesionales constataron que los muestreos realizados por la empresa anglo holandesa carecían de validez debido a las falencias operativas. Por ejemplo, se detectó que la manguera que tomaba muestras de gas del suelo quedaba expuesta al aire de la superficie y que algunos resultados de la medición "in situ" de componentes orgánicos volátiles (VOC) difiere de los resultados analíticos de los muestreos de gases.

Ante estas irregularidades, los peritos realizaron una investigación técnica que determinó que "se empleó un caudal de extracción excesivamente alto y totalmente contrario a las normas de muestreo, se utilizó un filtro de características inválidas para determinaciones ambientales y se emplearon metodologías analíticas inadecuadas".

Además, según una carta enviada por Shell a la Dirección General de Política y Evaluación Ambiental porteña, para verificar la profundidad de la contaminación del suelo la empresa encaró el monitoreo tratando de reducir la obra a la sola ejecución de pozos de de un metro y medio, para "continuar con las tareas en las áreas que puedan eventualmente presentar anomalías gaseosas" y "definir el tipo de remediación, si fuera necesario".

Al respecto, los peritos manifestaron "que esto implica un incumplimiento con la sentencia, con el plan director y con las resoluciones obrantes en el expediente, y carece de todo sustento técnico en cuanto el monitoreo de gas en el suelo a sólo 1,5 metros de profundidad no proporciona por sí sólo información válida acerca de la extensión de una contaminación verificada a 15 metros de profundidad, ni permite siquiera detectar el área de mayor nivel de contaminación que existe a dicha profundidad".

También en este sentido, expresaron en el informe que "los 167 microsondeos proyectados no constituyen una tarea correctamente diseñada, en cuanto a que a pesar de la cantidad de perforaciones, la información que proporcionarán será insuficiente en lo referente a los vapores de hidrocarburos, debido a que no se ejecuta ninguno en el foco contaminante, por ejemplo el eje de los tanques enterrados de hidrocarburos, ni en áreas de veredas y calles, que es donde puede esperarse el entrampamiento de los gases y, consecuentemente, los mayores valores".

RESOLUCIÓN DE LA DEFENSORÍA

La Defensoría del Pueblo de la Ciudad emitió -a fines del año pasado- una resolución mediante la cual le recomendaba a la directora General de Política y Evaluación Ambiental de la Ciudad de Buenos Aires, Marta Balderiote, que agudizara los controles sobre el Plan Director de Obra. Además, le pidió al jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Aníbal Ibarra, que asigne presupuesto a los organismos de Control Ambiental para que puedan tomar muestras del daño provocado por Shell, a fin de que se compruebe la veracidad de los análisis de la empresa de la corona británica.

"La empresa Shell está incurriendo en una conducta maliciosa en la ejecución de sentencia", argumentó la Defensoría. También en esta resolución el organismo porteño sostuvo que "un control inadecuado de la ejecución de esta sentencia y advirtiendo las falencias detectadas por el cuerpo técnico en el citado informe hace parecer a la pasividad de dichos organismos, en una conducta irresponsable y merecedora de todo reproche legal por parte de los ciudadanos".

"Debemos remarcar la gravedad de esta situación, en cuanto la obra a ejecutarse, motivada por una contaminación de residuos peligrosos (hidrocarburos), es sin dudas la más complicada obra de reparación ambiental que se haya realizado en nuestro país, y toda imprudencia, impericia, o negligencia por parte de quienes tengan a su cargo la ejecución de las tareas expondrá a la sociedad ante una aventura temeraria", concluyó Máximo Díaz.

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