La jefa de la Oficina Anticorrupción (OA), Laura Alonso firmó la nota por la que le pidió informes al nuevo procurador General de la Nación, Bernardo Saravia Frías, acerca de sus trabajos para SocMa (Sociedad Macri), con el objetivo de dictaminar si en esa instancia se originó algún conflicto de intereses que siga vigente al día de hoy. Saravia Frías reemplazó a Carlos Balbín, que fue “ascendido” desde la Procuración al ser designado como representante argentinos de Derechos Humanos ante la ONU, un cargo que rechazó.
En realidad, la designación de Balbín al cargo diplomático fue un presente griego, que se habría originado por su resolución de cuestionar la fallida operación del Correo Argentino, que fue interrumpida antes de nacer.
Para el caso de que el conflicto de intereses efectivamente se hubiera producido -algo que es indudable-, Alonso le recomendará a Saravia Frías, tal como vino haciendo hasta ahora, que se excuse de intervenir en todas las cuestiones que puedan estar relacionadas con los casos judiciales en los que representó a SocMa.
El estudio jurídico de Saravia Frías representó, además de a las empresas del grupo Macri, al banco Merryll Lynch, a la empresa de computación Oracle, a la telefónica Alcatel y a las mineras Yamana Gold, OroCobre y Mega Uranium.
La última actividad de Saravia Frías antes de ser designado como asesor del ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, fue trabajar en la campaña de Ernesto Sanz, del que además habría sido aportante.
En la OA aún no están convencidos de que realmente existan conflictos de intereses en el caso de Saravía Frías, por lo que optaron por la vía protocolar de la nota interrogatoria, en lugar de dictaminar que el conflicto realmente existe. Un abogado corporativo tiene intereses concretos, si quiere seguir siéndolo y no parece que Saravia Frías sea un hombre que piensa en solicitar el retiro.
