El 18 de enero de 2016, pocos días después de que asumiera, Mauricio Macri decidió, por medio del Decreto N° 194/16, aumentar la Coparticipación Federal correspondiente a la Ciudad de Buenos Aires desde el 1,90 al 3,75 por ciento. El decreto disponía además que la medida sería retroactiva al 1° de enero de 2016. Tiempo después, las transferencias a la ciudad se redujeron al 3,5 por ciento.
Paralelamente, Macri le transfirió a la Ciudad la Superintendencia de Seguridad Metropolitana, incluídos los 20 mil agentes que revistaban en las 54 comisarías porteñas y los cuerpos de Policía Montada, Infantería, Bomberos, Policía Científica, de Investigaciones y Comunicaciones.
En 2015, la ciudad había recibido $10.000 millones en concepto de Coparticipación General, mientras que la Nación había gastado para sostener a La Superintendencia de Seguridad Metropolitana, $12.600 millones, mientras que la ciudad recibió por el Decreto N° 194/16 $16.000 millones. Según la Ley de Coparticipación, el destino del dinero excedente debería haber sido estado especificado en el decreto.
Finalmente, el jueves último, el presidente Alberto Fernández envió al Congreso un proyecto para retrotraer al 1° de enero de 2016 el porcentaje por Coparticipación de la Ciudad (del 1,9 por ciento) desatando un duro conflicto de imprevisibles consecuencias.
Por el Decreto N° 735/2020, Fernández le quitó un 1,18 por ciento a la Ciudad, que quedó en el 2,32 por ciento. De ese 2,32 por ciento, el 1,4 era lo que recibía anteriormente. Los asesores impositivos de la oposición aseguran que cuando se termine el proceso de aprobación de la ley que transfiere todas las competencias de la seguridad, la Capital Federal volverá a recibir la misma coparticipación que recibía hasta el diez de diciembre de 2015, que en 2003 se había establecido en el 1,4 por ciento y tiempo después se había estirado hasta el 1,9 por ciento.
Por de pronto, la primera etapa de la controversia se produjo el mismo día jueves 17 de septiembre último, cuando el Procurador General de la Ciudad, Gabriel Astarloa, presentó ante la Corte Suprema de Justicia un amparo para que le sea devuelto el porcentaje quitado a la ciudad, a la vez que solicitó que sea definida la cuestión de fondo.
Lo curioso es que en aquellos días de 2016, ante el escándalo que se desató con los gobernadores, Rodríguez Larreta intentó minimizar los alcances de la decisión de Macri manifestando que “no son fondos de coparticipación, son del traspaso de la Federal. El gobierno nacional nos pasa los hombres y el dinero que se destina a esos hombres. Es importante que haya una sola fuerza en la Ciudad para poder mejorar la seguridad de la gente”.
Además, el jefe de Gobierno porteño reveló que la suma extra que iba a recibir por la policía era de $17.000 millones. Pero el total que recibió fue de $26.845 millones, que equivalían al 167 por ciento de aumento.
