Alejados del calor del poder, los integrantes de la mesa de operaciones judiciales de Mauricio Macri no se resignan. El miércoles último, el Consejo de la Magistratura debió debatir acerca de la acusación que realizaron los diputados Waldo Wolf y Lucas Incicco (ambos, del Pro) contra el juez del Tribunal Oral Criminal Federal N° 29, Juan María Ramos Padilla, acusado por emitir sus opiniones en las redes sociales sobre otros jueces y algunas otras cuestiones.
Este juez es, además, el padre de otro magistrado, Alejo Ramos Padilla, que lleva adelante la causa por espionaje contra Marcelo D’Alessio, cabeza de una turbia trama de espías, operadores ilegales, que hasta incluía a algún fiscal cómplice de éstos. Y quizás por esta vía se le inventó este cuestionamiento al juez, quizás para amedrentar a padre e hijo, que suelen ser incisivos en sus investigaciones, sus procedimientos y sus fallos judiciales.
Los querellantes de Ramos Padilla se basaron en las opiniones que emitió el juez en la red social del pájaro azulado, en las que cuestionaba, severamente a veces, a otros magistrados y opinaba sobre asuntos políticos.
El diputado Pablo Tonelli solicitó contra Ramos Padilla la aplicación del Artículo 20 del Reglamento de Disciplina. “Posiblemente corresponda una sanción disciplinaria. Ante la gravedad de esos insultos, falta de decoro, prudencia y mesura que son exigibles a un juez, justifica una citación para que el juez explique el porqué de su conducta y, en todo caso, que se defienda”, expresó Tonelli.
Paralelamente, Ramos Padilla había expresado que sus opiniones no estaban referidas a las causas judiciales sobre las que debió expedirse y que, por lo tanto, no correspondía agravio alguno por ellas.
En apoyo a sus colegas, la legisladora jujeña Silvia del Rosario Giacoppo expresó que “Ramos Padilla en Twitter y en sus redes hace militancia política. Soy una mujer que vengo de la política, que ocupo una banca y no podría justificar una actitud tan indecorosa de un magistrado. También debo decir que el Doctor Tonelli en ningún momento de su dictamen está hablando de un enjuiciamiento, solo está pidiendo el artículo 20”.
En este punto, el presidente del Consejo, Alberto Lugones, que se desempeña como Juez de la Sala II de la Cámara Federal de San Martín, opinó que “los jueces tenemos derecho a decir lo que pensamos, si alguna persona se siente lesionada tiene derecho a iniciar los daños y perjuicios”. Por lo tanto, a pesar de señalar que “el estilo de él (Ramos Padilla) es muy particular” y que “por no compartir el estilo”, no por ello se debe “limitar lo que él debe decir”. Explicó finalmente, para fundamentar su disidencia con la represalia solicitada por el Pro, que “estamos en el ámbito muy complejo que es el de la libertad de expresión”.
Finalmente, la consejera y diputada Vanesa Siley, que es la titular del sindicato que agrupa a los empleados judiciales, opinó que “la sociedad espera un Poder Judicial más transparente, saber cómo piensan esos magistrados y magistradas y hacen a la transparencia”, para basar su pedido de desestimación de la abstrusa denuncia de los consejeros Pro.
Posteriormente, el dictamen de desestimiento fue elevado al plenario del Consejo de la Magistratura, que lo aprobó, con la abstención de la consejera por los abogados del interior, la marplatense Marisa Sánchez Herrero.
A continuación, el Consejo desestimó las acusaciones contra jueces federales Luis Rodríguez y Rodolfo Canicoba Corral y también contra los magistrados del fuero laboral Enrique Arias Gibert y Miguel Rodríguez Brunengo. Éstos habían sido los que decidieron la reincorporación de los primeros cinco despedidos de Telam, cuyo fallo dio pie para la reincorporación de otros 257 periodistas que el falaz extitular del Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos, Hernán Lombardi.
En otra causa, también gestada al calor del encono político, hubo novedades. El exfiscal Félix Crous, hoy a cargo de la Oficina Anticorrupción (OA), tomó la decisión de retirarse de su condición de querellante en las causas Hotesur y Los Sauces, que involucran a los deudos de Néstor Kirchner y de su viuda, Cristina Fernández.
Hay que recordar que su antecesora en el cargo, Laura Alonso, se había constituido en ese carácter mientras ejercía la función.
La decisión de Crous fue comunicada por los abogados de la OA Natalia Pereyra y Lucas Trigo a los jueces del Tribunal Oral Federal N° 5.
El abogado de la vicepresidenta, Carlos Beraldi, expresó que la OA “nunca tenía que haber sido querellante” en ninguna de estas causas, porque “desde el punto de vista procesal”, su participación “no tuvo impacto en el expediente”.
Al ser indagado en torno a las razones que tuvo la anterior titular de la OA para solicitar su ingreso en la causa, Beraldi sostuvo que “aprovechaban su participación en la causa para alimentar títulos en los diarios”, aunque “desde el punto de vista procesal, no hubo ningún impacto en el expediente”.
Luego, Beraldi sostuvo que “se metieron en el expediente con fórceps, para presentarse ante los medios y quedar como que perseguían a la corrupción, cuando los actos de corrupción del gobierno de Macri no eran perseguidos”.
Sobre el estado de la causa, el defensor de la vicepresidenta manifestó que “se ofrecieron pruebas y estamos en la previa de que se fije fecha de audiencia, o sea de comienzo del juicio” oral y público que llevará adelante el Tribunal Oral N° 5.
Beraldi opinó también sobre las funciones que desplegó el Gobierno anterior en las querellas que le fueron abiertas a Cristina Kirchner. “Había interferencia política en el trámite de las causas”, afirmó, para continuar con que “esto era mediante la llamada mesa judicial, que intervenía en los expedientes donde el gobierno tenía un interés político”.
Estos desenlaces desnudan la trama que tejió el Gobierno de Cambiemos durante cuatro años, que comenzó a ser develada después del 10 de diciembre de 2019. En otros tiempos, gracias a su poder de extorsión, las acusaciones prosperaban en casi todos los casos, pero pareciera que éstos son otros tiempos.
